La Asamblea Por el Monte, vecinxs autoconvocadxs de Córdoba lamentó los fallecimientos de Cristóbal Varela Salas, titiritero y de José Roble, propietario de un restaurante en Villa Carlos Paz. Ambos fallecieron a raíz de colaborar solidariamente en el control del fuego en la Provincia de Córdoba.
Córdoba26 de septiembre de 2020
Sures Noticias
Además responsabilizan de las muertes de Cristóbal Varela Salas y José Roble son muertes al Gobierno de Juan Schiaretti y los grandes negocios inmobiliarios.
Texto del comunicado
La Asamblea Por el Monte, vecinxs autoconvocadxs de Córdoba lamenta los fallecimientos de Cristóbal Varela Salas, titiritero y de José Roble, propietario de un restaurante en Villa Carlos Paz. Ambos fallecieron a raíz de colaborar solidariamente en el control del fuego en la Provincia de Córdoba
Nos solidarizamos con las familias.Cristóbal perdió su vida luego de sufrir graves quemaduras al colaborar en el control del fuego. José Roble se descompensó tratando de desmalezar y murió horas después.
Las muertes de Cristóbal Varela Salas y José Roble son muertes evitables y cuya responsabilidad recae sobre el Gobierno de Juan Schiaretti y los grandes negocios inmobiliarios.
Nos sorprende que el titular de Defensa Civil, Diego Concha, ante la trágica muerte, reiteró el pedido a las y los vecinos para que no se acerquen al fuego. Nos preguntamos cómo no se van acercar y desesperar las y los vecinos por apagar el fuego, por evitar que el monte se queme, por hacer lo que puedan para que sus casas no se incendien. Las y los vecinos ven que los bomberos no dan abasto y sus pertrechos y condiciones de trabajo son precarias.
Si el gobierno de la Provincia estuviera a la altura de las circunstancias y tuviera un Poco de manejo y prevención del Fuego acorde a las necesidades de la Provincia, la ciudadanía no tendría necesidad de acercarse al fuego. Lo hace para ayudar ante la incapacidad de un Gobierno Provincial que no tiene una política de prevención efectiva antes que inicien los fuegos, y menos efectividad cuando las llamas matan el alma viva de nuestro monte.
Han sido muertes evitables y el gobierno es responsable, mas no serán muertes en vano, cada día que protejamos al monte nativo lo haremos en nombre de sus guardianes .
Asamblea Por el Monte, vecinxs autoconvocadxs de Córdoba.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
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La Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, que encabeza el ministro Walter Correa, expresó su “más enérgico repudio” al gesto del presidente Javier Milei de regalar el libro “Defendiendo lo indefendible”, cuyo capítulo sobre “el que contrata niños” legitima la explotación laboral de niñas y niños y choca frontalmente con la normativa nacional e internacional vigente.
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
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El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo de Martín Cormick, anuló la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación al considerar que criminaliza la protesta social, avanza sobre facultades del Congreso y vulnera estándares internacionales de derechos humanos, en una causa impulsada por el CELS y decenas de organizaciones.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.