El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, reafirmó hoy la decisión de avanzar en la construccion de "16 unidades sanitarias carcelarias" que permitirán contar con 750 plazas para asistir a personas afectadas por el coronavirus, al tiempo que confirmó que "la semana que viene" estarán "terminados" los hospitales modulares anunciados por el Gobierno.
Argentina11 de mayo de 2020
Sures Noticias
En diálogo con El Destape Radio, Katopodis dijo que "las cárceles son un foco de preocupación por la dificultad que tienen para garantizar el distanciamiento social", razón por la que construirán "16 unidades carcelarias y 6 centros de aislamiento para asistir a personas afectadas por coronavirus".
Si bien no especificó los lugares del país donde serán construidas esas unidades, indicó que el trabajo se realizará en conjunto entre el ministerio que conduce, el de Justicia, y el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
"Esta es una respuesta de un Estado que está preocupado por la salud de quienes están privados de la libertad. Nos preocupan las condiciones de hacinamiento que generan riesgos en todos esos lugares", aseveró Katopodis.
Asimismo, indicó que "están terminados los hospitales modulares, ya equipándose, y seguramente esta semana o la que viene estarán listos para poder atender y recibir cualquier paciente que haga falta".
"También estará listo el hospital de La Matanza, lo que nos va a permitir sumar 200 camas a esta red de salud, además de otras obras en todo el país", agregó.
El ministro dijo que están "trabajando en las obras con un protocolo muy estricto" y que tienen en claro "la necesidad de reactivar la obra pública".
"Vemos con mucha claridad y prioridad el cuidado de los trabajadores y el cumplimiento de un estricto protocolo sanitario y de movilidad", dijo, al tiempo que asumió que el gobierno anterior dejó muchas falencias estructurales, "con un claro abandono de la obra pública" y mencionó, entre otros objetivos, llegar "los 7 millones de argentinos que no tienen agua".
La Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa) ha convocado a una jornada nacional de lucha que se llevará a cabo el próximo 17 de julio, en una acción coordinada a nivel nacional que se manifiesta en paros y movilizaciones.
En un contexto de retroceso institucional y desfinanciamiento a las políticas de Derechos Humanos, las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la restitución del Nieto 140, apropiado durante la última dictadura cívico-militar. “La identidad siempre florece”, celebraron. Esta tarde, brindarán detalles en una conferencia de prensa en la Casa por la Identidad.
El PJ presentará un pedido de juicio político contra la jueza Sandra Arroyo Salgado, a raíz de la detención de militantes, funcionarios y concejala opositores implicados en la protesta en la vereda del hogar del legislador odiante José Luis Espert. La denuncia será impulsada por los legisladores Mariano Recalde y Vanesa Siley ante el Consejo de la Magistratura.
Casi 400 científicos de diversas disciplinas se reunieron este jueves en una asamblea convocada con pocas horas de antelación, evidenciando la creciente preocupación por rumores sobre posibles reformas en el Conicet.
Los abogados de los seis detenidxs por el escrache al diputado libertario José Luis Espert, junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y diversas agrupaciones políticas, exigieron su liberación, calificando la situación como una "persecución política, judicial y mediática".
El arresto de un jubilado chaqueño por publicaciones en redes sociales abre un nuevo capítulo en la escalada autoritaria del oficialismo. Bajo el pretexto de recibir amenazas, se refuerza un patrón preocupante: el uso del aparato judicial y policial para silenciar voces críticas y consolidar un clima de miedo y autocensura. No se trata de defender mensajes que promuevan la violencia —toda amenaza real debe investigarse con responsabilidad y no como método persecutorio—
Casi 400 científicos de diversas disciplinas se reunieron este jueves en una asamblea convocada con pocas horas de antelación, evidenciando la creciente preocupación por rumores sobre posibles reformas en el Conicet.
El gobierno de Córdoba impulsa una obra vial que partiría en dos una reserva estratégica para la biodiversidad, el patrimonio histórico y la provisión de agua en Sierras Chicas. Sin consulta previa y en el marco de un sospechoso canje de tierras federales, organizaciones ambientales y sociales denuncian un nuevo avance del modelo extractivista-inmobiliario.
En un contexto de retroceso institucional y desfinanciamiento a las políticas de Derechos Humanos, las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la restitución del Nieto 140, apropiado durante la última dictadura cívico-militar. “La identidad siempre florece”, celebraron. Esta tarde, brindarán detalles en una conferencia de prensa en la Casa por la Identidad.
En un hecho sin precedentes, empresas de izaje y organizaciones ambientales de Córdoba se movilizan para impedir la extracción de un quebracho blanco de 284 años, símbolo de la biodiversidad y la memoria ambiental de Villa Allende. La Municipalidad confirmó la remoción, pero la resistencia ciudadana y empresarial gana fuerza.
La Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa) ha convocado a una jornada nacional de lucha que se llevará a cabo el próximo 17 de julio, en una acción coordinada a nivel nacional que se manifiesta en paros y movilizaciones.
El exjefe comunal “Minino” Negro, quien ejerció mandato durante 40 años, y su candidato a sucederlo políticamente en las elecciones de 2023 están acusados como instigadores de la usurpación y posterior loteo de terrenos pertenecientes al ferrocarril, donde distintas familias procedentes de Río Cuarto se asentaron y construyeron viviendas en enero de 2023. Otras tres personas irán a juicio como coautoras.
El gobierno prometía que las desregulaciones iban a facilitar la creación de trabajo y el crecimiento de la economía. Sin embargo, ya se perdieron más de 400 mil puestos.
La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y las Vecinas Unidas en Defensa de un Ambiente Sano (VUDAS) habia presentado una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que evalúe la responsabilidad del Estado argentino respecto al funcionamiento ilegal de la empresa Porta Hnos. S.A. en el barrio San Antonio, Córdoba.