El gabinete económico deliberaba esta mañana en la Casa Rosada para "darle continuidad" al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la ayuda de 10 mil pesos para los sectores más vulnerables no registrados de la economía, y también al programa ATP por el cual el Estado paga el 50% del salario de los trabajadores de las empresas privadas, para afrontar la crisis por el coronavirus.
Argentina04 de mayo de 2020
Sures Noticias
La reunión se inició a las 10.30 en el Salón de los Científicos y la encabeza el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
Cafiero explicó a los periodistas, al ingresar a la Casa de Gobierno, que el gabinete económico abordará "la implementación del IFE para abril, que se extiende un mes más y se paga en mayo, y también se evaluará como llevar adelante el programa de Asistencia al Trabajo (AT)", de ayuda a las empresas privadas acuciadas por la crisis.
"Ya tenemos muchas empresas que se han inscripto y ya tenemos los CBU (clave bancaria uniforme) que era la parte que estaba faltando de los trabajadores a los que el Estado nacional les va aportar el 50% del sueldo", agregó.
Ante una consulta sobre si se va renovar el programa ATP, Cafiero dijo que "ahora lo que estamos trabajando es la implementación del primer tramo" y advirtió que "si nosotros vemos, como nos ha instruido el Presidente (Alberto Fernández) que es necesario esto para que las empresas, las pymes y los comercios no se destruyan, lo vamos a evaluar".
Acerca de los créditos de hasta 150 mil pesos para contribuyentes monotributistas y autónomos, confirmó que "arranca hoy y hemos puesto en funcionamiento todo el proceso del Fondo de Garantías para que los bancos puedan prestar los créditos y no tengan la excusa de que no han podido evaluar crediticiamente a quienes lo requieran".
"Es una política pública que es inédita en el país", remarcó el jefe de Gabinete.
El gabinete económico delibera con la novedad de la presencia por primera vez de Fernanda Raverta, quien el jueves pasado fue puesta al frente de la Anses, en lugar de Alejandro Vanoli.
Asimismo, participan la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; y los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Trabajo, Claudio Moroni; y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; los titulares del Banco Central, Miguel Pesce; y de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.
Cámara Federal de Apelaciones frena por 60 días la privatización impulsada por Bullbarrel S.A., que planeaba un bar en el sitio de secuestros y torturas durante la dictadura. Sobrevivientes y organismos reclaman preservación como espacio de memoria histórica.
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La Asociación Trabajadores del Estado acusó a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica de desviar una partida de más de $3.863 millones que debían destinarse al pago de salarios y al mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén. El gremio exige explicaciones al nuevo presidente del organismo, Martín Porro, y anunció cortes sobre la Ruta Nacional 22 hasta que se garantiza el cobro íntegro de los haberes.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocaría a realizar un paro nacional con movilización el 10 de febrero, en coincidencia con el debate en el Senado del proyecto de reforma laboral promovido por el oficialismo. La decisión se habría tomado luego de la masiva marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, donde sindicatos y organizaciones sociales reclamaron frenar la iniciativa del Ejecutivo y exigieron una medida de fuerza a nivel nacional.
Un informe especial de la Comisión Provincial por la Memoria, tras dos años de monitoreo de protestas bajo el gobierno de Javier Milei en la ciudad de CABA, advierte un incremento de la violencia estatal, con 2.585 personas heridas y 258 detenciones arbitrarias.
Ante el incumplimiento de cuotas alimentarias, el gobernador Axel Kicillof oficializó la ley 15.589 que veta el ingreso a casinos, salas de juegos de azar y bingos a personas morosas registradas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). La medida, aprobada por la Legislatura bonaerense y vigente desde fines de 2025, obliga a los operadores a verificar identidades y refuerza la responsabilidad estatal en la protección de derechos infantiles y adolescentes, sumando sanciones económicas y clausuras por incumplimiento.
Vecinos de Córdoba y activistas de todo el país se alistan para marchar el 31 de enero contra el extractivismo, la privatización del agua y el RIGI, denunciando la contaminación de ríos y la persecución a defensores ambientales.
El dirigente social y diputado nacional llegó caminando a la ciudad junto a militantes de Patria Grande, Argentina Humana y Córdoba Humana, y encabezó un encuentro tipo plaza en el Teatrino del Subnivel ante unas 300 personas, donde cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei, reivindicó la justicia social, la agenda de derechos humanos y pidió organización solidaria frente a “un momento de suma gravedad” para la democracia argentina.
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Organizaciones políticas, de DDHH, sindicatos y movimientos sociales se concentraron en la Casa de los Trabajadores exigiendo la Libertad de Milagro Sala y de todxs lxs presxs politicos de Argentina, también se expresaron en contra de la persecución judicial, el DNU de Milei y el Código de Convivencia de Llaryora, con palabras, convocatorias, arte y música.