egisladores y referentes advirtieron sobre "el derecho de las víctimas" a ser notificadas, pidieron detalles de quiénes son los presos que obtuvieron o están por obtener ese beneficio y rechazaron que se la den a "detenidos por delitos graves".
Argentina02 de mayo de 2020
Sures Noticias
Legisladores del oficialismo y la oposición manifestaron sus posiciones respecto del otorgamiento de prisiones domiciliarias en el contexto de la pandemia de coronavirus, y advirtieron sobre "el derecho de las víctimas" a ser notificadas, pidieron detalles de quiénes son los presos que obtuvieron o están por obtener ese beneficio y rechazaron que se la den a "detenidos por delitos graves".
El secretario de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, Roberto Carlés, afirmó que Argentina "está por debajo de la media de las liberaciones de presos del mundo" y evaluó que "se ataca al Gobierno por decisiones que son de los jueces".
El senador nacional Oscar Parrilli dijo que "a nadie le gusta la impunidad y por eso siempre rechazamos la manipulación del Poder Judicial o liberar a presos con delitos graves".
Además, vinculó el cacerolazo realizado anoche a "una campaña mediática y política" en la que "hubo interés en tergiversar y mentirle a la sociedad".
En la misma línea, el diputado nacional Leopoldo Moreau consideró que la controversia en torno al tema fue causada por "una campaña de falsas noticias y mentiras; inventaron que habían salido violadores y exageraron las cifras".
En tanto, los diputados bonaerenses de Juntos por el Cambio Carolina Píparo y Matías Ranzini solicitaron de forma "urgente" información sobre quiénes accedieron a la prisión domiciliaria y en qué municipios pasarán el aislamiento.
"Es importante que el Ministerio de Justicia nos dé información precisa y actualizada constantemente en este tema tan sensible para la mayoría de los bonaerenses", indicaron.
Desde la Cámara de Diputados, la titular del Observatorio de Víctimas de Delitos, Sandra Rossi, explicó a Télam que el organismo está "en alerta máxima" para exigir "la plena aplicación de la ley de Derechos y Garantías de las Víctimas", que establece que los magistrados deben notificar a los familiares de quien fue damnificado por un delito antes de liberar a un acusado.
Para eso, informarán a "cada asociación, institución y letrado" que respete ese derecho y "articulará los mecanismos inteligentes y virtuales para la recepción de solicitudes de monitoreo de causas donde se denuncie libertades irregulares" y así "conocer la cantidad de libertades, morigeraciones o beneficios en relación a las prisiones preventivas o condenas ya dictadas y fundadas en la emergencia sanitaria", agregó. Rossi precisó que también se dispuso la conformación de "un cuerpo de abogados y especialistas para asistir al cumplimiento de las tareas encomendadas y efectuar las presentaciones, denuncias o juicios políticos si correspondiera".
Fuentes parlamentarias adelantaron además a esta agencia que el lunes el Observatorio pedirá, por instrucción del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el juicio político a "al menos tres jueces que dieron ese beneficio a presos por delitos graves", entre ellos -precisaron- magistrados de San Isidro, Bahía Blanca y Lomas de Zamora.
El Observatorio fue puesto en funciones por Massa en su calidad de titular de la cámara baja el 1 de marzo del año en curso.
En otro sentido, en defensa de la prisión domiciliaria, se expresó la ex jueza María Garrigós de Rébori, quien aseguró que las domiciliarias buscan "evitar una catástrofe" ya que las cárceles "no tienen instalaciones sanitarias para responder y no se puede condenar a muerte a los presos" y que "en el mundo entero están mandando a sus casas a todos los que puedan", según fundamentó.
También se expresó Rubén López, uno de los hijos de Jorge Julio López, el albañil desaparecido hace 13 años tras testificar contra el represor Miguel Etchecolatz, que dijo: "Como integrante de H.I.J.O.S. Berisso, repudio las prisiones domiciliaria a genocidas condenados y con penas confirmadas".
Ante el avance de la pandemia de coronavirus en el país, y las medidas de aislamiento social dispuestas para mitigar su propagació, en sintonía con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), abogados defensores de detenidos elevaron a la Justicia pedidos de prisión domiciliaria.
Ante estos reclamos, la Cámara Federal de Casación fijó posición y recomendó que se analicen los casos de presos que integran la población de riesgo de contagio, es decir mayores de 65 años, mujeres embarazadas o personas con enfermedades preexistentes, que estuvieran vinculadas a delitos leves.
Desde que fue decretado el aislamiento, menos del uno por ciento de la población carcelaria de la provincia de Buenos Aires fue beneficiada con la prisión domiciliaria, ya que 439 presos obtuvieron un fallo judicial favorable para continuar cumpliendo las penas en sus casas.
Además, otros 320 presos que están detenidos en cárceles del Servicio Penitenciario Federal también recibieron el mismo beneficio y egresaron de los penales con prisión domiciliaria.
Fuente Télam
Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.
La Justicia de Chubut concedió la prisión domiciliaria a Mauricio Naum Vargas y Damián Andrés Díaz, activistas antimineros detenidos desde diciembre de 2025 por su participación en protestas contra la zonificación minera. Aunque un avance para sus familias, persiste el riesgo de retorno a prisión si el Superior Tribunal de Justicia ratifica las condenas, en medio de reclamos por criminalización de la protesta socioambiental.
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.
de Gabinete y denunció un ajuste “ilegal” que podría dejar en la calle a más de 500 empleados públicos, incluso brigadistas que combaten incendios en la Patagonia. El gremio anticipó paros, asambleas y un plan de lucha si el Gobierno no da marcha atrás con el recorte.
El Cuerpo de Abogados del Ministerio de Seguridad de la Ciudad asumirá la defensa de Santiago Barrientos, acusado de matar de un tiro en la nuca a Víctor Vargas en Constitución, y de los vigilantes imputados por encubrimiento en el caso de Gabriel González en Lugano. Organizaciones de derechos humanos denuncian que esa estructura de defensa oficial termina financiando con impuestos la protección de agentes y privados involucrados en crímenes.
Tras un operativo, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarató un punto de venta de drogas en el barrio Maldonado, secuestró 272 envoltorios de cocaína y detuvo a tres hombres —entre ellos Pablo Learte, condenado por el homicidio de Facundo “el Rubio del Pasaje” Rivera Alegre—, todos con antecedentes penales
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
La Provincia vuelve a los mercados internacionales para tomar hasta 500 millones de dólares a 9 años, con alta tasa y fuerte concentración de vencimientos, profundizando un esquema de endeudamiento en moneda extranjera que traslada el costo a las próximas gestiones y a la ciudadanía.
Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.