egisladores y referentes advirtieron sobre "el derecho de las víctimas" a ser notificadas, pidieron detalles de quiénes son los presos que obtuvieron o están por obtener ese beneficio y rechazaron que se la den a "detenidos por delitos graves".
Argentina02 de mayo de 2020
Sures Noticias
Legisladores del oficialismo y la oposición manifestaron sus posiciones respecto del otorgamiento de prisiones domiciliarias en el contexto de la pandemia de coronavirus, y advirtieron sobre "el derecho de las víctimas" a ser notificadas, pidieron detalles de quiénes son los presos que obtuvieron o están por obtener ese beneficio y rechazaron que se la den a "detenidos por delitos graves".
El secretario de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, Roberto Carlés, afirmó que Argentina "está por debajo de la media de las liberaciones de presos del mundo" y evaluó que "se ataca al Gobierno por decisiones que son de los jueces".
El senador nacional Oscar Parrilli dijo que "a nadie le gusta la impunidad y por eso siempre rechazamos la manipulación del Poder Judicial o liberar a presos con delitos graves".
Además, vinculó el cacerolazo realizado anoche a "una campaña mediática y política" en la que "hubo interés en tergiversar y mentirle a la sociedad".
En la misma línea, el diputado nacional Leopoldo Moreau consideró que la controversia en torno al tema fue causada por "una campaña de falsas noticias y mentiras; inventaron que habían salido violadores y exageraron las cifras".
En tanto, los diputados bonaerenses de Juntos por el Cambio Carolina Píparo y Matías Ranzini solicitaron de forma "urgente" información sobre quiénes accedieron a la prisión domiciliaria y en qué municipios pasarán el aislamiento.
"Es importante que el Ministerio de Justicia nos dé información precisa y actualizada constantemente en este tema tan sensible para la mayoría de los bonaerenses", indicaron.
Desde la Cámara de Diputados, la titular del Observatorio de Víctimas de Delitos, Sandra Rossi, explicó a Télam que el organismo está "en alerta máxima" para exigir "la plena aplicación de la ley de Derechos y Garantías de las Víctimas", que establece que los magistrados deben notificar a los familiares de quien fue damnificado por un delito antes de liberar a un acusado.
Para eso, informarán a "cada asociación, institución y letrado" que respete ese derecho y "articulará los mecanismos inteligentes y virtuales para la recepción de solicitudes de monitoreo de causas donde se denuncie libertades irregulares" y así "conocer la cantidad de libertades, morigeraciones o beneficios en relación a las prisiones preventivas o condenas ya dictadas y fundadas en la emergencia sanitaria", agregó. Rossi precisó que también se dispuso la conformación de "un cuerpo de abogados y especialistas para asistir al cumplimiento de las tareas encomendadas y efectuar las presentaciones, denuncias o juicios políticos si correspondiera".
Fuentes parlamentarias adelantaron además a esta agencia que el lunes el Observatorio pedirá, por instrucción del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el juicio político a "al menos tres jueces que dieron ese beneficio a presos por delitos graves", entre ellos -precisaron- magistrados de San Isidro, Bahía Blanca y Lomas de Zamora.
El Observatorio fue puesto en funciones por Massa en su calidad de titular de la cámara baja el 1 de marzo del año en curso.
En otro sentido, en defensa de la prisión domiciliaria, se expresó la ex jueza María Garrigós de Rébori, quien aseguró que las domiciliarias buscan "evitar una catástrofe" ya que las cárceles "no tienen instalaciones sanitarias para responder y no se puede condenar a muerte a los presos" y que "en el mundo entero están mandando a sus casas a todos los que puedan", según fundamentó.
También se expresó Rubén López, uno de los hijos de Jorge Julio López, el albañil desaparecido hace 13 años tras testificar contra el represor Miguel Etchecolatz, que dijo: "Como integrante de H.I.J.O.S. Berisso, repudio las prisiones domiciliaria a genocidas condenados y con penas confirmadas".
Ante el avance de la pandemia de coronavirus en el país, y las medidas de aislamiento social dispuestas para mitigar su propagació, en sintonía con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), abogados defensores de detenidos elevaron a la Justicia pedidos de prisión domiciliaria.
Ante estos reclamos, la Cámara Federal de Casación fijó posición y recomendó que se analicen los casos de presos que integran la población de riesgo de contagio, es decir mayores de 65 años, mujeres embarazadas o personas con enfermedades preexistentes, que estuvieran vinculadas a delitos leves.
Desde que fue decretado el aislamiento, menos del uno por ciento de la población carcelaria de la provincia de Buenos Aires fue beneficiada con la prisión domiciliaria, ya que 439 presos obtuvieron un fallo judicial favorable para continuar cumpliendo las penas en sus casas.
Además, otros 320 presos que están detenidos en cárceles del Servicio Penitenciario Federal también recibieron el mismo beneficio y egresaron de los penales con prisión domiciliaria.
Fuente Télam
La protesta en la Avenida 9 de Julio se llevó a cabo en el contexto de las manifestaciones que exigen mejoras en los salarios y en el presupuesto del hospital Garrahan. Este domingo, los trabajadores del hospital llevaron a cabo una nueva acción de fuerza.
Una carta firmada por una diversidad de representantes y organizaciones argentinas critica el alineamiento del gobierno de Javier Milei con Estados Unidos e Israel, acusándolo de comprometer la tradición de neutralidad y los principios de derechos humanos del país.
Fue gracias a un acuerdo de conciliación calificado por las partes como una "salida superadora". El caso se inició en noviembre de 2023 con una inspección fiscalizadora en una finca de la localidad de Joaquín V. González, donde una cuadrilla de trabajadores hacía tareas de desmonte. Ninguno tenía ropa ni herramientas adecuadas, dormían hacinados en una casilla y parte del pago, les era descontado en concepto de alimentos.
Un informe del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA) revela que en el primer año de la administración de Javier Milei, más de 12.000 pequeñas y medianas empresas (PYMEs) cerraron sus puertas. Este cierre masivo ha reducido el total de unidades productivas en el país a menos de 500.000, desde las 511.630 registradas en 2023.
Se llevó a cabo la presentación de la iniciativa local #PardonAssange, con la participación de líderes políticos, sindicales y defensores de derechos humanos, con el objetivo de aliviar las cargas legales que, a pesar de su liberación, aún afectan al fundador de WikiLeaks.
La organización denunció penalmente a las máximas autoridades de la SIDE por abuso de autoridad. El Plan de Inteligencia Nacional y la orden secreta que se conocieron días atrás son contrarios a la ley.
El estudio comparativo explora las creencias sociales de los argentinos en dimensiones clave como la democracia, el orden público, la relación entre el Estado y el mercado, la agenda de derechos y libertades, y la política exterior. El informe revela cambios y continuidades en estas percepciones a lo largo de los dos años, ofreciendo una serie histórica para identificar tendencias en las opiniones de la población argentina sobre temas políticos y sociales. El estudio fue realizado por Pulsar.UBA.
La segunda edición del evento, programada del miércoles 26 al sábado 29 de junio, tiene como objetivo establecer a la provincia como un importante centro regional en Latinoamérica.
La provincia marca un hito al retornar, imitando al gobierno de Milei, a los mercados internacionales tras ocho años, pero especialistas cuestionan el timing y el costo de una estrategia que hipoteca el futuro. El endeudamiento sera para pagar deuda con vencimiento este 2027 y un concepto genérico "fortalecer la sostenibilidad fiscal, promover el desarrollo económico y garantizar el cumplimiento de las obligaciones".
Un informe del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA) revela que en el primer año de la administración de Javier Milei, más de 12.000 pequeñas y medianas empresas (PYMEs) cerraron sus puertas. Este cierre masivo ha reducido el total de unidades productivas en el país a menos de 500.000, desde las 511.630 registradas en 2023.
Una carta firmada por una diversidad de representantes y organizaciones argentinas critica el alineamiento del gobierno de Javier Milei con Estados Unidos e Israel, acusándolo de comprometer la tradición de neutralidad y los principios de derechos humanos del país.
La protesta en la Avenida 9 de Julio se llevó a cabo en el contexto de las manifestaciones que exigen mejoras en los salarios y en el presupuesto del hospital Garrahan. Este domingo, los trabajadores del hospital llevaron a cabo una nueva acción de fuerza.
Trabajadores y trabajadoras de la provincia de Córdoba, junto a organizaciones de economía popular, han convocado a una jornada de protesta para el miércoles 2 de julio. Bajo la consigna "¡Así no se puede vivir!", el evento se llevará a cabo a las 10:30 horas en la Plaza San Martín, frente al Cabildo.
La funcionaria del gobierno de la provincia de Buenos Aires está acusada de vandalizar la casa de José Luis Espert. “Está presa por mujer y peronista”, aseveraron en un comunicado firmado por legisladores de Unión por la Patria.