La Comunicación Comunitaria, Popular, Autogestiva, o como quiera que se llame no integra el lote de asuntos importantes en la agenda establecida por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, en su discurso de este 1º de marzo ante la Asamblea Legislativa. Lo que es una pena porque en el mientras tanto los grandes medios de comunicación siguen haciendo su agosto en lo discursivo, lo económico y en el incesante aumento de los niveles de precarización laboral.

No es ocioso recordar que estamos haciendo referencia a una de las actividades más golpeada por los despidos y pérdida de poder adquisitivo de los ingresos. Desde que Macri asumió como primer mandatario se calcula que más de 4.500 trabajadores y trabajadoras de prensa quedaron en la calle. Y junto a los estatales y textiles, los trabajadores de la comunicación son los que más perdieron salario frente a la inflación. Un 35% desde 2015 a 2019 según reveló el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma.

En su extensa alocución de este domingo -rica en definiciones sobre temáticas por las que brega desde hace tiempo el campo popular, como priorizar la lucha contra el hambre, abrir las puertas a la investigación del endeudamiento, despenalizar el aborto, terminar con la mafia judicial, propiciar una nueva Ley de Educación Superior o la decisión de ratificar el Convenio 190 de la OIT sobre la Eliminación de la Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo- el titular del Poder Ejecutivo necesitó solamente tres párrafos para hacer referencia a los medios y la comunicación en la Argentina actual:

“Deseo informarles asimismo que en breve estaremos poniendo en marcha, tal cual lo anunciamos el 10 de diciembre, un proceso de reconversión de la publicidad oficial, que insumía millonarios recursos públicos.
“La reorientación de la misma hacia contenidos educativos ha disparado un proceso creativo inédito entre los medios de comunicación privados y el Estado. Agradecemos esa creatividad de las ideas y propuestas recibidas, que resulta potenciada por un trabajo plural en conjunto con la Secretaría de Medios y el Ministerio de Educación.
“Por otra parte, estamos poniendo en valor a los medios públicos garantizando a partir de ellos, contenidos de calidad y pluralidad de ideas para llegar de forma igualitaria a todas y todos. Estos también serán la punta de lanza en la épica educativa que hemos encarado en materia de contenidos”.

El tono conciliador del mensaje del Presidente hacia la corporación mediática deja de lado una de las conquistas democráticas más significativas obtenidas en los últimos años: La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual derogada de facto por el Gobierno de Macri a través del entonces Ministro del ramo, el inefable dirigente radical cordobés, Oscar “Milico” Aguad.

La Ley de Medios implicó una importante transformación en lo que se refiere a democratizar la información. Constituye sinónimo de pluralidad de voces y de diversidad de contenidos. A diferencia de la anterior normativa -la Ley de Radiodifusión de la Dictadura Cívico-Militar-, reserva la tercera parte de las frecuencias de radio y los canales de televisión para las organizaciones sin fines de lucro, regula la concesión de licencias para impedir la conformación de monopolios y delimita medidas de fomento a la producción de contenidos locales.

Se trató de una construcción legislativa con un fuerte protagonismo popular. Hay que recordar que esta Ley, que molesta tanto a los medios hegemónicos, se sancionó a partir de las pautas programáticas contenidas en los 21 Puntos por una Radiodifusión Democrática, que la CTA y varias de sus organizaciones gremiales de prensa y comunicación de base suscribieron –junto a unas 200 organizaciones populares- en el año 2004. No nació de un repollo. Hubo mucho debate, consenso, lucha y participación.

Resulta desacertado no desandar el camino y volver a plantear políticas comunicativas que involucren el pluralismo, la diversidad, el fomento de medios comunitarios, de pueblos originarios y otros colectivos sociales, sindicales,  culturales. El Gobierno debería reponer -en clave digital- los contenidos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que está vigente aunque haya sido desconocida por la administración anterior, porque en esta materia, como en tantas otras, la neutralidad no existe.

¿Acaso no se van a poner controles a los medios dominantes? ¿No necesita la sociedad y, por ende el Gobierno, alentar la constitución de medios comunitarios que estimulen la palabra de todos? ¿De qué manera piensan contrarrestar las operaciones de prensa que el bloque hegemónico pondrá en marcha cuando el Gobierno aplique políticas que toquen sus intereses? ¿No vale la pena promover una comunicación horizontal, en red, federal, que contenga todas las tonadas y sea de paso una fuente de trabajo digno para cientos de compañeros y compañeras en todo el país? ¿Qué pasó para que el mismo partido de gobierno que impulsó la sanción de la Ley en octubre de 2009 hoy en día no la tenga en consideración?

En esta lucha estamos involucrados no tan sólo los trabajadores de prensa y comunicación sino el conjunto del Movimiento Popular que debe pugnar por ampliar las vías de conectividad que traen aparejadas las nuevas tecnologías para que estén al alcance de las organizaciones libres del pueblo y no solo de los “difusores” privados o los medios públicos.

Más que nunca es necesario articular acciones unitarias que nos permitan restablecer los principios fundacionales de la Ley de Medios para garantizar -en una etapa donde el FMI y la oligarquía se complotan para hablar exclusivamente del pago de la fraudulenta Deuda Eterna- una comunicación popular, democrática, capaz de distribuir la palabra con Justicia Social.

*Periodista. Vocal de la Comisión Ejecutiva Regional de la CTA Autónoma Río Cuarto. Congresal Nacional de la CTA-A en representación de la provincia de Córdoba.