El viernes 7 de febrero a las 12:00 hs., se presentó una nueva presentación de pruebas en la querella iniciada contra el gobierno de facto de Bolivia por los crímenes de lesa humanidad ocurridos a partir del Golpe de Estado consumado en noviembre de 2019 por la Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares en el marco de la Mesa de Trabajo por los DDHH de Córdoba y el Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos.
Córdoba10 de febrero de 2020
Sures Noticias
Ante la Fiscalía Federal N°2 se elevo el Informe Final de la “Delegación Argentina en solidaridad con el pueblo Boliviano” que desarrolló su labor los días 24 y 25 de noviembre del año pasado en Bolivia recogiendo testimonios y pruebas directas importantes para probar los delitos denunciados en Córdoba.
Abogados y periodistas que integraron dicha delegación, Ignacio Andrés, Juan Martín Hissa y Agustín Mingorance, militantes de UTEP Córdoba, estuvieron presentes al momento de la presentación.
Asimismo se incorporó el informe brindado por la Comisión de Ciudadanía y DD HH del Parlasur; postulándose nuevos testigos a partir de estas nuevas pruebas, para ilustrar sobre los hechos acontecidos en la hermana Bolivia.
Organizaciones cordobesas rechazan la inclusión a último momento de artículos que eliminan la Emergencia en Discapacidad, alertando sobre recortes a derechos esenciales.
Seis vecinos y vecinas del Valle de Punilla serán juzgados en la Cámara en lo Criminal de Cruz del Eje por una manifestación realizada en Cosquín contra la Autovía de Punilla, obra cuestionada por su impacto sobre el monte nativo y el agua. Asambleas ambientales, organizaciones políticas, de DDHH y sindicatos llaman a concentrar en tribunales y reclaman: “Defender el monte nativo no es delito” y “absolución ya”.
Se realizará en la Casa de los Trabajadores, este 16 del corriente mes, a las 19 hs. en Fragueiro 237. Declaración y junta de firmas. ¡Si tocan a Venezuela se levanta el mundo! Organizan integrantes de diversas organizaciones que se solidarizan con el ataque que recibe el país latinoamericano por parte del gobierno de Estados Unidos.
Un grupo de más de diez compañías del sector, incluyendo a Globant y UALA, han llevado a cabo despidos, a pesar de que el sector contaba con pronósticos favorables. Desde el Gremio de la Computación advierten sobre la elevada desregulación en la industria y anticipan que la situación se complicará aún más debido al fenómeno del "freelance".
La secretaria General del Cispren, María Ana Mandakovic, enfatizó la necesidad de la defensa del Estatuto del Periodista Profesional, del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ante el proyecto de precarización laboral que presentó el Poder Ejecutivo Nacional que, entre otras medidas, afectan regresivamente derechos individuales y colectivos de la clase trabajadora.
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La Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina advirtió que el proyecto de reforma laboral enviado por el gobierno de Donald Trump al Congreso “abarata el despido, desarma la negociación colectiva y vacía la tutela sindical”, al reeditar el DNU 70/23 declarado inconstitucional, ahora en busca de legitimidad parlamentaria.
Más de 150 referentes de organismos públicos, organizaciones de derechos humanos, universidades y mecanismos de prevención de todo el país se reunieron en el Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”, convocados por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, para debatir estrategias frente a la violencia institucional, las condiciones de encierro y los desafíos en salud mental y acceso a derechos.
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