El Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Córdoba acompaña las acciones de los Equipos técnicos del Poder Judicial en reclamo de reconocimiento a su labor, pase a planta de contratados y contratadas, condiciones dignas de trabajo y contra la violencia laboral especialmente la de género.
Córdoba06 de noviembre de 2019
Sures Noticias
En un comunicado expresaron que apoyan en particular a todas y todos los psicólogos integrantes de los Equipos técnicos del Poder Judicial que el viernes 18 de octubre que en asamblea provincial de equipos técnicos del Poder Judicial resolvió las acciones de protesta.
EL Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Córdoba continua desde su secretaria gremial gestionando, ante los poderes públicos y acompañando y generando acciones que garanticen condiciones dignas de trabajo para todas y todos sus matriculados, sostienen.
Compartimos las palabras de los trabajadores de los ETPJ que expresan:
“El avasallamiento al sector traspasa las esferas del sector impactando en la sociedad con los recortes de recursos que limitan las posibilidades de acceso a la justicia justamente de las personas más vulneradas de la sociedad. Los recortes van desde el acceso a la movilidad para las intervenciones a los domicilios como a la falta de profesionales que no logran pese a los inmensos esfuerzos por dar respuestas basadas fundamentalmente en las necesidades de la gente”.
“Los equipos técnicos son considerados administrativos dentro del Poder Judicial, despojándolos de su calidad profesional, aunque tienen la responsabilidad de firmar informes, pericias y dictámenes desde donde basan sus fallos. En el Poder Judicial quienes tienen responsabilidad en la firma se les reconoce por ello, pero es solo a los funcionarios. De manera injusta y desigual los equipos técnicos no están ni jerarquizados ni reconocidos por su trabajo y responsabilidad”.
“Los Equipos Técnicos en un 90 % son mujeres dentro de una institución, de un contexto y mundo laboral que feminiza algunas profesiones otorgándoles menos derechos, incluso menor remuneración. Los equipos técnicos están devaluados por su condición de género dentro del poder judicial que se muestra ciego y sordo puertas adentro contradiciendo la imagen social que intenta mostrar de compromiso con las problemáticas graves como la Violencia de Género. De esta manera el Poder Judicial reproduce la brecha salarial del mercado laboral que minimiza las disciplinas ejercidas en su mayoría por mujeres a quienes recarga con las tareas más sensibles de estar en contacto de modo directo con las problemáticas más dolorosas de las personas.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La Justicia de Córdoba hizo lugar a una demanda colectiva por la violación del derecho a la libertad (no) reproductiva de mujeres de Córdoba. La resolución judicial que marca un antes y un después en la libertad (no) reproductiva en Córdoba
El gobierno de Axel Kicillof terminó el borrador de un proyecto que busca garantizar condiciones mínimas de trabajo decente a unos 80 mil repartidores y choferes de plataformas en territorio bonaerense. La norma se plantea como respuesta a la reforma laboral regresiva de Javier Milei y prevé desde paradores obligatorios hasta una app con botón de emergencia para los trabajadores.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo de Martín Cormick, anuló la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación al considerar que criminaliza la protesta social, avanza sobre facultades del Congreso y vulnera estándares internacionales de derechos humanos, en una causa impulsada por el CELS y decenas de organizaciones.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.