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Aunque el presupuesto prevé un aumento nominal del 17,6% en los fondos educativos, el incremento real será de entre 4,4% y 8% dependiendo de la inflación proyectada. Esta cifra mantiene la inversión educativa por tercer año consecutivo por debajo del 1% del PBI, una situación que no se registraba desde 2015, cuando se alcanzó el máximo histórico del 1,66%.
Derogación de garantías legales genera controversia
El proyecto oficial propone derogar el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que desde 2006 exigía destinar al menos el 6% del PBI a educación. Según el informe "Presupuesto educativo nacional 2026" de Argentinos por la Educación, elaborado por Javier Curcio junto con María Sol Alzú y Martín Nistal, esta meta solo se cumplió en 2015.
"El proyecto que envió el gobierno elimina los tres pilares que garantizaban el financiamiento del sistema educativo y científico argentino: el Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional, el piso del 6% del PBI para educación y el 1% para ciencia y tecnología", advirtió el senador Eduardo "Wado" de Pedro durante la reunión de la Comisión de Educación y Cultura del Senado.
El presupuesto 2026 concentra el financiamiento en universidades nacionales, que representan el 77% del total de fondos educativos, seguido por el Plan Nacional de Alfabetización (9,2%) y la Gestión de Becas (5,8%). El gasto para educación obligatoria y no universitaria apenas alcanza el 14,6% del presupuesto total.
El secretario de Educación, Carlos Torrendell, defendió ante la Comisión de Presupuesto de Diputados que las universidades recibirán $4,8 billones en 2026, un aumento del 14% respecto a 2025. Sin embargo, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, confirmó que el gobierno no aplicará la ley de financiamiento universitario vetada por Milei.
"Debemos gastar menos, pero invertir más en cada persona concreta", argumentó Torrendell, quien señaló que el presupuesto "refleja el paso de una política educativa centrada en la estructura a una centrada en las personas".
CTERA alerta sobre el fuerte ajuste en el Presupuesto Educativo 2026 y llama a defender la educación pública en el Senado
La Secretaria General de CTERA, Sonia Alesso, expuso en la Comisión de Educación y Cultura del Senado, encabezada por Eduardo «Wado» de Pedro, advirtiendo sobre el retroceso histórico y el impacto negativo del proyecto de Presupuesto Educativo 2026, que reduce drásticamente el financiamiento y pone en riesgo el derecho a la educación en Argentina.
El pasado martes 28 de octubre, Sonia Alesso, Secretaria General de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), participó en el debate del Presupuesto Educativo 2026 en la Comisión de Educación y Cultura del Senado. Durante su exposición, Alesso denunció que el proyecto presentado por el Gobierno Nacional representa el mayor ajuste en materia educativa desde 2003, con reducciones históricas en la inversión: el financiamiento bajaría al 0,68% del PBI, una cifra muy inferior al 1,66% registrado en 2015.
Alesso remarcó el peligro de recortar artículos clave de las leyes que garantizan fondos para la educación obligatoria, técnica, científica y tecnológica. Detalló fuertes recortes presupuestarios: la infraestructura escolar y la educación técnica sufrirían una reducción superior al 80%, mientras que los programas de formación docente e innovación educativa verían recortes superiores al 70%. Además, el presupuesto elimina el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y reduce en 90% la inversión en conectividad y equipamiento, dejando sin apoyo a cerca de un millón de estudiantes becados.
La dirigente sindical advirtió que estas medidas podrían generar una “catástrofe educativa” similar a la de los años 90, con provincias sin recursos para salarios docentes y una caída en la matrícula de los profesorados que pone en riesgo la permanencia de docentes en las aulas. Cuestionó también la ampliación horaria escolar realizada sin planificación ni diálogo con las familias, y tachó de hipócritas los discursos sobre “calidad educativa”, mientras el piso salarial nacional permanece congelado y por debajo de la línea de pobreza.
Alesso subrayó que, detrás del ajuste, existe un objetivo de fondo: avanzar sobre la privatización de la educación pública, profundizando las desigualdades entre provincias y debilitando el rol del Estado como garante del derecho a la educación. Por ello, llamó a los legisladores a rechazar cualquier intento de recorte y a restituir el financiamiento educativo nacional y el FONID, exigiendo que la educación no sea la variable de ajuste ni la víctima de la crisis económica.
Finalmente, CTERA reafirmó su compromiso con la defensa de una educación pública, popular y democrática, exhortando al Congreso a proteger los derechos de trabajadores de la educación y de millones de estudiantes, para construir una sociedad más igualitaria y desarrollada industrialmente.
