La Corte Suprema confirmó el sobreseimiento de Mauricio Macri por el espionaje ilegal a las familias de los tripulantes del ARA San Juan, sin analizar el fondo de la cuestión y amparándose en un defecto formal. Esta decisión, lejos de esclarecer responsabilidades, desnuda la persistente complicidad del poder judicial argentino con los exmandatarios y la falta de justicia para las víctimas.
Argentina29 de octubre de 2025
Sures Noticias
La reciente resolución de la Corte Suprema Argentina de dejar firme el sobreseimiento de Mauricio Macri en la causa por espionaje ilegal a familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan no solo cierra un capítulo judicial, sino que reaviva los interrogantes sobre la verdadera independencia de los jueces en las causas que rozan al poder político. La decisión ni siquiera entró en el análisis del fondo: los ministros, entre ellos dos designados por el propio Macri, rechazaron el reclamo de las víctimas argumentando un defecto formal.
El trasfondo es aún más preocupante. La inteligencia estatal, bajo la gestión de Gustavo Arribas (íntimo del expresidente), siguió y fotografió a familiares que solo exigían saber la verdad. Documentos oficiales y confesiones de exespías en sede parlamentaria confirmaron la vigilancia. Sin embargo, el recorrido judicial —marcado por jueces designados en tiempos de Cambiemos y maniobras para apartar magistrados incómodos— sirvió en bandeja la exculpación de Macri y sus funcionarios. Ni siquiera se intentó justificar seriamente por qué se espiaba también a las familias fuera de los momentos de aparición pública del mandatario.
El argumento de seguridad presidencial, repetido hasta el hartazgo por tribunales federales, choca contra la evidencia y el sentido común. El fallo no solo desalienta el reclamo de justicia de madres, esposas y hermanas de los submarinistas, sino que deja una peligrosa señal: la vigilancia estatal a los ciudadanos puede quedar sin sanción cuando los responsables ostentan poder.
El silencio o consentimiento del Ministerio Público Fiscal completa el cuadro de impunidad. Mientras tanto, referentes de derechos humanos y representantes legislativos denuncian impunidad y encubrimiento desde el llamado “partido judicial”. Y como última instancia, los familiares se ven forzados a acudir ante organismos internacionales para intentar obtener la justicia que el Estado argentino les niega.
No es solo un expediente cerrado. Es una muestra más del divorcio entre ciudadanía y sistema judicial, y de cómo la impunidad sigue siendo una herida abierta y vigente en la Argentina contemporánea.
Ademas los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, decidieron mantener el juicio oral en la causa por las fotocopias de los cuadernos, al rechazar más de 20 recursos presentados por Cristina Fernández de Kirchner, exfuncionarios y empresarios imputados. El juicio comenzará el 6 de noviembre.
Además, la Corte confirmó dos condenas contra Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior. Una de las condenas se refiere a amenazas coactivas durante una asamblea de Papel Prensa y la otra por peculado e incitación a la violencia colectiva. Como resultado, Moreno ha sido inhabilitado de forma absoluta para ocupar cargos públicos.
Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.
La Justicia de Chubut concedió la prisión domiciliaria a Mauricio Naum Vargas y Damián Andrés Díaz, activistas antimineros detenidos desde diciembre de 2025 por su participación en protestas contra la zonificación minera. Aunque un avance para sus familias, persiste el riesgo de retorno a prisión si el Superior Tribunal de Justicia ratifica las condenas, en medio de reclamos por criminalización de la protesta socioambiental.
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
de Gabinete y denunció un ajuste “ilegal” que podría dejar en la calle a más de 500 empleados públicos, incluso brigadistas que combaten incendios en la Patagonia. El gremio anticipó paros, asambleas y un plan de lucha si el Gobierno no da marcha atrás con el recorte.
El Cuerpo de Abogados del Ministerio de Seguridad de la Ciudad asumirá la defensa de Santiago Barrientos, acusado de matar de un tiro en la nuca a Víctor Vargas en Constitución, y de los vigilantes imputados por encubrimiento en el caso de Gabriel González en Lugano. Organizaciones de derechos humanos denuncian que esa estructura de defensa oficial termina financiando con impuestos la protección de agentes y privados involucrados en crímenes.
El titular de La Bancaria y diputado de Unión por la Patria, Sergio Palazzo, cuestionó el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier Milei por licuar las sentencias, permitir el pago en cuotas de las indemnizaciones y vulnerar principios constitucionales, y advirtió que los legisladores que lo acompañen serán “básicamente unos delincuentes”.
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La Provincia vuelve a los mercados internacionales para tomar hasta 500 millones de dólares a 9 años, con alta tasa y fuerte concentración de vencimientos, profundizando un esquema de endeudamiento en moneda extranjera que traslada el costo a las próximas gestiones y a la ciudadanía.
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