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La reciente resolución de la Corte Suprema Argentina de dejar firme el sobreseimiento de Mauricio Macri en la causa por espionaje ilegal a familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan no solo cierra un capítulo judicial, sino que reaviva los interrogantes sobre la verdadera independencia de los jueces en las causas que rozan al poder político. La decisión ni siquiera entró en el análisis del fondo: los ministros, entre ellos dos designados por el propio Macri, rechazaron el reclamo de las víctimas argumentando un defecto formal.
El trasfondo es aún más preocupante. La inteligencia estatal, bajo la gestión de Gustavo Arribas (íntimo del expresidente), siguió y fotografió a familiares que solo exigían saber la verdad. Documentos oficiales y confesiones de exespías en sede parlamentaria confirmaron la vigilancia. Sin embargo, el recorrido judicial —marcado por jueces designados en tiempos de Cambiemos y maniobras para apartar magistrados incómodos— sirvió en bandeja la exculpación de Macri y sus funcionarios. Ni siquiera se intentó justificar seriamente por qué se espiaba también a las familias fuera de los momentos de aparición pública del mandatario.
El argumento de seguridad presidencial, repetido hasta el hartazgo por tribunales federales, choca contra la evidencia y el sentido común. El fallo no solo desalienta el reclamo de justicia de madres, esposas y hermanas de los submarinistas, sino que deja una peligrosa señal: la vigilancia estatal a los ciudadanos puede quedar sin sanción cuando los responsables ostentan poder.
El silencio o consentimiento del Ministerio Público Fiscal completa el cuadro de impunidad. Mientras tanto, referentes de derechos humanos y representantes legislativos denuncian impunidad y encubrimiento desde el llamado “partido judicial”. Y como última instancia, los familiares se ven forzados a acudir ante organismos internacionales para intentar obtener la justicia que el Estado argentino les niega.
No es solo un expediente cerrado. Es una muestra más del divorcio entre ciudadanía y sistema judicial, y de cómo la impunidad sigue siendo una herida abierta y vigente en la Argentina contemporánea.
Ademas los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, decidieron mantener el juicio oral en la causa por las fotocopias de los cuadernos, al rechazar más de 20 recursos presentados por Cristina Fernández de Kirchner, exfuncionarios y empresarios imputados. El juicio comenzará el 6 de noviembre.
Además, la Corte confirmó dos condenas contra Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior. Una de las condenas se refiere a amenazas coactivas durante una asamblea de Papel Prensa y la otra por peculado e incitación a la violencia colectiva. Como resultado, Moreno ha sido inhabilitado de forma absoluta para ocupar cargos públicos.
