Guillermo Carmona, ex diputado nacional, examina la legalidad y el contexto geopolítico del DNU de Milei en relación a los ejercicios militares de EE.UU. en Argentina.

Milei habilita ingreso de tropas de EE.UU. a la Argentina: violación constitucional y riesgos geopolíticos

En el programa “Que vuelvan las ideas”, transmitido por AM 530 Radio Madres de Plaza de Mayo, el director editorial de pAS, Guillermo Carmona, dialogó con los periodistas Pablo Caruso y Néstor Restivo sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmaron el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa Luis Petri. Este decreto permite llevar a cabo maniobras militares conjuntas entre las fuerzas armadas argentinas y las de EE.UU. en puertos estratégicos del Atlántico Sur. Carmona expresó sus objeciones, cuestionando la legalidad y las implicaciones geopolíticas de esta decisión.

El gobierno de Javier Milei autorizó el ingreso de tropas estadounidenses para ejercicios navales en territorio argentino sin aval del Congreso, en contravención clara de la Constitución y la Ley 25.880. Analistas advierten que esta decisión, tomada por decreto de necesidad y urgencia, implica riesgos estratégicos y supone un alineamiento automático con Washington, profundizando la subordinación imperialista y generando tensiones en el Atlántico Sur.

En las últimas horas, se conoció la noticia de que el presidente Javier Milei habilitó mediante decreto la realización de maniobras militares conjuntas entre fuerzas navales argentinas, estadounidenses y, en otro ejercicio, chilenas. Estas operaciones se llevarán a cabo en tres puntos neurálgicos: Mar del Plata, Puerto Belgrano y Ushuaia, zonas de extrema relevancia geoestratégica. La polémica surge porque la Constitución Nacional —artículo 75, inciso 28— y la Ley 25.880 establecen de forma taxativa que cualquier ejercicio militar con fuerzas extranjeras debe contar con la autorización previa del Congreso, requisito que el gobierno decidió soslayar.

Guillermo Carmona, director editorial de Atlántico Sur y exfuncionario, fue tajante en su crítica: “Estos ejercicios no están autorizados y por tanto son ilegales. Las excepciones que contempla la ley son extremadamente acotadas y este caso no las cumple. Argumentar que el Congreso no lo trató no vale; el Ejecutivo demoró cinco meses en enviar el proyecto, imposible justificarlo bajo alegación propia torpeza.”

En lo geopolítico, Carmona denunció el alineamiento automático con los intereses de Estados Unidos. “El gobierno invita la intervención estadounidense bajo el pretexto de ejercicios, pero eso no elimina la naturaleza de intervención extranjera. La Argentina está cada vez más subordinada en lo financiero, económico y ahora militar,” señaló. El contexto internacional muestra una región presionada por Washington, con intentos de despliegue de bases en Latinoamérica y una política que contradice los consensos de América Latina como zona de paz, así como la cooperación en el Atlántico Sur.

Los ejercicios, según Carmona, implican graves riesgos: el despliegue de embarcaciones y tropas en las plazas navales más estratégicas del país abre la puerta al control extranjero sobre áreas marítimas, además de Ushuaia, posicionada frente a Malvinas, Antártida y el paso bioceánico, puntos sensibles para la soberanía nacional. La memoria reciente recuerda el episodio del Ara San Juan durante el gobierno de Macri, también en ejercicios navales, donde sí fue interpelado el Congreso por operar sin tropas extranjeras.

“La estrategia estadounidense de expansión global —satiriza Carmona— encuentra en Milei un verdadero caballo de Troya, dispuesto a trasladar al Atlántico Sur las tensiones y confrontaciones que Washington mantiene con China y Rusia, inexistentes militarmente en la región, pero utilizadas como excusas para profundizar la influencia imperialista.”

Desde lo institucional, Carmona reclama instrumentos de control: interpelación de los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores, iniciativas de juicio político y denuncias penales por incumplimiento de los deberes públicos. Pero advierte el riesgo de indiferencia en buena parte de la oposición, que suele alinearse en materia de política exterior y defensa.

En definitiva, lo que se juega con este decreto no es solo la legalidad de una maniobra militar, sino el modelo de subordinación, pérdida de autonomía y avance de proyectos imperialistas que tensionan la paz y la cooperación en América Latina. Milei elige ser el alumno ejemplar de una política diametralmente opuesta a la defensa de los intereses nacionales, dejando abierto el interrogante de cuáles serán las consecuencias institucionales y geopolíticas de este acto.