El Gobierno avanza con la entrega parcial de la empresa estatal que garantiza la soberanía energética nuclear. La oposición promete dar batalla en el Congreso, mientras crecen las críticas por el desmantelamiento del patrimonio público.
Argentina30 de septiembre de 2025
Sures Noticias
La decisión no deja lugar a dudas: el Decreto 695/2025 marca un nuevo hito en la ofensiva privatizadora del gobierno de Javier Milei. Esta vez, el turno le llegó a Nucleoeléctrica Argentina (NASA), la empresa que administra las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, y que en 2024 produjo un récord de 10,4 millones de MWh. A pesar de semejante desempeño técnico y de la importancia estratégica de la generación nuclear, la Casa Rosada resolvió abrir el capital de la compañía a manos privadas.
Una joya nacional en liquidación
Hoy, NASA es casi enteramente estatal: 79% en manos directas de la Nación, 20% en poder de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y apenas 1% en Energía Argentina S.A. (ENARSA). El flamante esquema propuesto por Milei implica desprenderse de un 44% de las acciones, licitación mediante, y otorgar un 5% a los trabajadores bajo un Programa de Propiedad Participada.
El Ejecutivo se aferra a un discurso ya repetido: “eficiencia”, “reducción del déficit” y “competitividad”. Argumenta que los aportes estatales —700 millones de pesos en 2023— no alcanzan y que el capital privado es indispensable para prolongar la vida útil de Atucha I, culminar el almacenamiento en seco de elementos combustibles de Atucha II y supuestamente diversificar riesgos.
Pero lo llamativo es que el propio decreto reconoce los récords de producción y la capacidad técnica de NASA. En otras palabras, el Estado vende una empresa que funciona, que genera energía, conocimiento y soberanía energética, para ceder ganancias y control parcial a los privados.
El disfraz de “mayoría estatal”
El Gobierno asegura que conservará el 51% entre Nación y CNEA. Sin embargo, en un sector tan sensible como la energía nuclear, abrir casi la mitad del capital al mercado es mucho más que un mero “socio estratégico”. Supone exponer proyectos críticos a la lógica especulativa y a intereses que no tienen como prioridad la seguridad nuclear ni la soberanía energética, sino el rédito económico.
Atucha, que comenzó a operar en los 70 como un símbolo de autonomía tecnológica frente a los designios de las potencias, pasará ahora a funcionar bajo la lupa de fondos de inversión internacionales. Una señal alarmante en un contexto global marcado por disputas por la energía y los recursos estratégicos.
Un Congreso en pie de batalla
En el Parlamento, los bloques opositores ya anticiparon que resistirán la privatización de NASA. Señalan que el Gobierno avanza en soledad, vapuleando la historia de un sector donde la Argentina pudo construir capacidades científicas únicas en América Latina, incluso durante épocas de crisis económica.
El debate legislativo promete ser áspero, pero la Casa Rosada confía en su capacidad de imponer la agenda a fuerza de decretos, apelando a una Ley de Reforma del Estado de 1989 que habilita privatizaciones masivas bajo la lógica de los 90.
El rumbo regresivo
La venta parcial de Nucleoeléctrica no es un caso aislado, sino un paso más en una estrategia sistemática de desmantelamiento de empresas públicas que garantizan servicios esenciales y conocimiento de frontera. La paradoja es evidente: mientras el Gobierno predica la “libertad” y la reducción del déficit, las consecuencias inmediatas son la pérdida de control nacional sobre sectores vitales y la transferencia de recursos al capital privado.
Convertir Atucha en un negocio para inversores extranjeros no es una política energética: es un retroceso histórico. Significa hipotecar el futuro de la ciencia y la tecnología nacionales, en nombre de una urgencia fiscal que el propio Ejecutivo alimenta con sus políticas.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
Gloria Cisneros recorre en moto los caminos de tierra entre Taco Pozo y el paraje La Sara para dar clases en la escuela rural “Don Carlos Arnaldo Jaime”, donde introdujo tecnología, paneles solares, conectividad e inteligencia artificial en un territorio sin agua potable ni servicios básicos; ahora compite por el Global Teacher Prize 2026 y proyecta construir una residencia estudiantil si gana el premio de un millón de dólares.
Fue un sector del establecimiento que aloja a mujeres detenidas en el complejo carcelario de Bouwer. En medio de una "supuesta" pelea entre dos internas del penal de mujeres de Bouwer, una presa murió en el lugar y otra falleció luego ser está internada. Organizaciones y referentes anticarcelarias contradicen la versión oficial y ubican el desenlace en el marco de reclamos.
La Justicia de Córdoba hizo lugar a una demanda colectiva por la violación del derecho a la libertad (no) reproductiva de mujeres de Córdoba. La resolución judicial que marca un antes y un después en la libertad (no) reproductiva en Córdoba
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.