Después de 16 años de vacancia, el Congreso inicia el proceso para designar a la Defensoría del Pueblo

Tras más de una década y media sin conducción, la Defensoría del Pueblo de la Nación podría finalmente tener una autoridad al frente. El pasado 11 de septiembre, la Comisión Bicameral Permanente del Congreso inició el proceso de designación del titular del organismo, vacante desde 2009.

La Defensoría del Pueblo cumple un rol central en la protección de derechos humanos y en el control de la gestión pública. Entre sus facultades se encuentran la investigación de actos u omisiones de la Administración Pública, la judicialización de casos de violaciones a los derechos, el asesoramiento y asistencia jurídica a la ciudadanía, la promoción de campañas de derechos, así como la propuesta de reformas normativas. Sin embargo, pese a su relevancia constitucional, el cargo lleva 16 años sin ser ocupado, lo que ha generado reiterados reclamos de organizaciones sociales.

El proceso abierto ahora establece que las postulaciones podrán presentarse hasta el 8 de octubre. Quienes deseen participar deberán cumplir con los requisitos previstos en la Ley 24.284: ser argentino o argentina, tener al menos 30 años de edad, y presentar documentación que incluye currículum vitae, DNI, certificado de antecedentes penales, certificado de deudores alimentarios y, en caso de tenerlo, título terciario o universitario. Las solicitudes pueden enviarse por correo electrónico a [email protected] o entregarse de manera presencial en la sede de la Comisión Bicameral (Av. Entre Ríos 149, 6° piso, Oficina “D”, CABA).

Distintas organizaciones de la sociedad civil celebraron la apertura del procedimiento, pero advirtieron sobre la necesidad de que sea “transparente, participativo y regido por lineamientos claros y objetivos”. Reclaman que la persona designada reúna altos estándares de idoneidad técnica y moral, independencia de criterio y un compromiso firme con la defensa de los derechos humanos.

La falta de designación de un Defensor o Defensora del Pueblo durante más de una década constituye un incumplimiento del mandato constitucional y una deuda pendiente con la democracia argentina. Con este nuevo proceso, el Congreso tiene la oportunidad de saldarla de manera definitiva.