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La Sala I de la Cámara Federal de La Plata falló este martes a favor de la provincia de Buenos Aires en una decisión que representa un revés significativo para el Gobierno nacional de Javier Milei. El tribunal dejó sin efecto la cautelar que había suspendido la Resolución Normativa 26/2024 de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), permitiendo que los Registros Seccionales de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA) continúen actuando como agentes de recaudación de los impuestos Automotor y de Sellos.
El pronunciamiento judicial constituye una victoria para la administración del gobernador Axel Kicillof, que había enfrentado la oposición del Ministerio de Justicia nacional mediante una presentación legal que buscaba frenar esta medida recaudatoria.
En su fundamentación, la Cámara Federal destacó un aspecto clave del conflicto: esta práctica de recaudación se mantiene ininterrumpidamente desde hace 34 años sin generar interferencias en la actividad registral. Los magistrados advirtieron que suspender este mecanismo "ocasionaría un grave perjuicio al erario bonaerense sin generar daño alguno al Estado nacional".
El fallo adquiere particular relevancia en el contexto de las tensiones entre el gobierno provincial y nacional por cuestiones fiscales. Fuentes de la administración bonaerense celebraron la decisión y la interpretaron como "un triunfo del federalismo y de las autonomías provinciales", subrayando que la resolución "ratifica las potestades tributarias de las provincias y, en particular, su facultad para administrar tributos directos".
El tribunal también reforzó principios jurídicos fundamentales en materia administrativa, recordando que los actos administrativos gozan de presunción de validez y que las medidas cautelares contra ellos requieren el cumplimiento estricto de requisitos específicos que, según determinaron los jueces, no se verificaron en este caso.
Con esta decisión firme, los Registros Seccionales de la DNRPA deberán continuar con las prácticas habituales de percepción y retención de impuestos provinciales, tal como lo establece el Código Fiscal bonaerense y la normativa vigente, manteniendo un sistema que ha funcionado durante más de tres décadas sin generar conflictos operativos.
La resolución judicial refuerza la autonomía fiscal de la provincia de Buenos Aires en un momento de particular tensión en las relaciones fiscales intergubernamentales y consolida la posición de Kicillof frente a los intentos del gobierno nacional de limitar las facultades tributarias provinciales.
