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José Luis Piedra, de 70 años, había logrado evadir la justicia durante más de una década hasta que el pasado 7 de agosto fue detenido en Córdoba en la casa de un familiar, donde se ocultaba desde 2013. El exmilitar, que integró el Destacamento de Inteligencia 144 del Ejército que operó en Mendoza durante la última dictadura cívico-militar, enfrenta acusaciones por 90 delitos de lesa humanidad que incluyen 32 homicidios, 39 privaciones ilegales de la libertad, 12 hechos de torturas y el secuestro de una menor de 10 años.
La captura en territorio cordobés
La fuga de Piedra comenzó en 2013, cuando debía presentarse a declarar ante la justicia mendocina por su participación en los crímenes del terrorismo de Estado. Durante casi 12 años permaneció en la clandestinidad hasta que las fuerzas de seguridad lograron localizarlo en una vivienda familiar de Córdoba.
Un día después de su detención, el acusado declaró de manera virtual ante el Juzgado Federal N°1 de Mendoza. Debido a su estado de salud, la justicia dispuso la prisión domiciliaria con custodia policial hasta que se realicen las pericias médicas correspondientes que determinen su aptitud para enfrentar el proceso judicial.
Los cargos: un extenso historial criminal
El expediente judicial que pesa sobre Piedra lo señala como presunto autor de múltiples crímenes de lesa humanidad. Según la imputación, el exmilitar habría participado activamente en operativos de inteligencia, secuestros, interrogatorios bajo tortura y desapariciones forzadas de personas durante los años más oscuros de la represión estatal.
Entre los delitos más graves que se le imputan figuran 32 homicidios y 39 privaciones ilegales de la libertad, además de 12 hechos específicos de torturas. Particularmente grave resulta la acusación por el secuestro de una niña de apenas 10 años, lo que evidencia la brutalidad del accionar represivo que no distinguía edades entre sus víctimas.
Trayectoria en el aparato represivo
De acuerdo con su legajo militar, José Luis Piedra prestó servicios en el Destacamento de Inteligencia 144 entre diciembre de 1974 y diciembre de 1977, período que coincide con los años más intensos de la represión en Mendoza. Posteriormente fue trasladado a la Escuela Superior de Guerra, donde continuó vinculado a tareas de inteligencia hasta su retiro voluntario del Ejército en 1997.
Su paso por el Destacamento 144 lo ubicó en el centro del aparato represivo que operó en la provincia cuyana, una unidad militar que se caracterizó por su metodología sistemática de persecución, secuestro y eliminación de opositores políticos.
El caso Marie Anne Erize y otros antecedentes
Uno de los casos más emblemáticos vinculados a Piedra es el de Marie Anne Erize Tisseau, modelo profesional argentina e hija de inmigrantes franceses, que fue detenida-desaparecida el 15 de octubre de 1976. En 2011, el exmilitar Jorge Antonio Olivera, ya condenado a prisión perpetua, señaló directamente a Piedra y a Jorge Pedro Rodolfo Wagner como responsables de la desaparición de la joven.
La modelo de 24 años fue secuestrada en horas del mediodía en la puerta de una bicicletería en Trinidad, San Juan. Erize, que había abandonado las pasarelas para dedicarse al trabajo social y la militancia en Montoneros, se convirtió en símbolo de las víctimas del terrorismo de Estado.
Tanto Olivera como Wagner también permanecieron prófugos durante años antes de ser recapturados, evidenciando un patrón de evasión de la justicia entre los responsables de estos crímenes.
El Destacamento de Inteligencia 144: anatomía del terror
El Destacamento de Inteligencia 144 del Ejército fue una de las unidades más temidas del aparato represivo que operó en Mendoza durante la dictadura. Esta estructura militar formaba parte del sistema integral de terrorismo de Estado implementado por la Junta Militar para eliminar toda forma de oposición política.
En 2023, tras cuatro años de debate, el Tribunal Oral Federal N°1 de Mendoza condenó a 18 imputados por delitos de lesa humanidad, entre ellos varios exintegrantes del Destacamento 144. Seis de ellos recibieron prisión perpetua y el resto penas de entre 14 y 7 años y seis meses de prisión por delitos cometidos contra 107 víctimas.
En esa histórica sentencia, la justicia estableció que todos los hechos formaron parte del delito internacional de genocidio, lo que los convierte en imprescriptibles. Esta calificación legal refuerza la gravedad de los crímenes y la imposibilidad de que queden impunes por el paso del tiempo.
Justicia tardía
La detención de José Luis Piedra tras 12 años de fuga representa un nuevo capítulo en la lucha por la memoria, verdad y justicia en Argentina. Su caso demuestra que, pese al paso del tiempo y los intentos de evasión, los crímenes de lesa humanidad no prescriben y sus responsables eventualmente enfrentan las consecuencias de sus actos.
El proceso judicial que ahora enfrenta el exmilitar se suma a las múltiples causas que continúan avanzando en los tribunales argentinos, manteniendo viva la búsqueda de justicia para las víctimas del terrorismo de Estado y sus familias.
La prisión domiciliaria dispuesta por su estado de salud no impide que el proceso judicial continúe su curso, garantizando que los crímenes cometidos durante la dictadura no queden en la impunidad, sin importar cuánto tiempo haya transcurrido desde su comisión.
