Distintas organizaciones sociales, entre ellas Barrios de Pie, el Polo Obrero, MTR y el FOL, realizan una Jornada Nacional de Protesta.
Córdoba12 de septiembre de 2019 Hugo “Turco” Campilongo
La medida se tomó ayer en el marco de una Jornada Nacional de Protesta. entre las que destaca un “acampe” en distintas ciudades del país, incluida la Capital Federal.
Córdoba no estuvo ausente, y el “acampe” se produjo pasado el mediodía en boulevard Chacabuco (entre Corrientes y boulevard Illía), frente a la sede cordobesa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
La policía logró impedir que el corte fuera total mediante la colocación de un vallado perimetral.
Marisa Cariddi (Barrios de Pie) indicó que esto es una reacción a “la Mesa que fracasó el día lunes con funcionarios de Desarrollo Social de la Nación”.
“Nosotros pedíamos –indicó Marisa- tres puntos esenciales que son: la apertura de nuevos programas sociales, la ampliación de los ya existentes y aumento de los salarios sociales, y en ninguna de esas tres premisas nos han dado respuestas concretas”.
Para la dirigente de Barrios de Pie “Ninguna de las que otorga el gobierno (en alusión a las ayudas sociales) cubre las necesidades que tenemos los sectores vulnerables, ni cubren la inflación estrepitosa que ha habido desde diciembre a esta parte…” a lo que agregó que “la verdad que es vergonzoso ver el grado de discriminación que está haciendo el gobierno con respecto, digamos, a estos sectores, los invisibiliza, no les da respuesta y Bulrrich (en referencia a la Ministro de Seguridad) ha dicho que si hay hambre que vayan a los comedores que hay muchos” (SIC).
“Esos comedores –aclaró Cariddi- los sostienen las organizaciones sociales con autogestión, con solidaridad, digamos, con mucho esfuerzo, y estamos cumpliendo un roll que debería cumplir el Estado”.
Para Marisa la situación en Córdoba “es angustiante, hay mucho hambre, hay una carencia, digamos, en la cuestión de las partidas alimentarias que tenemos acordadas con el gobierno nacional. Esas partidas alimentarias vienen reducidas, y están congeladas desde el mes de diciembre. No se han actualizado esas partidas en función a la cantidad de desocupados y la cantidad de nuevos pobres que hay. Son 15 millones, sin tener en cuenta las medidas últimas del mes de agosto que han impactado de forma cruda. Son 15 millones que el gobierno los invisibiliza y no les da respuesta”.
En otro orden de cosas es posible que el acampe sea por tiempo indeterminado, si la Ley de Emergencia Alimentaria que se va a tratar en el Congreso de la Nación no conforma a las organizaciones de base. “Nosotros en caso de que no haya respuesta vamos a seguir profundizando nuestra lucha”, aseveró Marisa Cariddi, la dirigente de Barrios de Pie a quien entrevistamos al comienzo de la jornada.
Marisa Cariddi (dirigente de Barrios de Pie)
Olla popular en la Jornada Nacional de protesta en Córdoba
Momento en que se realiza el acampe
A casi un año de que se perdiera el rastro de Lian Gael Flores Soraide, de 3 años, vecinos y organizaciones se movilizaron en la Plaza Nueva Esperanza de Ballesteros Norte para exigir avances en la causa y respuestas concretas de la Justicia provincial y federal.
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
Mientras el Gobierno de Córdoba exhibe como logro que la caída del empleo registrado privado fue del 2,07% frente al 3,04% nacional, la provincia omite que está festejando, en los hechos, la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo y la consolidación de un esquema de precarización sostenido en planes como el PPP y Empleo +26. (NdR)
La industria metalúrgica volvió a cerrar un año en rojo: en 2025 la actividad se retrajo 0,9% frente a 2024, período en el que ya se había desplomado 12,1%, lo que confirma la continuidad de la crisis en el sector.
El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria recibió a representantes de colectivos que defienden a personas con cardiopatías congénitas, en respuesta al desguace del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas impulsado por el Gobierno. La reunión se centró en trazar planes de acción, incluyendo la citación al ministro de Salud, Mario Lugones, para que explique la desvinculación de tres de los siete cardiólogos pediátricos especializados que coordinaban el área a nivel nacional.
Mientras el Gobierno de Córdoba exhibe como logro que la caída del empleo registrado privado fue del 2,07% frente al 3,04% nacional, la provincia omite que está festejando, en los hechos, la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo y la consolidación de un esquema de precarización sostenido en planes como el PPP y Empleo +26. (NdR)
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
A casi un año de que se perdiera el rastro de Lian Gael Flores Soraide, de 3 años, vecinos y organizaciones se movilizaron en la Plaza Nueva Esperanza de Ballesteros Norte para exigir avances en la causa y respuestas concretas de la Justicia provincial y federal.
Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.