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Organizaciones feministas y de derechos humanos convocan a una marcha nacional en Córdoba y en distintas ciudades del país para exigir justicia por Morena, Brenda y Lara, asesinadas en un contexto de violencia narco.
El hallazgo de los cuerpos de Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo —ambas de 20 años— y Lara Morena Gutiérrez, de 15, brutalmente asesinadas y enterradas en una vivienda de Florencio Varela, expuso de manera descarnada el cruce entre femicidio y crimen organizado. Las tres jóvenes estaban desaparecidas desde el pasado viernes en Ciudad Evita, cuando fueron vistas por última vez al subir a una camioneta blanca frente a una estación de servicio de La Tablada.
Las autopsias revelaron que las víctimas sufrieron torturas antes de ser asesinadas. Por el caso, hay cuatro detenidos: dos hombres y dos mujeres, todos vinculados con el narcotráfico, que aparece como la principal hipótesis en la investigación.
Reacción social y movilización nacional
La indignación se tradujo rápidamente en las calles. Hubo concentraciones en decenas de puntos del país, incluida Córdoba, donde se convocó a una marcha nacional para el sábado 27 de septiembre a las 16 horas desde Colón y Cañada.
“No hay buenas ni malas víctimas: hay femicidios”, resumió la activista Euge Murillo, al rechazar discursos que buscan estigmatizar a las jóvenes por sus condiciones sociales.
Desde el sindicalismo feminista, Georgina Orellano, referente del Sindicato de Trabajadorxs Sexuales, destacó que la convocatoria en Plaza Flores respondió a la necesidad de “situarnos en la raíz de la conflictividad”. La movilización se transformó en una marcha espontánea para visibilizar la violencia que sufren especialmente las mujeres pobres y las trabajadoras sexuales.
Posicionamientos oficiales y de organismos de derechos humanos
El Ministerio de Mujeres y Diversidad de Buenos Aires calificó los hechos como una expresión extrema de las violencias de género y alertó sobre la deshumanización que impone la narcocriminalidad. “Es imperioso esclarecer los hechos y garantizar un proceso con perspectiva de género”, señala el comunicado oficial.
El CELS advirtió que estos crímenes revelan la dimensión de la violencia del crimen organizado como un grave problema de derechos humanos. Puntualizó que la complicidad política y policial, junto con la precarización social, agravan el escenario.
En la misma línea, la APDH reclamó justicia sin pactos de silencio, reparación para las familias de las víctimas y la implementación de políticas específicas para revertir la exclusión de las mujeres jóvenes. En su declaración remarcaron: “La pobreza planificada lleva a las mujeres pobres a callejones sin salida. Basta de estigmatizar sus vidas. Ninguna mujer puede ser víctima de trata ni explotación sexual. ¡Vivas nos queremos!”
Una conmoción que exige respuestas
El triple femicidio de Morena, Brenda y Lara impacta no solo por la crueldad del crimen sino porque expone cómo la violencia narco atraviesa de manera brutal los cuerpos de las mujeres jóvenes y pobres. La movilización social que se extiende por todo el país no solo exige justicia para ellas, sino también la urgencia de políticas profundas que enfrenten la alianza letal entre narcotráfico, violencia de género y abandono estatal.
