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En un paso clave hacia la garantía de derechos de niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad que han quedado huérfanos como consecuencia de hechos de violencia letal, la Fiscalía General del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba emitió la Instrucción General N.° 02/25. La medida, firmada por la Fiscal General Adjunta Bettina Croppi, tiene como objetivo principal acelerar las investigaciones penales en causas en las que, por la muerte de uno de los progenitores —generalmente en contextos de violencia de género o intrafamiliar—, corresponde el acceso a la reparación económica conocida como Ley Brisa.
Sancionada en 2018, la Ley N.° 27.452 establece una reparación económica mensual para hijas e hijos de víctimas de femicidios o de homicidios en contextos de violencia familiar. Se trata de un beneficio vital destinado a quienes quedaron en situación de extrema vulnerabilidad tras perder a sus principales referentes afectivos y económicos.
La nueva instrucción judicial cobra relevancia en un escenario donde las demoras en la resolución de las causas —en especial aquellas donde el agresor también ha fallecido, impidiendo la continuidad de la acción penal— suelen trabar el inicio del trámite administrativo ante la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), organismo encargado de gestionar el beneficio.
Croppi ordenó a las y los fiscales de instrucción de toda la provincia priorizar el cierre ágil de las causas penales en esos supuestos. Para facilitar ese proceso, la resolución incluye modelos de archivo y notificaciones redactadas en lenguaje claro, que deberán ser implementados de forma obligatoria por todas las fiscalías, en línea con los estándares de accesibilidad jurídica.
“La decisión apunta a desburocratizar el acceso a la reparación y a reducir los tiempos de espera de las familias”, explicaron desde el área de Coordinación de Políticas de Género del MPF, que también participó en la elaboración de la medida.
Además, el Instituto de Formación del MPF tendrá a su cargo el diseño de capacitaciones específicas para equipos fiscales, orientadas a fortalecer el abordaje de estas causas desde un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y orientación centrada en las víctimas.
La Instrucción se enmarca en el Plan de Desarrollo Institucional 2021-2026 del Ministerio Público, una hoja de ruta que incluye como ejes centrales el fortalecimiento del acceso a la justicia, la transparencia institucional y la respuesta eficaz ante las violencias extremas. También da continuidad a acciones como la creación de la Unidad Judicial de Violencia de Género, Familiar y Sexual en el Polo de la Mujer, inaugurada en 2022.
Croppi subrayó: “Contar con un procedimiento ágil y estandarizado no solo optimiza la gestión institucional, sino que contribuye directamente a proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes”.
Fuentes y contexto normativo
La Ley Brisa —denominada así en memoria de Brisa Barrionuevo, una niña que quedó huérfana tras el femicidio de su madre— fue reglamentada en 2019. Según datos de la SENAF, desde entonces se han otorgado más de 1.800 reparaciones económicas en todo el país. Sin embargo, organizaciones como el Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven” han advertido que los obstáculos judiciales y la falta de articulación interinstitucional siguen siendo barreras frecuentes.
En Córdoba, el nuevo protocolo judicial busca revertir ese panorama. Para acceder al beneficio, la ley exige que la muerte haya sido causada en contexto de violencia de género o familiar, y que exista un pronunciamiento judicial que habilite el trámite administrativo, aún cuando no haya condena si el agresor ha fallecido.
La resolución completa, junto con los modelos de resoluciones y notificaciones adaptadas, está disponible para fiscales en la intranet del MPF Córdoba.
Un derecho urgente
En un país donde, según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una mujer es asesinada cada 35 horas, el acceso a reparaciones económicas como la Ley Brisa se vuelve urgente y vital. La reciente instrucción del MPF Córdoba representa un avance concreto en la implementación de políticas de justicia con enfoque en las víctimas indirectas, especialmente la niñez y adolescencia, muchas veces invisibilizadas en los procesos judiciales.
“Estas niñas y niños no solo pierden a sus madres; también pierden hogar, seguridad, muchas veces vínculos familiares. La reparación no resuelve todo, pero es un piso de dignidad desde el Estado”, concluye Mariana Caminotti, politóloga y especialista en políticas de género.
