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El decreto fue publicado en el Boletín Oficial y modifica el artículo 24 de la Ley 25.877, ampliando la definición de “servicios esenciales”. Ahora, estas actividades deberán garantizar un 75% de actividad durante las huelgas, lo que en la práctica limita severamente la posibilidad de llevar a cabo medidas de fuerza. Además, se introduce el concepto de “servicio de importancia trascendental”, que deberá mantener al menos un 50% de la prestación.
Los principales sindicatos, encabezados por la CGT, han comenzado a organizarse rápidamente en respuesta a esta medida. Dirigentes de diversas organizaciones están elaborando pronunciamientos y convocando reuniones de urgencia. Una fuente del sector confirmó que se espera una reunión en la sede de la CGT en Azopardo 802 en las próximas 24 horas para acordar una posición unificada.
ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, calificó el decreto de "ataque" a los derechos laborales, argumentando que fue diseñado para beneficiar a grandes corporaciones en detrimento de los trabajadores. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, dijo: “Sin el derecho de huelga estamos condenados a volver a la esclavitud”.
Se prevé que esta decisión sea impugnada judicialmente, similar a lo que ocurrió con una normativa análoga en 2023, aunque existe incertidumbre sobre el plazo para su efectividad mientras se resuelven los posibles recursos legales. Además, algunos gremios buscan colaboración con la oposición política para abordar esta cuestión en el ámbito legislativo.
La situación genera un fuerte nivel de convulsión entre los actores involucrados, marcando un nuevo capítulo en las tensiones laborales en el país.
