Acompañadxs por Organismos de Derechos Humanos, asambleas vecinales , organizaciones y ciudadanía ¡exigiendo ¡Justicia Ambiental YA! por el caso Porta.
Córdoba16 de agosto de 2019
Sures Noticias
El mes de agosto avanza y seguimos sin novedades sobre la sentencia que el Juez Vaca Narvaja se comprometió a anunciar en la causa contra la contaminación e ilegalidad de #Porta Hnos. Señalan lsx organizadores en la convocatoria.
Texto competo de la convocatoria:
¡Se juega nuestro DERECHO A EXISTIR! Son nuestros cuerpos, son nuestrxs muertxs y es la historia la que se enfrenta, en la balanza de la Justicia, a la cara más visible de un modelo deagronegocio despiadado y ecocida.
En una ciudad afectada por el desastre ambiental y sanitario, los derechos humanos al #Ambiente y la#Salud exigen ser respetados.Vivimos momentos de mucha tensión y expectativa que afectan nuestra salud inestable. Se juega nuestro DERECHO A EXISTIR.
El camino de denuncia al #EcocidioSilencioso, iniciado por nuestras Madres de barrio Ituzaingó hace más de 17 años, encuentra en este fallo la posibilidad histórica de sentar un nuevo precedente en materia de #DerechosHumanos.
Son nuestros cuerpos, son nuestrxs muertxs y es la historia la que se enfrenta, en la balanza de la Justicia, a la cara más visible de un modelo de agronegocio despiadado y ecocida.
Las fumigaciones de #Monsanto-#Bayer en barrio Ituzaingó y la contaminación de #Porta Hnos. en barrio San Antonio -y aledaños- generan, a corto, mediano y largo plazo, graves efectos en el #ambiente y en nuestra #salud. Los daños perduran, se profundizan y acumulan en nuestros cuerpos enfermos, en un tiempo que no condice con la espera de las resoluciones judiciales. ¡No queremos seguir contando víctimas!
La defensa de la vida puja por ocupar un lugar en la construcción de la memoria de nuestra ciudadanía, afectada por un desastre ambiental y sanitario.
Bajo el puño de la resistencia, se esconden más de siete años sin descanso, pilas de historias clínicas acumuladas y ocultas en las distintas dependencias de la salud, sueños entrecortados por el miedo a explotar, dolores irreparables por las muertes y los nacimientos que nunca fueron y una profunda indignación ante los reclamos desoídos por las distintas dependencias de la municipalidad y la provincia de Córdoba -cómplices del incumplimiento a todas las leyes que deberían proteger la salud y el ambiente-. ¿Será justicia?.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, que encabeza el ministro Walter Correa, expresó su “más enérgico repudio” al gesto del presidente Javier Milei de regalar el libro “Defendiendo lo indefendible”, cuyo capítulo sobre “el que contrata niños” legitima la explotación laboral de niñas y niños y choca frontalmente con la normativa nacional e internacional vigente.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo de Martín Cormick, anuló la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación al considerar que criminaliza la protesta social, avanza sobre facultades del Congreso y vulnera estándares internacionales de derechos humanos, en una causa impulsada por el CELS y decenas de organizaciones.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.