La planta, que cesó operaciones en 2024 y despidió a alrededor de 80 empleados, liquidó incluso una planta entera dedicada a la producción de Sipolex. Únicamente permaneció personal de seguridad para resguardar las instalaciones.
Argentina24 de febrero de 2025
Sures Noticias
El Gobierno nacional continúa con el ajuste en el Estado y sumó un nuevo capítulo para la planta de Fabricaciones Militares ubicada en Jáchal. El cierre definitivo llegó en junio del 2024 y ahora se completó cuando remató todos los bienes.
Se rumorea que las instalaciones de Villa María (Córdoba) y Azul (Buenos Aires), podrían correr con la misma suerte.
La planta, que al momento del cierre tenía poco más de 80 trabajadores en su nómina, tenía como objetivo principal distribuir explosivos para la minería local y también proveer a la región Cuyo y el NOA. Esos planes iniciales nunca se concretaron y sólo abastecía a Gualcamayo.
Tras el cierre se especulaba con la chance de que la empresa pase a manos privadas, pero el remate total terminó con esa posibilidad.
La subasta la realizó, de manera online, el Banco Ciudad de Buenos Aires a fines de enero. Allí se vendieron los vehículos, todo el mobiliario, contenedores y hasta una planta completa de producción de Sipolex.
En la planta, ahora, sólo queda personal de seguridad asignado sólo para la protección de las instalaciones.
Fte: Infogremiales
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
Gloria Cisneros recorre en moto los caminos de tierra entre Taco Pozo y el paraje La Sara para dar clases en la escuela rural “Don Carlos Arnaldo Jaime”, donde introdujo tecnología, paneles solares, conectividad e inteligencia artificial en un territorio sin agua potable ni servicios básicos; ahora compite por el Global Teacher Prize 2026 y proyecta construir una residencia estudiantil si gana el premio de un millón de dólares.
Fue un sector del establecimiento que aloja a mujeres detenidas en el complejo carcelario de Bouwer. En medio de una "supuesta" pelea entre dos internas del penal de mujeres de Bouwer, una presa murió en el lugar y otra falleció luego ser está internada. Organizaciones y referentes anticarcelarias contradicen la versión oficial y ubican el desenlace en el marco de reclamos.
La Justicia de Córdoba hizo lugar a una demanda colectiva por la violación del derecho a la libertad (no) reproductiva de mujeres de Córdoba. La resolución judicial que marca un antes y un después en la libertad (no) reproductiva en Córdoba
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.