Gobernación de San Juan expropió un campo para entregarlo a la minera Barrick Gold

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y el intendente del departamento de Iglesia, Jorge Espejo, suscribieron un controvertido acuerdo que ha sido calificado como ilegal e inconstitucional. Este convenio permitió la expropiación de una porción de tierras pertenecientes a la familia Leonardi, las cuales fueron entregadas a la empresa minera Barrick Gold. Cabe destacar que la familia Leonardi mantiene una disputa legal de más de 20 años con la compañía, en la que ha obtenido fallos favorables en dos ocasiones. Sin embargo, el poder político y económico prevalece sobre las decisiones de la Justicia.

Argentina07 de enero de 2025Sures NoticiasSures Noticias
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Marcelo Orrego junto a Guillermo Francos

La disputa entre la familia Leonardi y la compañía minera Barrick Gold se ha prolongado por más de 20 años, con la empresa negando la propiedad de la familia y buscando quedarse con la tierra de manera perpetua. A pesar de que la familia ha ganado juicios en primera y segunda instancia, el caso está ahora en manos de la Corte provincial, que se espera que falle a su favor.

El abogado de la familia, Guillermo Leonardi, denuncia que el Gobernador Orrego y el Intendente Espejo han intervenido en este conflicto privado, firmando un convenio que él considera espurio e ilegal, que simula una expropiación por parte de la municipalidad, cuando en realidad es el Gobierno provincial quien está expropiando la propiedad para luego alquilarla.

Leonardi critica la falta de acción del Estado hacia Barrick Gold, que ha generado ingresos significativos gracias a la propiedad de la familia, sin haber compensado a los Leonardi. Esta situación es calificada por el abogado como un acto de corrupción y una violación del Estado de derecho, señalando que la familia se encuentra en una posición vulnerable y desprotegida.

Finalmente, se enfatiza que la intervención del Estado en este conflicto ha favorecido a una de las partes sin justificación, lo que pone en riesgo la integridad del sistema legal en la provincia de San Juan.

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