La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena por °abuso de autoridad" a Martín Sabbatella, exdirector de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), durante el proceso de adecuación de oficio del Grupo Clarín a la Ley de Medios.
Argentina30 de octubre de 2024
Sures Noticias
El fallo provino del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo, quien le impuso seis meses de prisión en suspenso, inhabilitación especial por el doble de tiempo y al pago de las costas emergentes del proceso.
La defensa apeló la condena y la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el planteo. Ante esto, la defensa de Sabbatella presentó un recurso extraordinario que fue declarado inadmisible por la Cámara de Casación.
Finalmente, tras la presentación de un recurso de queja, el caso llegó al Máximo Tribunal que, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, desestimó el planteo. De esta manera, la condena contra Sabbatella quedó firme.
El descargo de Martín Sabbatella
El presidente de Nuevo Encuentro se pronunció sobre el caso durante la lectura de la sentencia y denunció un escenario de “lawfare” al que ya se refirió la expresidenta Cristina Kirchner. “Este caso es todo un gran disparate, sólo explicado en el gran problema que tenemos como democracia, que es el daño que le hacen los grupos hegemónicos mediáticos y la complicidad de esos grupos con parte del poder judicial”, acusó.
“Este juicio oral ha servido para que quede claro. Acá se buscó una medida disciplinadora y que demuestre que ellos están afuera de la ley”, dijo Sabbatella. La causa había sido impulsada por el juez federal Claudio Bonadio, quien procesó a Sabbatella y a otros miembros de AFSCA por haber abusado de su cargo. Se sostiene que el exfuncionario, designado en 2012 por decreto de Cristina Kirchner, “ordenó y avaló el trámite diferencial y arbitrario” contra el Grupo Clarín en el contexto del conflicto entre el conglomerado mediático y el Gobierno. El resto de los imputados fueron absueltos.
Además, Nuevo Encuentro publicó un comunicado en el que destacó que “lo que Martín intentó desde la AFSCA fue una osadía que Héctor Magnetto no podía permitir” y denunció que la sentencia persigue al funcionario que intentó el cumplimiento de la ley "y no a quienes se dedicaron a evadirla". “Por eso, en asociación con un sector de la Justicia afín al macrismo, coordinaron esta maniobra de lawfare con el único objetivo de disciplinar. Este es el precio que tendrá que cumplir nuestro compañero por enfrentarse a las mafias enquistadas del país. Se trató de una causa inventada, con el objetivo de perseguir y amedrentar”, aseguraron.
Diciembre registró una suba de precios del 2,8% y completó el séptimo mes consecutivo de aceleración. Mientras la inflación anual fue de 31,5%, una familia tipo necesita más de 1,3 millones de pesos para no ser pobre y los principales cortes de carne aumentaron más de 70% en un año.
La Asociación Trabajadores del Estado acusó a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica de desviar una partida de más de $3.863 millones que debían destinarse al pago de salarios y al mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén. El gremio exige explicaciones al nuevo presidente del organismo, Martín Porro, y anunció cortes sobre la Ruta Nacional 22 hasta que se garantiza el cobro íntegro de los haberes.
Ante el incumplimiento de cuotas alimentarias, el gobernador Axel Kicillof oficializó la ley 15.589 que veta el ingreso a casinos, salas de juegos de azar y bingos a personas morosas registradas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). La medida, aprobada por la Legislatura bonaerense y vigente desde fines de 2025, obliga a los operadores a verificar identidades y refuerza la responsabilidad estatal en la protección de derechos infantiles y adolescentes, sumando sanciones económicas y clausuras por incumplimiento.
Daniel Vera, docente jubilado de 64 años de Resistencia, Chaco, cumple seis meses bajo arresto domiciliario por publicaciones en Facebook que denunciaban el conflicto en Gaza y criticaban a figuras públicas como el presidente Javier Milei. La Justicia Federal, a cargo del juez Ariel Lijo, lo acusa de amenazas y apología al antisemitismo, pese a que la pena máxima es excarcelable y sus defensores denuncian persecución política.
Según el relevamiento anual de la Defensoría del Pueblo, en diciembre de 2025 una familia tipo necesitó casi $580 mil para no ser indigente y más de $1,28 millones para no caer bajo la línea de pobreza, en un año marcado por fuertes aumentos en carnes y alimentos industrializados, y una desaceleración general respecto de los años previos.
Este viernes 16 de enero, en la Casa de los Trabajadores, se realizará un acto con diálogo abierto, presentaciones artísticas y reclamos contra la persecución política y encarcelamiento de Milagro Sala bajo los gobiernos de Macri, Fernández y Milei. Participan e invitan referentes y organizaciones políticas, sindicales, sociales y de derechos humanos. La actividad es promovida por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba.
Ante el incumplimiento de cuotas alimentarias, el gobernador Axel Kicillof oficializó la ley 15.589 que veta el ingreso a casinos, salas de juegos de azar y bingos a personas morosas registradas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). La medida, aprobada por la Legislatura bonaerense y vigente desde fines de 2025, obliga a los operadores a verificar identidades y refuerza la responsabilidad estatal en la protección de derechos infantiles y adolescentes, sumando sanciones económicas y clausuras por incumplimiento.
El dirigente social y diputado nacional llegó caminando a la ciudad junto a militantes de Patria Grande, Argentina Humana y Córdoba Humana, y encabezó un encuentro tipo plaza en el Teatrino del Subnivel ante unas 300 personas, donde cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei, reivindicó la justicia social, la agenda de derechos humanos y pidió organización solidaria frente a “un momento de suma gravedad” para la democracia argentina.
El colectivo político-cultural recordó ayer con emoción a su compañero fallecido y agradeció la solidaridad de organizaciones sociales, políticas y gremiales que acompañaron a la comunidad Tinku.
La Asociación Trabajadores del Estado acusó a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica de desviar una partida de más de $3.863 millones que debían destinarse al pago de salarios y al mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén. El gremio exige explicaciones al nuevo presidente del organismo, Martín Porro, y anunció cortes sobre la Ruta Nacional 22 hasta que se garantiza el cobro íntegro de los haberes.