Ayer, miércoles 14, tuvo lugar la última audiencia del juicio contra el acusado de abusar de una joven de la comunidad Camiare Comechingón Pluma Blanca. El juez Gerardo Sebastián Romero absolvió a Jorge Ahumada, quien estaba acusado de cometer una serie de abusos sexuales, amenazas y coacciones contra una joven indígena.
Córdoba15 de agosto de 2024
Sures Noticias
El proceso penal comenzó en el mes de mayo, y fue prorrogado en reiteradas ocasiones a pedido del juez a cargo de la Cámara Criminal y Correccional de 2° nominación, en Tribunales 2.
Desde la Fiscalía de Cámara, representada por el fiscal Gustavo Dalma , en la audiencia anterior se reconocieron la desprotección de la víctima y la carencia de perspectiva de género e indígena con las que se abordó el caso inicialmente en Fiscalía de Instrucción de la localidad de Jesús María.
En dicha dependencia, no se ejecutaron los protocolos de acción, atención y asistencia en casos de delitos contra la integridad sexual, evadiendo el examen físico por medio del Cuerpo Médico Forense, y sin procurar ni conservar las pruebas esenciales para el correcto abordaje del delito.
Paradójicamente, El juez Gerardo Sebastián Romero bajo la argumentación de “carencia de pruebas materiales” declaró inocente y absuelto al abusador.
A la espera de los fundamentos del repudiable fallo del Juez, la abogada Eugenia Scarpinello se prepara para interponer un recurso de casación, lo que permitirá que la causa llegue al Tribunal Superior de Justicia con el objetivo de revertir la sentencia. Además, por su parte Fiscalía de Cámara presume hacer uso de este recurso.
“Hago responsable al poder judicial si sucede un hecho criminal en contra de la víctima o cualquier integrante de su comunidad.” Eugenia Scarpinello, respecto al desamparo que genera la injusta sentencia.
La familia continúa extendiendo el pedido de acompañamiento con más firmeza en este tiempo. También solicita la visibilización del caso y aportes económicos voluntarios para cubrir todos los gastos que implica el proceso.
Fuente: SISAS Medios de comunicación
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, que encabeza el ministro Walter Correa, expresó su “más enérgico repudio” al gesto del presidente Javier Milei de regalar el libro “Defendiendo lo indefendible”, cuyo capítulo sobre “el que contrata niños” legitima la explotación laboral de niñas y niños y choca frontalmente con la normativa nacional e internacional vigente.
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo de Martín Cormick, anuló la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación al considerar que criminaliza la protesta social, avanza sobre facultades del Congreso y vulnera estándares internacionales de derechos humanos, en una causa impulsada por el CELS y decenas de organizaciones.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.