A 180 días de la intervención por decreto del ENACOM, que se cumplen con fuertes retrocesos en materia de democracia informativa, participación ciudadana y Derecho a la comunicación, el Foro Argentino de Radios Comunitarias y CONTAC exigieron el pago de las deudas y la plena aplicación de la ley.
Argentina30 de julio de 2024
Sures Noticias
A seis meses de la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) por parte del gobierno de Javier Milei, la situación sigue siendo crítica. La Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas (CONTA) y el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) han denunciado varios problemas graves:
Desde FARCO señalan que esta situación contraviene el principio de autonomía del órgano regulador de medios y telecomunicaciones, subordina el control, la atribución y asignación de espectro para licencias audiovisuales y de telecomunicaciones al Poder Ejecutivo y le otorga plena discrecionalidad en la toma de todas las decisiones. De esta forma se elimina cualquier tipo de contralor del Congreso sobre el órgano que, en la Argentina, funciona simultáneamente como regulador y como autoridad de aplicación.
En este marco se destaca la paralización total del Fomento vigente por ley y con presupuesto asignado a la comunicación comunitaria, originaria y de frontera, que al borde del octavo mes del año presenta ejecución cero. Se retienen fondos de proyectos en desarrollo, se desconocen convenios firmados y concursos iniciados y, en un mensaje político de desprecio inédito en la historia del Ente, se niegan incluso a recibir a las redes y federaciones representantes de la comunicación comunitaria.
Con la misma excusa utilizada en otras áreas para retener y recortar alimentos, tratamientos de salud o pensiones, se implementa la figura de una "revisión" que en la práctica es una paralización total -en contraste con la celeridad para atender y expandir los negocios de los mismos de siempre- sobre fondos que devienen de los gravámenes que los propios medios tributamos al Ente.
La suspensión de las políticas públicas de conectividad en barrios populares, desregulación total y fuertes tarifazos, despido de trabajadores, cierre de delegaciones completan el panorama. Una intervención a tono con el escenario general de ultra concentración, autoritarismo, vaciamiento de los medios públicos, hostigamiento a periodistas (en particular mujeres), y promoción del acoso digital.
Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.
La Justicia de Chubut concedió la prisión domiciliaria a Mauricio Naum Vargas y Damián Andrés Díaz, activistas antimineros detenidos desde diciembre de 2025 por su participación en protestas contra la zonificación minera. Aunque un avance para sus familias, persiste el riesgo de retorno a prisión si el Superior Tribunal de Justicia ratifica las condenas, en medio de reclamos por criminalización de la protesta socioambiental.
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
El Cuerpo de Abogados del Ministerio de Seguridad de la Ciudad asumirá la defensa de Santiago Barrientos, acusado de matar de un tiro en la nuca a Víctor Vargas en Constitución, y de los vigilantes imputados por encubrimiento en el caso de Gabriel González en Lugano. Organizaciones de derechos humanos denuncian que esa estructura de defensa oficial termina financiando con impuestos la protección de agentes y privados involucrados en crímenes.
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
La Provincia vuelve a los mercados internacionales para tomar hasta 500 millones de dólares a 9 años, con alta tasa y fuerte concentración de vencimientos, profundizando un esquema de endeudamiento en moneda extranjera que traslada el costo a las próximas gestiones y a la ciudadanía.
La Justicia de Chubut concedió la prisión domiciliaria a Mauricio Naum Vargas y Damián Andrés Díaz, activistas antimineros detenidos desde diciembre de 2025 por su participación en protestas contra la zonificación minera. Aunque un avance para sus familias, persiste el riesgo de retorno a prisión si el Superior Tribunal de Justicia ratifica las condenas, en medio de reclamos por criminalización de la protesta socioambiental.
La Municipalidad de Cosquín confirmó daños intencionales en morteros rupestres de alto valor ceremonial ubicados en la Reserva Natural Río Yuspe‑Cosquín, donde se detectaron marcas de herramientas, retiro de cartelería informativa y bloqueo de senderos, y anunció denuncias penales para resguardar este patrimonio reconocido por la Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia.
Referentes de las tres centrales sindicales acordaron un plan de acción con movilizaciones en Córdoba y Rosario, paros el día del tratamiento parlamentario y un rechazo unificado a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei por considerar que implica un fuerte retroceso en derechos y condiciones de trabajo.