Este jueves 1 de agosto, a las 12, en la esquina de General Paz y Santa Rosa se realizará un abrazo a Radio Nacional Córdoba en defensa de su programación y en contra de las políticas de silenciamiento del gobierno nacional.
Córdoba30 de julio de 2024
Sures Noticias
En un comunicado desde el Cispren señalaron: Desde el lunes 8 de julio las emisoras de Radio Nacional de las provincias tienen su programación local parcialmente suspendida para retransmitir LRA1. En este momento, hay 49 emisoras de Radio Nacional, dentro de las que está Nacional Córdoba, que están silenciadas ya que sus programaciones locales están parcialmente suspendidas, retransmitiendo una programación edulcorada desde la capital del país.
La decisión de la dirección de Héctor Cavallero impone una programación unitaria que en su propia idea de federalismo baja contenidos que nada tienen que ver con lo que sucede en cada provincia, en un concepto de federalismo que se ve desde la ciudad de Buenos Aires.
Está medida no sólo afecta a las trabajadoras y trabajadores de este medio público en tanto que atraviesan un quite de tareas, sino también a las audiencias locales que ya no acceden a información local.
Por otra parte, las radios nacionales del interior del país no tienen acceso a sus redes ni poseen libertad para elegir las noticias que se redactan en el portal de la radio. Esto es, no pueden informar en redes ni promocionar sus trabajos.
Son estas algunas de las razones por las que se convoca a la ciudadanía a un abrazo simbólico a la radio, en defensa de los medios públicos y del derecho a la información.
Desde el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren), la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (Aatrac), Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación de Empleados de Correos y Telecomunicaciones (Alecyt) se convoca a este abrazo solidario:
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La Justicia de Córdoba hizo lugar a una demanda colectiva por la violación del derecho a la libertad (no) reproductiva de mujeres de Córdoba. La resolución judicial que marca un antes y un después en la libertad (no) reproductiva en Córdoba
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo de Martín Cormick, anuló la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación al considerar que criminaliza la protesta social, avanza sobre facultades del Congreso y vulnera estándares internacionales de derechos humanos, en una causa impulsada por el CELS y decenas de organizaciones.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.