Letrados de Constanza Taricco han presentado un Habeas Corpus en la fiscalía de Villa Dolores para resguardar a la mujer y sus hijos de las acciones ilegítimas ordenadas por la jueza de 1ra Nominación de Villa Dolores. que ordena entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Córdoba26 de julio de 2024
Sures Noticias
Esto fue comprobado con un ADN realizado en la causa penal que se tramita en el juzgado federal N° 2 que excluye al reclamante como padre biológico de la niña, y, por lo tanto, careció de legitimidad procesal para iniciar las acciones de restitución internacional que inició.
En el día de hoy se ha remitido al Tribunal Superior de Justicia una acción de inconstitucionalidad con el pedido de una medida cautelar que SUSPENDA LA SENTENCIA por la violación a los DDHH en el proceso en restitución.
La comunidad de traslasierra y diversas organizaciones, incluidas de DDHH, han solicitado a la justicia que realice una interpretación adecuada de las cláusulas contenidas en el Convenio de la Haya y ponderación de los derechos de la Convención de los Derechos del Niño: como el derecho a la identidad, el derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta.
Tensión
Durante la tarde noche de ayer un centenar de vecinos se reunieron en la puerta de la casa de Constanza a modo de vigilia para respaldar a Taricco, allí se hizo presentes un fuerte operativo de fuerzas de seguridad, quienes ejercieron violencia a los vecinxs y pasada la medianoche irrumpieron la casa y destruyeron la puerta, buscando a Constanza y sus hijos, los cuales no se encontraban allí, por lo cual se activó el protocolo de búsquedas de personas.
Apoyos
La familia Taricco ha recibido numerosos apoyos, entre los cuales se encuentran: Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba, Mesa de Trabajo de DDHH de Traslasierras, Asamblea transfeminista Trasla, Madres Protectoras Argentinas, UEPC Capital, Comision de la Memoria de Traslasierras, Justicia por Arco Iris, Colectivo Más Democracia de Córdoba, Mades Protectoras San Juan, Asamblea Paravachssca, Mesa de Derechos Humanos de Mina Clavero y Traslasierras, entre otros.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Fue un sector del establecimiento que aloja a mujeres detenidas en el complejo carcelario de Bouwer. En medio de una "supuesta" pelea entre dos internas del penal de mujeres de Bouwer, una presa murió en el lugar y otra falleció luego ser está internada. Organizaciones y referentes anticarcelarias contradicen la versión oficial y ubican el desenlace en el marco de reclamos.
Las condenas incluyeron a dos exmilitares, dos expolicías de la provincia de Santa Cruz y un exprefecto. Otros dos acusados fueron declarados inocentes. El tribunal consideró los actos como delitos de lesa humanidad y reconoció oficialmente los lugares como sitios de memoria. Los fundamentos de la decisión se darán a conocer el 13 de febrero.
La Justicia de Córdoba hizo lugar a una demanda colectiva por la violación del derecho a la libertad (no) reproductiva de mujeres de Córdoba. La resolución judicial que marca un antes y un después en la libertad (no) reproductiva en Córdoba
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
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Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.