Letrados de Constanza Taricco han presentado un Habeas Corpus en la fiscalía de Villa Dolores para resguardar a la mujer y sus hijos de las acciones ilegítimas ordenadas por la jueza de 1ra Nominación de Villa Dolores. que ordena entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Córdoba26 de julio de 2024
Sures Noticias
Esto fue comprobado con un ADN realizado en la causa penal que se tramita en el juzgado federal N° 2 que excluye al reclamante como padre biológico de la niña, y, por lo tanto, careció de legitimidad procesal para iniciar las acciones de restitución internacional que inició.
En el día de hoy se ha remitido al Tribunal Superior de Justicia una acción de inconstitucionalidad con el pedido de una medida cautelar que SUSPENDA LA SENTENCIA por la violación a los DDHH en el proceso en restitución.
La comunidad de traslasierra y diversas organizaciones, incluidas de DDHH, han solicitado a la justicia que realice una interpretación adecuada de las cláusulas contenidas en el Convenio de la Haya y ponderación de los derechos de la Convención de los Derechos del Niño: como el derecho a la identidad, el derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta.
Tensión
Durante la tarde noche de ayer un centenar de vecinos se reunieron en la puerta de la casa de Constanza a modo de vigilia para respaldar a Taricco, allí se hizo presentes un fuerte operativo de fuerzas de seguridad, quienes ejercieron violencia a los vecinxs y pasada la medianoche irrumpieron la casa y destruyeron la puerta, buscando a Constanza y sus hijos, los cuales no se encontraban allí, por lo cual se activó el protocolo de búsquedas de personas.
Apoyos
La familia Taricco ha recibido numerosos apoyos, entre los cuales se encuentran: Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba, Mesa de Trabajo de DDHH de Traslasierras, Asamblea transfeminista Trasla, Madres Protectoras Argentinas, UEPC Capital, Comision de la Memoria de Traslasierras, Justicia por Arco Iris, Colectivo Más Democracia de Córdoba, Mades Protectoras San Juan, Asamblea Paravachssca, Mesa de Derechos Humanos de Mina Clavero y Traslasierras, entre otros.
La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La Justicia de Córdoba hizo lugar a una demanda colectiva por la violación del derecho a la libertad (no) reproductiva de mujeres de Córdoba. La resolución judicial que marca un antes y un después en la libertad (no) reproductiva en Córdoba
Gloria Cisneros recorre en moto los caminos de tierra entre Taco Pozo y el paraje La Sara para dar clases en la escuela rural “Don Carlos Arnaldo Jaime”, donde introdujo tecnología, paneles solares, conectividad e inteligencia artificial en un territorio sin agua potable ni servicios básicos; ahora compite por el Global Teacher Prize 2026 y proyecta construir una residencia estudiantil si gana el premio de un millón de dólares.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
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El Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo de Martín Cormick, anuló la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación al considerar que criminaliza la protesta social, avanza sobre facultades del Congreso y vulnera estándares internacionales de derechos humanos, en una causa impulsada por el CELS y decenas de organizaciones.
En la cuarta audiencia de su alegato, los representantes del MPF abordaron las responsabilidades y efectuaron el pedido de penas por los hechos cometidos por los imputados -civiles, exmilitares y expolicías- contra 294 personas, en las sedes policiales que funcionaron en los cuerpos de Infantería y Caballería y en las comisarías 2da. y 8va. de la policía provincial. Además, requirieron una serie de medidas de reparación.
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