La Comunidad Pluma Blanca, junto con diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos y colectivos políticos de apoyo a comunidades indígenas, convoca a una movilización el próximo 25 de julio de 2024 a las 9 hs. en Tribunales Penales de Córdoba Capital, Cámara Criminal Número 2. Fructuosa Rivera 720. En esa fecha se llevará a cabo la última audiencia en la Cámara Criminal Número 2 de los Tribunales Penales de Córdoba Capital, donde se presentarán los alegatos y se dictará el veredicto en la causa que investiga crímenes contra la integridad sexual y amenazas hacia una integrante femenina de dicha comunidad.
Córdoba15 de julio de 2024
Sures Noticias
El juicio es un momento crucial para la Comunidad Pluma Blanca, que ha sido víctima de múltiples crímenes, incluyendo hostigamiento, abusos, violación de la propiedad, matanza de animales y colocación de explosivos. La posibilidad de una absolución del acusado no solo representaría un golpe devastador para la salud psicológica de la víctima, sino que también podría sentar un peligroso precedente de impunidad, poniendo en riesgo la integridad y seguridad de toda la comunidad.
Por ello, solicitan a la justicia que actúe con firmeza y condene al acusado, garantizando así una mínima reparación para la víctima y enviando un mensaje claro en contra de la violencia y la impunidad.
Eugenia Scarpinello, abogada querellante, solicitó que el racismo y clasismo no sea perpetuado en el Poder Judicial y aboga por una sentencia con perspectiva indígena y de género.
Y agrego "La justicia debe ser accesible para todos. Este caso es un llamado urgente a la acción y la solidaridad con los Pueblos Indígenas de Argentina".
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Fue un sector del establecimiento que aloja a mujeres detenidas en el complejo carcelario de Bouwer. En medio de una "supuesta" pelea entre dos internas del penal de mujeres de Bouwer, una presa murió en el lugar y otra falleció luego ser está internada. Organizaciones y referentes anticarcelarias contradicen la versión oficial y ubican el desenlace en el marco de reclamos.
La Justicia de Córdoba hizo lugar a una demanda colectiva por la violación del derecho a la libertad (no) reproductiva de mujeres de Córdoba. La resolución judicial que marca un antes y un después en la libertad (no) reproductiva en Córdoba
La identificación fue efectuada por el Equipo Argentino de Antropología Forense utilizando restos óseos hallados en una fosa de inhumación clandestina situada en las instalaciones del Arsenal Miguel de Azcuénaga. Argañaraz fue secuestrado en 1977 en la localidad de Monteros, en la provincia de Tucumán, junto a su hermano.
La Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, que encabeza el ministro Walter Correa, expresó su “más enérgico repudio” al gesto del presidente Javier Milei de regalar el libro “Defendiendo lo indefendible”, cuyo capítulo sobre “el que contrata niños” legitima la explotación laboral de niñas y niños y choca frontalmente con la normativa nacional e internacional vigente.
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.