En un texto publicado en sus redes sociales la organización de DDHH de Córdoba puntualizó: Maxi y Darío ¡Presentes! A 22 años de la Masacre de Avellaneda, levantamos la voz por justicia y rechazo a la represión de la protesta social. En este nuevo aniversario de la fatal emboscada, ejecutada por los gobiernos nacional y de la provincia de Buenos Aires, la derecha fascistoide en el poder continúa intensificando la persecución y criminalización de aquellos que luchan por derechos fundamentales.
Córdoba26 de junio de 2024
Sures Noticias
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La Masacre de Avellaneda, que este miércoles marca su vigésimo segundo aniversario, permanecerá en la memoria colectiva como uno de los actos más atroces de represión estatal contra grupos populares desde 1983 hasta hoy. El asesinato a quemarropa de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán por parte del comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta de la Policía Bonaerense, y las 33 personas heridas por balas de plomo, son testimonio de ello.
Además del saldo sangriento, se debe considerar el "mensaje" explícito dirigido a la sociedad por parte de los gobiernos de aquel entonces, tanto el nacional de Eduardo Duhalde como el provincial de Felipe Solá: después de las jornadas de lucha de diciembre de 2001, en las que la movilización popular arrincono a Fernando de la Rúa y Domingo Cavallo, el gobierno de turno decidió dar una lección a aquellos que se organizaban en defensa de derechos fundamentales como el empleo, la alimentación, la salud, la educación y la vivienda.
En la actualidad, se están llevando a cabo dos procesos judiciales relacionados con las responsabilidades políticas en la Masacre de Avellaneda. Uno se desarrolla en los tribunales federales de Comodoro Py, con imputaciones a Duhalde, su exjefe de Gabinete Alfredo Atanasof, el excanciller Carlos Ruckauf y el exsecretario de Seguridad Interior Juan José Álvarez. El otro proceso tiene lugar en Lomas de Zamora, dentro de la jurisdicción provincial, donde se acusa a Solá y a su antiguo ministro de Justicia y Seguridad Luis Genoud, quien más tarde fue parte de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires hasta su jubilación en abril anterior.
Las querellas, representadas por los familiares de Maxi y Darío, sostienen que estos casos permanecen abiertos y estancados, sin progresar hacia juicios orales y públicos, debido a la aparente complicidad del Poder Judicial con los responsables de ordenar la represión aquel 26 de junio.
juicio y castigo a los responsables materiales y políticos.
Maxi y Darío ¡Presentes!
Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba
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