A 4 meses de gobierno y sus políticas de desguace del estado, Milei recibió su primer pedido de Juicio Político, impulsado por Alicia Castro, Claudio Lozano, Adolfo Pérez Esquivel, el exjuez Carlos Rozanski; la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, entre muchos otrxs firmantes.
Argentina 23 de abril de 2024
Sures Noticias
Este lunes, se introdujo una solicitud de juicio político contra el presidente Javier Milei por "mal desempeño en sus funciones y posible comisión de delitos".
El documento, de aproximadamente 25 páginas, fue elaborado por un colectivo de activistas de derechos humanos y personalidades del ámbito cultural argentino, quienes exigen que se investigue al mandatario y a sus funcionarios por varios delitos potenciales, incluyendo la "instigación a cometer delitos", "apología del delito" e "incitación a la comisión de delitos financieros".
Además, el documento menciona un posible delito de abandono de personas y el incumplimiento de los deberes de funcionario público por el "desmantelamiento de los recursos asignados al Plan Nacional Argentina Contra el Hambre y la suspensión de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales".
Por otro lado, los denunciantes sostienen que podría haber una "malversación de fondos públicos" y "malversación por el desmantelamiento de la educación pública".
Próximamente, el documento será presentado ante la Comisión de Juicio Político. Para que el documento avance, se requiere el voto afirmativo de dos tercios de los miembros presentes en la Cámara Baja, un objetivo complicado para la oposición en la actualidad.
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Texto completo del pedido de juicio político
En un operativo desmedido, violento e ilegal, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a Sergio Melo y Damián Pereyra, trabajadores y militantes de la CTA Autónoma.
Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar sexualmente de la hermana de un militante el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta. Tras revisar la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la impugnación planteada por la defensa del exjefe policial solo “resulta de su disconformidad” con el fallo.
Los procesamientos y prisiones preventivas de manifestantes van en línea con la estrategia de criminalización que impulsa el Gobierno para limitar el ejercicio del derecho a la protesta. Nos presentamos como amicus curiae ante la Cámara Federal de Apelaciones, señala el CELS.
Análisis de los despidos y suspensiones en el primer semestre del 2024: relevamiento de casos paradigmáticos en industria y servicios elaborado por CEPA (Centro de Economía Política Argentina).
Manifestants pertenecientes a sindicatos y movimientos populares, fueron reprimidos y luego detenidos en condiciones irregulares, sin haber estar claros los motivos de las detenciones, fueron trasladados a distintas dependencias policiales. Desde el colectivo ANDHES, del norte del país, interpusieron un recurso de Habeas Corpus frente a la justicia provincial por las personas detenidas.
EL Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba expresó su repudio y rechazo a la acción que, bajo el pretexto de una "visita humanitaria", envía un mensaje claro a la sociedad. Junto con otras actitudes del gobierno, esto parece legitimar las acciones del terrorismo de estado en nuestra historia reciente. Tambien sumaron su repudio el Partido Nuevo Encuentro de Córdoba y la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba
Con fecha 16 de julio la progenitora presentó su caso en el Comité Internacional de los derechos del Niño denunciando a la Argentina por vulnerar los derechos de sus hijos. Solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos de la sentencia del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ra Nominación de Villa Dolores, que ordena entregar dos menores de edad a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
El 12 de agosto está previsto que inicie el juicio contra Alejandro Bodart, dirigente político de izquierda, diputado porteño (mc) y director de la revista Revolución Permanente, de la Liga Internacional Socialista, por la causa penal que le iniciara la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas).
La jueza Sandra Cuneo, titular del Juzgado Civil de Villa Dolores, ordenó entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos, comprobado con un ADN realizado en la causa penal que se tramita en el juzgado federal N° 2 que excluye al reclamante como padre biológico de la niña, y, por lo tanto, careció de legitimidad procesal para iniciar las acciones de restitución internacional que inició. La madre cordobesa fue respaldada por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDH de Córdoba la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra.
Letrados de Constanza Taricco han presentado un Habeas Corpus en la fiscalía de Villa Dolores para resguardar a la mujer y sus hijos de las acciones ilegítimas ordenadas por la jueza de 1ra Nominación de Villa Dolores. que ordena entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Ayer se realizó la audiencia que determinaría el veredicto y la sentencia contra el individuo acusado de múltiples delitos contra la integridad sexual de una mujer en la comunidad de Córdoba.
Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar sexualmente de la hermana de un militante el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta. Tras revisar la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la impugnación planteada por la defensa del exjefe policial solo “resulta de su disconformidad” con el fallo.