El gobierno ya despidió a 231 trabajadores del Instituto del Cine. Más de 700 familias corren el riesgo de quedarse sin hogar. El gobierno de Javier Milei emitió una resolución para formalizar el cierre del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). De manera similar a lo sucedido con Télam, se definió su cierre virtual y se otorgó licencia a los empleados para su posterior reubicación y reasignación de tareas. Esta decisión se atribuye al "contexto de crisis económica general y al significativo déficit fiscal que el país ha enfrentado durante décadas".
Argentina22 de abril de 2024
Sures Noticias
"Suprimir toda Unidad Organizativa creada en el ámbito del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES que no se corresponda con las aprobadas por la presente Resolución.", determinó el gobierno nacional en la resolución 62/2024.
“En el contexto de la crisis económica general e importante déficit fiscal que atraviesa el país desde hace décadas (..) se propicia -para el Incaa- una estructura que conlleve a mecanismos y procesos más ágiles, además de un menor costo presupuestario”, apunta la resolución que indica que busca “cumplir de una forma eficaz y eficiente con la responsabilidad primaria que por Ley corresponde al Instituto, resulta necesario modificar la estructura organizativa del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa)”.
En este contexto, la resolución afirma que es imprescindible "la eliminación de Unidades Operativas de primero, segundo, tercero y cuarto nivel operativo, así como de las Funciones Ejecutivas y de Jefatura de los cargos previamente establecidos, una reorganización general de actividades y una revisión subsiguiente del personal asignado al Instituto".
De esta manera, sólo permanecerán las áreas de Gerencia General, de Asuntos Legales, de Administración y Finanzas y de Políticas Públicas y se eliminarán las gerencias de Fomento, de Asuntos Institucionales, de Exhibición y Audiencias y de Fiscalización a la Actividad Audiovisual. Por su parte, y dentro del proyecto de la Ley Ómnibus, el Gobierno puntualizó en la modificación del financiamiento del INCAA, al mismo tiempo que suspendió las contrataciones, apoyos y aportes institucionales y el pago de horas extras.
Según informaron en NA, todos los trabajadores y trabajadoras, alrededor de 700 personas, recibirán una licencia obligatoria, hasta que finalice la reorganización interna de la entidad, que se llevará a cabo en los próximos días. Representantes sindicales afirmaron que tampoco funcionarían las salas que dependen del organismo (en cuanto a la exhibición comercial y de estrenos), sin embargo, están aseguradas las funciones correspondientes al Festival Bafici 2024 previstas para este lunes en el cine Gaumont, una de las sedes más importantes del evento.
El 19 de abril, unos 254 trabajadores de Fomento, Unidad Operativa de Gestión, CAEC, Fiscalización, Exhibición y Audiencias recibieron notificaciones indicando que a partir de este lunes deben dejar de asistir al trabajo y que pasan a un proceso de reasignación de funciones. A los trabajadores del Cine Gaumont se les pidió que no vayan, siendo un cine comercial que tiene el compromiso de exhibición con el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI), el segundo festival de cine más importante del país.
Fuente: El Destape
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
Gloria Cisneros recorre en moto los caminos de tierra entre Taco Pozo y el paraje La Sara para dar clases en la escuela rural “Don Carlos Arnaldo Jaime”, donde introdujo tecnología, paneles solares, conectividad e inteligencia artificial en un territorio sin agua potable ni servicios básicos; ahora compite por el Global Teacher Prize 2026 y proyecta construir una residencia estudiantil si gana el premio de un millón de dólares.
Fue un sector del establecimiento que aloja a mujeres detenidas en el complejo carcelario de Bouwer. En medio de una "supuesta" pelea entre dos internas del penal de mujeres de Bouwer, una presa murió en el lugar y otra falleció luego ser está internada. Organizaciones y referentes anticarcelarias contradicen la versión oficial y ubican el desenlace en el marco de reclamos.
Gloria Cisneros recorre en moto los caminos de tierra entre Taco Pozo y el paraje La Sara para dar clases en la escuela rural “Don Carlos Arnaldo Jaime”, donde introdujo tecnología, paneles solares, conectividad e inteligencia artificial en un territorio sin agua potable ni servicios básicos; ahora compite por el Global Teacher Prize 2026 y proyecta construir una residencia estudiantil si gana el premio de un millón de dólares.
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.