El jueves pasado, la policía provincial con orden de la fiscal Marina Villagra, reprimió a las familias de la comunidad indígena Peñas Negras ubicada en el departamento de Belén, Catamarca.
Argentina 14 de abril de 2024
Sures Noticias
El vienes, la policía provincial con orden de la fiscal Marina Villagra, reprimió a las familias de la comunidad indígena Peñas Negras ubicada en el departamento de Belén, Catamarca.
Felix, un abuelo de 80 años, fue empujado por la policía por resistir junto a las familias contra la instalación de la empresa minera Elevado Gold que obtuvo permisos de exploración sin el consentimiento de la comunidad y en una zona que, según manifiestan, debería estar protegida.
Miembros de la comunidad y la abogada de la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita de Belén y Tinogasta, Andrea Morales Leanza, expresaron que están dispuestos a “dar la vida”, mientras esperaban que se ejecute una medida de la fiscalía de Belén para instalar un campamento policial que, consideran, es una medida intimidatoria y que apunta garantizar la actividad de la empresa minera Elevado Gold.
“La comunidad de Peñas Negras se resiste, se niega en su derecho a que se lleve a cabo la actividad minera en su territorio, y la fiscal ordena ir por la fuerza y plantar los campamentos mineros”, explicó la abogada, quien consideró que “están poniendo en riesgo la paz social de esa comunidad, que se están armando con lo que tienen para resistir, porque están dispuestos a dar la vida para evitar que se instale la minera”.
Fuente: Sisasmedio y El Esquiú
Por sus declaraciones públicas tras visitar represores, la Comisión por la Memoria presentó hoy una denuncia penal contra el diputado nacional Beltran Benedit (LLA) por el delito de apología del crimen, según lo estipula el artículo 213 del Código Penal.
Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar sexualmente de la hermana de un militante el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta. Tras revisar la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la impugnación planteada por la defensa del exjefe policial solo “resulta de su disconformidad” con el fallo.
Fue por decisión de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, quien resaltó el relato aportado por la denunciante. Además, quedó firme el embargo al imputado por un monto de 1.500.000 pesos.
Análisis de los despidos y suspensiones en el primer semestre del 2024: relevamiento de casos paradigmáticos en industria y servicios elaborado por CEPA (Centro de Economía Política Argentina).
Integrantes de todo el territorio plurinacional, asambleas socioambientales, comunidades indígenas, organizaciones y activistas autoconvocades pusieron en pie una campaña contra la adhesión al RIGI *Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones* en cada provincia y localidad. Escribieron una carta como propuesta colectiva que tiene como objetivo hacerla llegar a legisladores, diputados y concejales.
La Justicia le había dado al Ministerio de Capital Humano 48 horas para informar sobre el tema.
Con fecha 16 de julio la progenitora presentó su caso en el Comité Internacional de los derechos del Niño denunciando a la Argentina por vulnerar los derechos de sus hijos. Solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos de la sentencia del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ra Nominación de Villa Dolores, que ordena entregar dos menores de edad a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
El 12 de agosto está previsto que inicie el juicio contra Alejandro Bodart, dirigente político de izquierda, diputado porteño (mc) y director de la revista Revolución Permanente, de la Liga Internacional Socialista, por la causa penal que le iniciara la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas).
La jueza Sandra Cuneo, titular del Juzgado Civil de Villa Dolores, ordenó entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos, comprobado con un ADN realizado en la causa penal que se tramita en el juzgado federal N° 2 que excluye al reclamante como padre biológico de la niña, y, por lo tanto, careció de legitimidad procesal para iniciar las acciones de restitución internacional que inició. La madre cordobesa fue respaldada por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDH de Córdoba la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra.
Letrados de Constanza Taricco han presentado un Habeas Corpus en la fiscalía de Villa Dolores para resguardar a la mujer y sus hijos de las acciones ilegítimas ordenadas por la jueza de 1ra Nominación de Villa Dolores. que ordena entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Ayer se realizó la audiencia que determinaría el veredicto y la sentencia contra el individuo acusado de múltiples delitos contra la integridad sexual de una mujer en la comunidad de Córdoba.
Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar sexualmente de la hermana de un militante el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta. Tras revisar la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la impugnación planteada por la defensa del exjefe policial solo “resulta de su disconformidad” con el fallo.