El Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos repudió enfáticamente al procurador Eduardo Casal por el llamado de atención que efectuó al fiscal Miguel Ángel Palazzani por haber enviado el 28 de marzo un oficio al Ministro de Defensa, Luis Petri, solicitándole que preserve toda la documentación en poder de las Fuerzas Armadas correspondientes al período 1976/1983.
Argentina 14 de abril de 2024
Sures Noticias
El pampeano hizo esa solicitud porque Defensa ha desmantelado el área que analiza los archivos, despidiendo a 10 de los 13 expertos que se ocupaban de contribuir en las causas contra el Terrorismo de Estado. "Nos solidarizamos con el Dr. Palazzani y destacamos su valiosísimo compromiso en la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia, acompañándonos en este camino desde el año 2003, siendo querellante en el Primer Juicio de Lesa Humanidad, y luego Fiscal en los dos tramos siguientes, con una actitud inquebrantable , solidaria y profesional", señaló el movimiento en un comunicado.
"Entendemos que en este tiempo en que se pretende instalar el Negacionismo , la teoría de los dos Demonios y la Desmemoria, la actitud irresponsable del Procurador Interino, cuyo objetivo es " disciplinar" o " amedrentar" va en sintonía con el pensamiento y la Política de este Gobierno que vino a desmantelar y romper todos los derechos y conquistas del Campo Popular", añadió.
"Así como nos solidarizamos y respaldamos al Dr. Miguel A. Palazzani, quien está actuando como Fiscal en las causas de Neuquén y Bahía Blanca, hacemos un llamado a todos los actores de la Sociedad comprometidos para seguir respaldando y sosteniendo este proceso de Memoria, Verdad y Justicia que se viene desarrollando en todo el país, y que no podemos permitir que sea interrumpido. A cuarenta años de la recuperación de la Democracia, seguiremos gritando como siempre: ¡NUNCA MAS!", completó.
En tanto la Asociación Pensamiento Penal manifiestó su preocupación por la sanción impuesta por el procurador general interino, Eduardo Casal, al fiscal federal Miguel Palazzani.
Esto se debió a que el fiscal pidió al Ministro de Defensa, Luis Petri, que preserve la prueba referente a la última dictadura cívico-militar obrante en los archivos de dicho ministerio.
El gobierno nacional decidió desmantelar prácticamente el área de Defensa que investiga los crímenes de la dictadura. Por ello, ya no funcionarán prácticamente los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de archivos que fueron creados en 2010 y aportaban a las causas por delitos de lesa humanidad.
En ese contexto, el fiscal, a cargo de las Unidades de Derechos Humanos de Bahía Blanca y Neuquén, requirió en cumplimiento de su deber la preservación de las pruebas que se hallan en el Ministerio de Defensa, por lo que fue sancionado.
A 40 años de democracia, instamos a todos los responsables de hacer aplicar la ley y a redoblar los esfuerzos para que los juicios de lesa humanidad se lleven adelante con prontitud y que se esclarezcan los casos pendientes.
A través de una medida de no innovar que dictó a pedido de la Fiscalía de La Plata, el juez federal Ernesto Kreplak. La medida pretende que la documentación no pueda ser modificada, mudada o cambiada • En marzo se comenzó a desarmar la política de Memoria, Verdad y Justicia que se implementaba desde hace catorce años.
Los imputados militares fueron responsables de la Sección de Inteligencia del Ejército y el principal colaborador del jefe del Área Militar 132, mientras que los civiles están sindicados como responsables de haber cruzado sobre la ruta la camioneta que embistió el vehículo que conducía el prelado. En la causa se investiga un atentado, tras la anulación de la sentencia que había declarado en 1978 que los hechos fueron un incidente vial.
La iniciativa es de la Multisectorial Federal de la República Argentina, un espacio que se basa en principios de inclusión, participación y respeto a la diversidad. Valora todos los aportes, ya sea desde un enfoque técnico, profesional o representativo de espacios específicos y creen que la diversidad de perspectivas enriquece las discusiones y fortalece sus propuestas para la construcción de una Argentina Justa, Libre y Soberana.
En un operativo desmedido, violento e ilegal, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a Sergio Melo y Damián Pereyra, trabajadores y militantes de la CTA Autónoma.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ha prohibido a sus trabajadores el uso de términos como "agroecología", "cambio climático", "género", "sustentabilidad", "biodiversidad", "huella de carbono" y "prohuerta" en documentos y publicaciones del organismo. Esta medida ha sido denunciada por la Asociación del Personal del INTA (Apinta), que señala que la censura afecta el desarrollo del Plan Estratégico Institucional 2015-2030.
A través de un comunicado Abuelas señaló que, por medio de un decreto, el Gobierno pretende eliminar una unidad de investigación fundamental que busca garantizar el derecho a la verdad y a la identidad.
Con fecha 16 de julio la progenitora presentó su caso en el Comité Internacional de los derechos del Niño denunciando a la Argentina por vulnerar los derechos de sus hijos. Solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos de la sentencia del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ra Nominación de Villa Dolores, que ordena entregar dos menores de edad a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Un estudio del Centro de Almaceneros revela que, debido a la escasez de plata, se intensifica la práctica de omitir comidas (con padres y madres que no comen para que sus hijos puedan hacerlo), y las meriendas se están convirtiendo en cenas.
La jueza Sandra Cuneo, titular del Juzgado Civil de Villa Dolores, ordenó entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos, comprobado con un ADN realizado en la causa penal que se tramita en el juzgado federal N° 2 que excluye al reclamante como padre biológico de la niña, y, por lo tanto, careció de legitimidad procesal para iniciar las acciones de restitución internacional que inició. La madre cordobesa fue respaldada por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDH de Córdoba la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra.
Letrados de Constanza Taricco han presentado un Habeas Corpus en la fiscalía de Villa Dolores para resguardar a la mujer y sus hijos de las acciones ilegítimas ordenadas por la jueza de 1ra Nominación de Villa Dolores. que ordena entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Ayer se realizó la audiencia que determinaría el veredicto y la sentencia contra el individuo acusado de múltiples delitos contra la integridad sexual de una mujer en la comunidad de Córdoba.
Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar sexualmente de la hermana de un militante el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta. Tras revisar la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la impugnación planteada por la defensa del exjefe policial solo “resulta de su disconformidad” con el fallo.