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El Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos repudió enfáticamente al procurador Eduardo Casal por el llamado de atención que efectuó al fiscal Miguel Ángel Palazzani por haber enviado el 28 de marzo un oficio al Ministro de Defensa, Luis Petri, solicitándole que preserve toda la documentación en poder de las Fuerzas Armadas correspondientes al período 1976/1983.
Argentina14 de abril de 2024El pampeano hizo esa solicitud porque Defensa ha desmantelado el área que analiza los archivos, despidiendo a 10 de los 13 expertos que se ocupaban de contribuir en las causas contra el Terrorismo de Estado. "Nos solidarizamos con el Dr. Palazzani y destacamos su valiosísimo compromiso en la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia, acompañándonos en este camino desde el año 2003, siendo querellante en el Primer Juicio de Lesa Humanidad, y luego Fiscal en los dos tramos siguientes, con una actitud inquebrantable , solidaria y profesional", señaló el movimiento en un comunicado.
"Entendemos que en este tiempo en que se pretende instalar el Negacionismo , la teoría de los dos Demonios y la Desmemoria, la actitud irresponsable del Procurador Interino, cuyo objetivo es " disciplinar" o " amedrentar" va en sintonía con el pensamiento y la Política de este Gobierno que vino a desmantelar y romper todos los derechos y conquistas del Campo Popular", añadió.
"Así como nos solidarizamos y respaldamos al Dr. Miguel A. Palazzani, quien está actuando como Fiscal en las causas de Neuquén y Bahía Blanca, hacemos un llamado a todos los actores de la Sociedad comprometidos para seguir respaldando y sosteniendo este proceso de Memoria, Verdad y Justicia que se viene desarrollando en todo el país, y que no podemos permitir que sea interrumpido. A cuarenta años de la recuperación de la Democracia, seguiremos gritando como siempre: ¡NUNCA MAS!", completó.
En tanto la Asociación Pensamiento Penal manifiestó su preocupación por la sanción impuesta por el procurador general interino, Eduardo Casal, al fiscal federal Miguel Palazzani.
Esto se debió a que el fiscal pidió al Ministro de Defensa, Luis Petri, que preserve la prueba referente a la última dictadura cívico-militar obrante en los archivos de dicho ministerio.
El gobierno nacional decidió desmantelar prácticamente el área de Defensa que investiga los crímenes de la dictadura. Por ello, ya no funcionarán prácticamente los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) de archivos que fueron creados en 2010 y aportaban a las causas por delitos de lesa humanidad.
En ese contexto, el fiscal, a cargo de las Unidades de Derechos Humanos de Bahía Blanca y Neuquén, requirió en cumplimiento de su deber la preservación de las pruebas que se hallan en el Ministerio de Defensa, por lo que fue sancionado.
A 40 años de democracia, instamos a todos los responsables de hacer aplicar la ley y a redoblar los esfuerzos para que los juicios de lesa humanidad se lleven adelante con prontitud y que se esclarezcan los casos pendientes.
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