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Hambre. El Gobierno apeló el fallo que exigía detalles sobre el reparto de alimentos
La Justicia le había dado al Ministerio de Capital Humano 48 horas para informar sobre el tema.
En un comunicado con el título "Condenamos la reciente violencia contra el pueblo" El Frente por la Soberanía Nacional señala que el gobierno libertario ha atacado como en las mejores épocas de la dictadura a los trabajadores de prensa, movileros, fotógrafos, camarógrafos, quieren acallar las voces diferentes, las que se oponen a sus políticas de quita de derechos y desguace del Estado, a la par de una entrega vergonzosa de la soberanía de la patria.
Argentina 13 de abril de 2024Comunicado completo
El Frente por la Soberanía Nacional repudia la creciente ola de violencia que se descarga sobre el pueblo argentino desde la asunción del actual gobierno.
Con una reconocida política negacionista el gobierno está dando luz verde a los grupos de mercenarios y sicarios que han comenzado un ataque sistemático contra reconocidos referentes de los DDHH y partícipes activos en los juicios de lesa humanidad contra el terrorismo de estado.
Ya son más tres los ataques y amenazas siendo el más grave el sufrido por la militante de HIJOS de CABA.
También condenamos los crímenes de humildes trabajadores de Rosario, ciudad que sufre el experimento piloto en el que la narcopolítica parece ser más fuerte que las instituciones de la República.
El último crimen cometido fue el que tuvo como víctima a un dirigente campesino del MOCASE -VC a manos de una banda armada al servicio de un empresario sojero, en el Dpto Alberdi de la provincia de Santiago del Estero. Y en la últimas horas lapolicia catamarqueña al servicio de una minera multinacional hirió a un anciano lugareño de 80 años que resistió pacíficamente a la usurpación
La apropiación de las tierras de los pueblos originarios y los campesinos pobres no es un problema iniciado con este gobierno, viene de décadas atrás. Pero hay gobiernos que facilitan y dan más impunidad que otros.
En el sur de nuestro país los que se apropian de las tierras públicas o terrenos ancestrales de la nación Mapuche son directamente extranjeros, potentados como Joe Lewis. Mientras los referentes y luchadores del pueblo mapuche son perseguidos y encarcelados por causas judiciales armadas.
Ante la resistencia de los trabajadores estatales han utilizado la presencia violenta de efectivos militares en los lugares de trabajo impidiendo la realización de asambleas, o el ingreso de los trabajadores a sus lugares de tareas.
Lo primero que hizo este gobierno ni bien asumió fue un protocolo de seguridad, argumento para reprimir a todo aquel que se levante ante las injusticias, quieren impedir la movilización popular.
Han atacado como en las mejores épocas de la dictadura a los trabajadores de prensa, movileros, fotógrafos, camarógrafos, quieren acallar las voces diferentes, las que se oponen a sus políticas de quita de derechos y desguace del Estado, a la par de una entrega vergonzosa de la soberanía de la patria.
La utilización de bandas de civiles armados, parapoliciales o sicarios para amedrentar a la población son recursos típicos de lo que fue el inicio de la Dictadura que vivimos los habitantes del suelo patrio.
Del servicio de inteligencia manejado por el Ejército, el asesoramiento de la DEA y el Mossad nada bueno puede esperar el pueblo.
En este contexto si el Congreso delega facultades al Presidente, teniendo en cuenta lo que ya ha hecho con el DNU sería el tiro de gracia para la maltratada democracia que tenemos.
Sólo el Pueblo movilizado podrá frenar este feroz ataque, obligando a los congresales que actúen como se debe, porque sino lo hacen serán demandados, como el año 2001 cuando se exigió "que se vayan todos", pero esta vez podrán ser imputados como "traidores a la Patria".
A la Justicia no se le puede permitir que sea cómplice de un gobierno como mínimo autoritario, nuestro pueblo ya sufrió esa complicidad durante la Dictadura y todavía no se han juzgado a todos los que protagonizaron esos delitos.
Instamos a todos los sectores populares, políticos sindicales, sociales, estudiantiles, feministas, de la pymes, del campesinado, de la ciencia y la cultura, a las diversidades y a los pueblos originarios a convertirnos en una verdadera expresión del poder popular para doblarle el brazo a esta política violenta que sólo busca beneficiar al gran capital financieros y sus socios cipayos.
Construir la unidad en la acción es la tarea, porque solo el PUEBLO UNIDO NO SERÁ
VENCIDO!
¡NUNCA MÁS ES NUNCA MÁS!
La Justicia le había dado al Ministerio de Capital Humano 48 horas para informar sobre el tema.
Integrantes de todo el territorio plurinacional, asambleas socioambientales, comunidades indígenas, organizaciones y activistas autoconvocades pusieron en pie una campaña contra la adhesión al RIGI *Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones* en cada provincia y localidad. Escribieron una carta como propuesta colectiva que tiene como objetivo hacerla llegar a legisladores, diputados y concejales.
A través de una medida de no innovar que dictó a pedido de la Fiscalía de La Plata, el juez federal Ernesto Kreplak. La medida pretende que la documentación no pueda ser modificada, mudada o cambiada • En marzo se comenzó a desarmar la política de Memoria, Verdad y Justicia que se implementaba desde hace catorce años.
El 12 de agosto está previsto que inicie el juicio contra Alejandro Bodart, dirigente político de izquierda, diputado porteño (mc) y director de la revista Revolución Permanente, de la Liga Internacional Socialista, por la causa penal que le iniciara la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas).
Análisis de los despidos y suspensiones en el primer semestre del 2024: relevamiento de casos paradigmáticos en industria y servicios elaborado por CEPA (Centro de Economía Política Argentina).
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ha prohibido a sus trabajadores el uso de términos como "agroecología", "cambio climático", "género", "sustentabilidad", "biodiversidad", "huella de carbono" y "prohuerta" en documentos y publicaciones del organismo. Esta medida ha sido denunciada por la Asociación del Personal del INTA (Apinta), que señala que la censura afecta el desarrollo del Plan Estratégico Institucional 2015-2030.
Del 24 al 27 de julio, el Centro de Convenciones (Forum) de la ciudad de Santiago del Estero será el epicentro de la Cumbre Climática de Juventudes de Naciones Unidas.
Con fecha 16 de julio la progenitora presentó su caso en el Comité Internacional de los derechos del Niño denunciando a la Argentina por vulnerar los derechos de sus hijos. Solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos de la sentencia del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ra Nominación de Villa Dolores, que ordena entregar dos menores de edad a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
La jueza Sandra Cuneo, titular del Juzgado Civil de Villa Dolores, ordenó entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos, comprobado con un ADN realizado en la causa penal que se tramita en el juzgado federal N° 2 que excluye al reclamante como padre biológico de la niña, y, por lo tanto, careció de legitimidad procesal para iniciar las acciones de restitución internacional que inició. La madre cordobesa fue respaldada por el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDH de Córdoba la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra.
Letrados de Constanza Taricco han presentado un Habeas Corpus en la fiscalía de Villa Dolores para resguardar a la mujer y sus hijos de las acciones ilegítimas ordenadas por la jueza de 1ra Nominación de Villa Dolores. que ordena entregar dos niños a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.
Ayer se realizó la audiencia que determinaría el veredicto y la sentencia contra el individuo acusado de múltiples delitos contra la integridad sexual de una mujer en la comunidad de Córdoba.
Se trata de Joaquín Guil, condenado por abusar sexualmente de la hermana de un militante el 24 de abril de 1975 en el edificio principal de la Policía de Salta. Tras revisar la sentencia, la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la impugnación planteada por la defensa del exjefe policial solo “resulta de su disconformidad” con el fallo.