Los magistrados de la Cámara 9ª del Crimen de Córdoba del Tribunal Provincial II, Roberto Cornejo, Martín Bertone y Gustavo Rodríguez Fernández, dictaron sentencia contra el exoficial Lucas Carranza por "homicidio en exceso en el cumplimiento del deber".
Córdoba10 de abril de 2024
Sures Noticias
Los jueces Roberto Cornejo, Martín Bertone y Gustavo Rodríguez Fernández condenaron al exoficial Lucas Carranza por "homicidio en exceso en el cumplimiento del deber", otorgándole libertad condicional.
La sentencia se dictó en línea con lo solicitado por la fiscal Laura Batistelli, quien ha sido objeto de críticas.
Una vez más, el poder judicial ha actuado: identificó a un agente policial como homicida, pero no lo encarceló. Admitió que Carranza disparó con intención de matar a Rodrigo Sánchez, sin dar la voz de alto, bajo los efectos de cocaína y alcohol, y con la víctima desarmada, pero se negó a calificar el caso como "violencia institucional".
La familia de Rodrigo los acusó de ser "racistas y clasistas", ya que en varias ocasiones tanto los jueces, la fiscal, la defensa de la Provincia como la del acusado, pronunciaron comentarios desafortunados hacia la víctima y su familia. Una vez más, el poder judicial muestra su completa complicidad con el poder policial y político, liberando a un policía homicida y eximiendo a la Provincia de cualquier responsabilidad por el daño causado.
No obstante, fuera de los Tribunales, la familia y las organizaciones sociales erigieron un altar en memoria de Rodrigo y conmemoraron la "unidad de todas las familias que luchan".
"Ellos (jueces, policías y políticos) nunca pensaron que podíamos llegar hasta acá, y pese a la condena, que es una burla, llegamos y les hicimos reconocer a ellos mismos que tienen asesinos en sus filas".
Tras la lectura de la sentencia, la familia Sanso, insatisfecha con la leve condena, exigió "justicia" a los jueces. Durante el incidente, una periodista que grababa fue golpeada por el oficial condenado, y otros periodistas recibieron insultos verbales por parte de los agentes de policía.
El juicio de Rodrigo Sánchez representa el tercer caso de este tipo (enjuiciamiento de un policía por asesinar a una persona durante un robo) que se lleva a cabo en Córdoba desde la restauración de la democracia. Los casos previos fueron los de Isaías Luna y Lucas Rudzicz, en los cuales los oficiales implicados también fueron sentenciados a penas que los familiares de las víctimas consideraron como una "burla".
Fuente Enfant Terrible
La Provincia vuelve a los mercados internacionales para tomar hasta 500 millones de dólares a 9 años, con alta tasa y fuerte concentración de vencimientos, profundizando un esquema de endeudamiento en moneda extranjera que traslada el costo a las próximas gestiones y a la ciudadanía.
Tras un operativo, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarató un punto de venta de drogas en el barrio Maldonado, secuestró 272 envoltorios de cocaína y detuvo a tres hombres —entre ellos Pablo Learte, condenado por el homicidio de Facundo “el Rubio del Pasaje” Rivera Alegre—, todos con antecedentes penales
A casi un año de que se perdiera el rastro de Lian Gael Flores Soraide, de 3 años, vecinos y organizaciones se movilizaron en la Plaza Nueva Esperanza de Ballesteros Norte para exigir avances en la causa y respuestas concretas de la Justicia provincial y federal.
Mientras el Gobierno de Córdoba exhibe como logro que la caída del empleo registrado privado fue del 2,07% frente al 3,04% nacional, la provincia omite que está festejando, en los hechos, la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo y la consolidación de un esquema de precarización sostenido en planes como el PPP y Empleo +26. (NdR)
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
A casi un año de que se perdiera el rastro de Lian Gael Flores Soraide, de 3 años, vecinos y organizaciones se movilizaron en la Plaza Nueva Esperanza de Ballesteros Norte para exigir avances en la causa y respuestas concretas de la Justicia provincial y federal.
Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.
El Tribunal Oral Federal N° 1 juzgará por primera vez a cuatro exintegrantes de la inteligencia estatal por 88 casos de secuestros, torturas, desapariciones y sustracción de menores cometidos en Automotores Orletti, la Base Pomar y una casona de Bacacay, epicentro porteño del terrorismo de Estado y del Plan Cóndor.
La Provincia vuelve a los mercados internacionales para tomar hasta 500 millones de dólares a 9 años, con alta tasa y fuerte concentración de vencimientos, profundizando un esquema de endeudamiento en moneda extranjera que traslada el costo a las próximas gestiones y a la ciudadanía.
