La vicegobernadora Myrian Prunotto, junto al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros y al intendente Fabián Reschia, hicieron entrega de kits a familias de la localidad. Prunotto salto a escenario provincial cuando en junio del 2018, siendo intendenta, fue protagonista política junto la provincia del desalojo violento a decenas de familias con topadoras en el barrio comunitario Parque Esperanza.
Córdoba05 de abril de 2024
Sures Noticias
Brindan cobertura de 50 metros a la redonda y disponen de sirena bitonal, reflector y pulsadores para su activación.
Ya se entregaron 1.000 kits, beneficiando de esta manera a más de 40.000 familias cordobesas.
La vicegobernadora Myrian Prunotto, junto al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros y el intendente Fabián Reschia entregaron diez kits de alarmas comunitarias a 180 familias de la localidad de Estación Juárez Celman, en el departamento Colón.
El Programa de Alarmas Comunitarias, que lleva adelante el Ministerio de Seguridad, a través de la Secretaría de Prevención y Coordinación Institucional, aporta soluciones tecnológicas para reforzar la prevención de delitos y contravenciones, mejora la respuesta en alerta temprana, fomenta la participación ciudadana y colabora con la cohesión socio-comunitaria.
Durante la presentación, Quinteros agradeció “el enorme trabajo y compromiso de intendentes como Fabián, que sin especulaciones trabajan junto a la Provincia y la Policía para llevar más seguridad a sus vecinos».
«Desde el Gobierno Provincial -continuó-, a quienes nos compete de manera directa la política de seguridad provincial, queremos transmitirles que cuentan con nosotros y que los acompañaremos de manera permanente para llevar paz y tranquilidad a todos los cordobeses”.
El equipamiento de cada Alarma Comunitaria consiste en un dispositivo colocado en un poste diseñado para este fin, el cual dispone de una sirena bitonal y un reflector de tecnología led de alta potencia.
A cada kit corresponde hasta un total de 40 pulsadores, los cuales son entregados a las familias beneficiarias, capacitación mediante, para su inmediata puesta en funcionamiento.
Por su parte, Prunotto señaló: “Esta permanente presencia con acciones en toda la provincia reafirma la decisión del gobernador Martín Llaryora de apuntalar la seguridad en todo el territorio de Córdoba, y nos muestra una vez más que su corazón de intendente sigue latente y está al lado de las comunidades de cada localidad».
A su turno, el intendente Reschia recordó que “a partir del trabajo realizado desde el Municipio, Estación Juárez Celman ha sumado y sigue sumando numerosos recursos para reforzar la prevención y la seguridad, con el objetivo último de cuidar de cada uno de nuestros vecinos”.
Ya concluida la primera etapa del Programa de Alarmas Comunitarias, desde el Gobierno de Córdoba entregaron 1.000 kits de alarmas comunitarias, beneficiando de esta manera a más de 40.000 familias cordobesas.
Estuvieron presentes durante la entrega el secretario de Seguridad, Ángel Bevilacqua, el secretario de Prevención y Coordinación Institucional, José Gualdoni, la secretaria de Gobierno y Coordinación, Gladys Claudiani, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Matías Haro, autoridades de instituciones locales, policiales y vecinos de la localidad.
A casi un año de que se perdiera el rastro de Lian Gael Flores Soraide, de 3 años, vecinos y organizaciones se movilizaron en la Plaza Nueva Esperanza de Ballesteros Norte para exigir avances en la causa y respuestas concretas de la Justicia provincial y federal.
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
Mientras el Gobierno de Córdoba exhibe como logro que la caída del empleo registrado privado fue del 2,07% frente al 3,04% nacional, la provincia omite que está festejando, en los hechos, la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo y la consolidación de un esquema de precarización sostenido en planes como el PPP y Empleo +26. (NdR)
Cámara Federal de Apelaciones frena por 60 días la privatización impulsada por Bullbarrel S.A., que planeaba un bar en el sitio de secuestros y torturas durante la dictadura. Sobrevivientes y organismos reclaman preservación como espacio de memoria histórica.
Organizaciones políticas, de DDHH, sindicatos y movimientos sociales se concentraron en la Casa de los Trabajadores exigiendo la Libertad de Milagro Sala y de todxs lxs presxs politicos de Argentina, también se expresaron en contra de la persecución judicial, el DNU de Milei y el Código de Convivencia de Llaryora, con palabras, convocatorias, arte y música.
La industria metalúrgica volvió a cerrar un año en rojo: en 2025 la actividad se retrajo 0,9% frente a 2024, período en el que ya se había desplomado 12,1%, lo que confirma la continuidad de la crisis en el sector.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa reclamó en el Senado la eliminación de cinco artículos del proyecto oficial de reforma laboral, al considerar que desnaturalizan los convenios colectivos y pueden disparar una ola de juicios y conflictos. La entidad, que agrupa a pymes de todo el país, sostuvo que los cambios propuestos vulneran el artículo 14 bis de la Constitución y convenios internacionales de la OIT, y reclamó “de manera imperiosa” suprimir esos puntos para preservar la seguridad jurídica en las relaciones de trabajo.
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
En un acto de centralismo autoritario, el gobierno de Javier Milei intervino por un año el puerto de Ushuaia mediante la ANPyN, alegando irregularidades que parecen pretextos para erosionar la soberanía provincial en plena temporada de cruceros. El gobernador Gustavo Melella y sindicatos denuncian la medida como ilegal y extorsiva, anunciando acciones judiciales contra esta afrenta.
Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.