Torturas a soldados en Malvinas: afirman que la causa “está en las manos de la Corte”

Así lo afirmó a Somostelam el secretario de Derechos Humanos del Centro Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim) Ernesto Alonso, para quien el actual gobierno de Javier Milei “tendrá que dar cuenta” sobre el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La mega causa
El expediente se inició en 2007 ante la Justicia Federal de la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, que tiene pendiente de resolución un recurso para determinar si los hechos investigados constituyen o no delitos de lesa humanidad, y por lo tanto no prescriben.

La mega causa posee más de 200 militares imputados, decenas de testimonios y pruebas incriminatorias y ya motivó procesamientos dictados por el Juzgado Federal actualmente a cargo de la jueza Mariel Borruto. 

Hoy estamos en manos de la Corte Suprema, un organismo que no tiene plazos para resolver y que en 2015 tuvo la oportunidad de expedirse y no lo hizo en el ‘caso Taranto’”

“Hoy estamos en manos de la Corte Suprema, un organismo que no tiene plazos para resolver y que en 2015 tuvo la oportunidad de expedirse y no lo hizo en el ‘caso Taranto’. Por esta demora tuvimos que acudir a la CIDH que el año pasado declaró el caso como admisible y ahora será el Estado argentino el que se tenga que hacer cargo”, analizó el secretario del Cecim que es parte querellante en el expediente, en diálogo con SomosTélam.

Según Alonso, lo ocurrido con los soldados conscriptos en plena guerra de Malvinas sirve para demostrar cómo “el plan sistemático de violación de los derechos humanos aplicado por la dictadura en el continente también se trasladó a las islas”.

Hubo casos de abusos y muestras de antisemitismo. Todo eso consta en documentos desclasificados y se probó por testimonios y otras evidencias”

Los combatientes fueron víctimas de “aberrantes tormentos”, los “estaqueaban en la turba bajo fuego enemigo. Muchos murieron atados en el piso, congelados y con hambre. Hubo casos de abusos y muestras de antisemitismo. Todo eso consta en documentos desclasificados y se probó por testimonios y otras evidencias”, aseguró el dirigente.

También recordó que las denuncias empezaron a acumularse a partir de 2005 en la provincia de Corrientes, y después se extendieron a soldados de otros lugares del país.

La causa judicial lleva 17 años de tramitación y “ya debería estar en la instancia de juicio oral”, pero “nos enfrentamos a un poder que trata de tapar el vergonzoso desempeño de las Fuerzas Armadas en el conflicto y que insiste en definirlo como una gesta patriótica”, insistió Alonso.

Negacionismo
El integrante del Cecim admitió que a este escenario se suma el accionar del actual Gobierno Nacional, cuyos funcionarios niegan los crímenes cometidos por la dictadura.

“Tenemos una figura como la propia vicepresidenta Victoria Villarruel que esgrime un discurso de falso nacionalismo y que niega el rol de la dictadura. Y un presidente como Javier Milei que ha reivindicado a Margaret Thacher o una canciller como Diana Mondino que no cumple con el mandato constitucional de reivindicar la soberanía sobre Malvinas”, enumeró el excombatiente.

“A 42 años de la guerra seguimos esperando justicia, por la memoria, la verdad y la soberanía. Los pibes de Malvinas estamos reclamando justicia y todavía la tortura nos duele. Por ahora se sigue imponiendo la impunidad biológica porque muchos de los imputados se están muriendo, como también muchos de nuestros compañeros, mientras las cabezas de los distintos poderes miran para otro lado”, concluyó Alonso.

Nota publicada en Somos Télam.

Respuesta de la Comisión Provincial por la Memoria de Buenos Aires a Martin Balza del dia 27 de abril 2023

Negar las torturas en Malvinas para buscar su impunidad

El ex Jefe del Ejército Martín Balza publicó una nota de opinión en el diario La Nación, negó la existencia de torturas ejecutadas por los militares argentinos a sus propios soldados conscriptos durante la guerra de Malvinas e identificó el reclamo de justicia por esos crímenes de lesa humanidad como un intento de desmalvinización.

Desde la Comisión Provincial por la Memoria, organismo público de derechos humanos integrado por un ex combatiente y presentado como querellante institucional en la causa, sentimos la necesidad de responder a sus imprecisiones y acusaciones.

Sólo quien busca la impunidad de esta causa puede desconocer estas torturas. Desde 2007, año que se inició la causa, más de 180 ex soldados conscriptos declararon como víctimas o testigos de graves hechos de tortura: estaqueamientos (incluso bajo la nieve o el bombardeo enemigo), picana con teléfono de campaña, sumersión en agua helada, golpes de todo tipo, enterramiento y simulacro de fusilamiento. Estos hechos también están probados en documentos de las propias Fuerzas Armadas: los testimonios sobre las torturas de sus superiores ya habían sido brindados por los soldados al regresar al continente luego del conflicto bélico, conforme surge de los archivos desclasificados por el propio Ministerio de Defensa que dio cuenta de las actas que las mismas Fuerzas Armadas ocultaron.

¿Es posible que Balza desconozca el contenido de la causa y de estos archivos? ¿Es posible negar a tantos ex combatientes que dieron su testimonio, a pesar de la angustia, del dolor, del silencio que quiso imponer la dictadura militar?

En su nota Martín Balza también quiere desconocer que hay militares procesados por crímenes de lesa humanidad por estos delitos: 26 militares fueron llamados a indagatoria y 4 procesados. Si más de 15 años después de estos hechos, se llegó a esta instancia judicial es porque la justicia se pronunció en varias ocasiones sobre la imprescriptibilidad de estos crímenes por tratarse de violaciones a los derechos humanos. Y lo hizo siguiendo los tratados internaciones y precedentes en materia de juzgamiento de delitos de lesa humanidad.

¿Es posible que Balza desconozca este recorrido y la trayectoria de la justicia argentina en la investigación y sanción de los crímenes ocurridos en el marco del Terrorismo de Estado? ¿Incluso él que fue uno de los primeros en pedir públicamente perdón por los crímenes cometidos durante la dictadura?.

Peor aún, Balza cuestiona el reclamo de justicia de ex combatientes al que identifica implícitamente como parte de una estrategia de desmalvinización. Nada más alejado de ello. Nada hace más por la desmalvinización de la sociedad que el silencio y la impunidad sobre estos crímenes o la amnesia sobre la responsabilidad de la dictadura militar en este conflicto.

Como organismo público de derechos humanos, hemos disputado desde siempre las memorias en torno a Malvinas: inscribir la guerra en el marco de la dictadura implica desarticular construcciones discursivas que eluden diferenciar a los protagonistas de la conflagración. Amparadas en este discurso, ciertas memorias buscan la legitimación de la dictadura y consideran héroes a todos los que participaron en ella, incluidos oficiales que actuaron directamente en la represión y fueron condenados por violaciones a los derechos humanos.

El reclamo de justicia por las torturas cometidas en las islas no está disociado del irrenunciable reclamo argentino de soberanía por la vía de la paz y el diálogo, como expresamos siempre los organismos de derechos humanos y como señalan también los ex combatientes que llevan el reclamo de justicia. Fue precisamente la dictadura militar, que decidió la guerra, quien rompió con esa larga trayectoria argentina de sostener el reclamo de soberanía por la vía del diálogo, tal como lo exige la comunidad internacional.

Por último, no queríamos dejar pasar las desafortunadas expresiones de Martín Balza sobre Eduardo Luis Duhalde, un reconocido y querido militante por los derechos humanos, perseguido por la última dictadura militar, que dedicó su vida a la búsqueda de verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad. Fue ese compromiso con la justicia y los derechos humanos, lo que llevó a Duhalde a acompañar el reclamo de los ex combatientes.

Pasaron 41 años de la guerra de Malvinas, es tiempo de que la justicia condene las torturas en Malvinas como un acto reparatorio no sólo para los ex combatientes sino también para toda la sociedad argentina que, desde el retorno de la democracia, sostuvo la lucha por memoria, verdad y justicia.

Nuestro país ha condenado a cientos de militares argentinos por torturas cometidas durante la dictadura y aunque de manera lenta y limitada, ha condenado a policias y penitenciarios por torturas cometidas en democracia. Pero no ha juzgado ni condenado las torturas padecidas por los jovenes soldados conscriptos argentinos de parte de sus superiores. Crimenes atroces de los que no se habla o peor aun se niegan, como hace Balza en esta nota de opinión.

Martín Balza fue Jefe del Ejército Argentino (1991-1999) y custodio de los documentos que, al desclasificarse años después, demostraron las torturas. Además mientras ocupo ese cargo, se realizó inteligencia ilegal sobre las organizaciones de Ex Combatientes. También detentó un alto cargo en las Islas Malvinas durante la guerra. Tal vez todo eso explique su afán de negar lo narrado por cientos de soldados.

Argentina le debe a sus soldados el reconocimiento de la verdad de lo ocurrido, la justicia por estos crímenes de sus Fuerzas Armadas y el fin de la impunidad que aun provoca graves padecimientos y secuelas.