Se llevo a cabo hoy en las escalinata del Tribunales Provinciales I la conferencia de prensa y una concentración de militancia de las organizaciones sociales y organismos de Derechos Humanos a cargo de familiares y vecinos de Víctor Sarría.
Córdoba17 de diciembre de 2018
Sures Noticias
Víctor Sarria tenía 38 años, dos hijos, vivía en el barrio Ciudad Evita e integraba una cuadrilla de desmalezameinto y limpieza de espacios verdes en su barrio, impulsada por la Agrupación Marta Juárez que forma parte de CTEP.
En la madrugada del 8 de diciembre en Camino Interfábricas y la Avenida Sabattini fue detenido por un policía que primero lo hiere en un brazo y luego literalmente lo fusila de un tiro en la frente, ante a la presencia de numerosos testigos de una playa aledaña. El policía es el cabo primero Gustavo Rivero que luego de dispararle a Víctor se fuga y es detenido a unas cuadras del lugar, manifestaron miembros de la familia de Sarria e integrantes de la organizaciones sociales presentes.
Rivero actualmente está en libertad por orden de la fiscal Milagros Gorgas. La doctrina Chocobar impulsada por Macri y Bullrich y las disposiciones de la Ministra de Seguridad habilitando a la policía al uso sin limites del arma de fuego, van generando un clima de impunidad en las fuerzas no solo federales sino también provinciales. Hace pocos días sufrimos los asesinatos de Rodolfo Orellana en La Matanza y de Marcos Soria en Villa Angelelli II de nuestra ciudad, ambos miembros de CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular). Hoy estamos frente a un nuevo caso de abuso policial que tiene por víctima a otro de nuestros compañeros. Señalaron desde la organización.
En dialogo con los medios presentes Juan Ramón Gigena , hermano de la victima, expreso la situación en relación a lo actuado por la justicia.
Juan Ramón Gigena
Tras un operativo, la Fuerza Policial Antinarcotráfico desbarató un punto de venta de drogas en el barrio Maldonado, secuestró 272 envoltorios de cocaína y detuvo a tres hombres —entre ellos Pablo Learte, condenado por el homicidio de Facundo “el Rubio del Pasaje” Rivera Alegre—, todos con antecedentes penales
A casi un año de que se perdiera el rastro de Lian Gael Flores Soraide, de 3 años, vecinos y organizaciones se movilizaron en la Plaza Nueva Esperanza de Ballesteros Norte para exigir avances en la causa y respuestas concretas de la Justicia provincial y federal.
Diez años del crimen de Santino Cabanillas: una bala de un efectivo policial que sigue impune. La familia del bebé asesinado en barrio Marqués Anexo, Córdoba, reclama justicia tras una década de dilaciones judiciales. Cintia Moyano y Federico Cabanillas exigen un juicio oral y público para el policía imputado, mientras critican la lentitud del sistema y la falta de respuestas del Estado.
El ex agente civil de inteligencia del Ejército falleció a los 84 años en arresto domiciliario en Mercedes, tras operar en centros clandestinos como Automotores Orletti y participar en la reunión de 2024 con diputados de La Libertad Avanza en Ezeiza.
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Los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) llaman a un abrazo simbólico el miércoles 28 de enero a las 10 en la sede central de General Paz 5445, en rechazo a la orden gubernamental de cerrar la Dirección de Metrología Legal y el Organismo de Certificación, efectiva desde el 31 de enero en el AMBA. Estas áreas emplean a unos 150 técnicos y profesionales responsables de verificar instrumentos de medición en transacciones comerciales.
Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y otras entidades advierten sobre un retroceso en la protección de reservas hídricas. El proyecto traslada competencias a provincias y enfrenta cuestionamientos por inconstitucionalidad ante las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.
de Gabinete y denunció un ajuste “ilegal” que podría dejar en la calle a más de 500 empleados públicos, incluso brigadistas que combaten incendios en la Patagonia. El gremio anticipó paros, asambleas y un plan de lucha si el Gobierno no da marcha atrás con el recorte.
El Cuerpo de Abogados del Ministerio de Seguridad de la Ciudad asumirá la defensa de Santiago Barrientos, acusado de matar de un tiro en la nuca a Víctor Vargas en Constitución, y de los vigilantes imputados por encubrimiento en el caso de Gabriel González en Lugano. Organizaciones de derechos humanos denuncian que esa estructura de defensa oficial termina financiando con impuestos la protección de agentes y privados involucrados en crímenes.
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