La Fundación “Una Puerta”, a través de su presidenta la Dra. Laura Cantore, se presentó como Amicus Curiae en el Recurso Extraordinario que ha presentado Constanza Tarico, madre de dos menores de edad cuyo progenitor quiere llevarlos a vivir a Alemania contra la voluntad de los niñxs.
Córdoba06 de marzo de 2024
Sures Noticias
El mayor quiere separlos de ella, de su entorno social y cultural, bajo el falso argumento que en Alemania se encontraba la residencia habitual de los niños. Los Tribunales Inferiores han realizado una equivocada interpretación de las cláusulas contenidas en el Convenio de la Haya 1980, lo que violenta las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, por ello la madre con sus abogadxs ha planteado el Recurso extraordinario por ante la CSJN que ha sido concedido.
El AMICUS, es un “amigo del tribunal” que se suma a la causa para ofrecer argumentos jurídicos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, basados en su experticia y experiencia, que se asientan en dos aspectos fundamentales: Por un lado que la niña no es hija biológica del hombre que la reclama, esto podría significar una falta de legitimación procesal, por lo tanto es una cuestión que debe resolverse de previo y especial pronunciamiento, en virtud de ello hay una causa penal que se tramita en la justicia federal de Córdoba ante el Juzgado N° 2, por supresión de identidad de la niña.
El otro aspecto fundamental del caso es que en todas las instancias anteriores no se adoptó una perspectiva de género, descalificando los dichos de la madre y ponderando como verás los dichos del hombre, a pesar de que la prueba aportada da cuenta que la versión de la madre es la verdadera.
Desde La Fundación Una Puerta acompañan desde un enfoque de derechos humanos para que se resguarde el interés superior de los niños y que se respete la perspectiva de género.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Fue un sector del establecimiento que aloja a mujeres detenidas en el complejo carcelario de Bouwer. En medio de una "supuesta" pelea entre dos internas del penal de mujeres de Bouwer, una presa murió en el lugar y otra falleció luego ser está internada. Organizaciones y referentes anticarcelarias contradicen la versión oficial y ubican el desenlace en el marco de reclamos.
Las condenas incluyeron a dos exmilitares, dos expolicías de la provincia de Santa Cruz y un exprefecto. Otros dos acusados fueron declarados inocentes. El tribunal consideró los actos como delitos de lesa humanidad y reconoció oficialmente los lugares como sitios de memoria. Los fundamentos de la decisión se darán a conocer el 13 de febrero.
La Justicia de Córdoba hizo lugar a una demanda colectiva por la violación del derecho a la libertad (no) reproductiva de mujeres de Córdoba. La resolución judicial que marca un antes y un después en la libertad (no) reproductiva en Córdoba
El gobierno de Axel Kicillof terminó el borrador de un proyecto que busca garantizar condiciones mínimas de trabajo decente a unos 80 mil repartidores y choferes de plataformas en territorio bonaerense. La norma se plantea como respuesta a la reforma laboral regresiva de Javier Milei y prevé desde paradores obligatorios hasta una app con botón de emergencia para los trabajadores.
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Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.