
La Ley N° 11.096 trae cambios significativos al régimen de tránsito en la provincia, incluyendo la inclusión del concepto de reiterancia y la imposición de nuevas sanciones.
Este miércoles 21 de febrero, luego de reiterados aplazamientos comienza, finalmente, el juicio que pone al Policia Lucas Gastón Carranza en el banquillo de acusados.
Córdoba17 de febrero de 2024
Sures Noticias
En un breve comunicado la familia de Rodrigo expreso:
Pasaron más de 8 años desde que la vida de Rodrigo Sanchez, de 17 años, fue arrebatada a manos del policía Lucas Gaston Carranza.
Más de 8 años de una lucha incansable por justicia por parte de su familia, llevando la voz de Rodrigo a todos lados, de mantener viva su memoria.
Este miércoles 21 de febrero, luego de reiterados aplazamientos que sólo pretendían el desgaste de la lucha, comienza, finalmente, el juicio que pone a Lucas Gastón Carranza en el banquillo de acusados.
No se trata solo de Rodrigo sino de todos y cada uno de los pibes que el aparato represivo se lleva puestos y que no obtienen justicia.
Es por eso que convocamos a las puertas de Tribunales II. Fructuoso Rivera 720 a las 9hs a acompañar y exigir el pedido de justicia por Rodrigo, porque no confiamos en el poder judicial, pero confiamos en la lucha y en la resistencia.
Familia de Rodrigo Sanchez
Los hechos
De acuerdo con el expediente, indica que el policía de civil Lucas Carranza incumplió los protocolos de acción preventiva ante delitos, y sabía del resultado mortal que podía ocasionar su accionar y que le disparó a Rodrigo por la espalda con su arma reglamentaria.


La Ley N° 11.096 trae cambios significativos al régimen de tránsito en la provincia, incluyendo la inclusión del concepto de reiterancia y la imposición de nuevas sanciones.

La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.

La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.

La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.

Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.

La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.

La decisión implica la suspensión de la licencia ambiental concedida por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular de la Provincia, así como la paralización de todas las obras relacionadas, ya sea de manera directa o indirecta, con el proyecto.

El Gobierno modificó por decreto la Ley de Inteligencia, rediseñó el organigrama del Sistema de Inteligencia Nacional y otorgó nuevas facultades a sus agentes, incluyendo la posibilidad de aprehender personas y la persecución política a través de un esquema parapolicial encubierta.

La Ley N° 11.096 trae cambios significativos al régimen de tránsito en la provincia, incluyendo la inclusión del concepto de reiterancia y la imposición de nuevas sanciones.

El 23 de abril de 2026 comenzará en La Plata el juicio oral por crímenes de lesa humanidad contra Emilio Parodi, exgerente de la planta de Molinos Río de la Plata en Avellaneda, en una causa que busca fijar responsabilidades empresariales en el terrorismo de Estado a 50 años del golpe.