La medida abarca los departamentos Tercero Arriba, Santa María, San Alberto y Pocho. Además, se activó el Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastre para asistir a los damnificados. La decisión permite hacer relevamiento de daños y destinar recursos para familias y viviendas que sufrieron daños por los fenómenos climáticos.
Córdoba03 de enero de 2024
Sures Noticias
El ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, por instrucción del gobernador de la Provincia, Martín Llaryora, declaró la emergencia en los departamentos Tercero Arriba, Santa María, San Alberto y Pocho, las zonas más afectadas por las recientes tormentas que se dieron en la provincia de Córdoba.
El Gobierno provincial garantiza, a través de la declaración de emergencia, el relevamiento de daños y la ayuda a las familias que sufrieron las consecuencias del fenómeno meteorológico.
Además, desde la secretaría general de Desarrollo Social, a cargo de Paulo Cassinerio, se activó el Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastre, que permite asistir a las familias damnificadas mediante subsidios económicos para la reparación de daños en bienes muebles e inmuebles ocasionados por eventos climáticos.
En la jornada de ayer, el secretario general de Desarrollo Social, Paulo Cassinerio, junto a un equipo técnico, asistió a la zona afectada para evaluar daños y coordinar la entrega de colchones, frazadas, alimentos y chapas para asistir a los damnificados.
El colectivo político-cultural recordó ayer con emoción a su compañero fallecido y agradeció la solidaridad de organizaciones sociales, políticas y gremiales que acompañaron a la comunidad Tinku.
El dirigente social y diputado nacional llegó caminando a la ciudad junto a militantes de Patria Grande, Argentina Humana y Córdoba Humana, y encabezó un encuentro tipo plaza en el Teatrino del Subnivel ante unas 300 personas, donde cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei, reivindicó la justicia social, la agenda de derechos humanos y pidió organización solidaria frente a “un momento de suma gravedad” para la democracia argentina.
Vecinos de Córdoba y activistas de todo el país se alistan para marchar el 31 de enero contra el extractivismo, la privatización del agua y el RIGI, denunciando la contaminación de ríos y la persecución a defensores ambientales.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocaría a realizar un paro nacional con movilización el 10 de febrero, en coincidencia con el debate en el Senado del proyecto de reforma laboral promovido por el oficialismo. La decisión se habría tomado luego de la masiva marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, donde sindicatos y organizaciones sociales reclamaron frenar la iniciativa del Ejecutivo y exigieron una medida de fuerza a nivel nacional.
Un informe especial de la Comisión Provincial por la Memoria, tras dos años de monitoreo de protestas bajo el gobierno de Javier Milei en la ciudad de CABA, advierte un incremento de la violencia estatal, con 2.585 personas heridas y 258 detenciones arbitrarias.
Ante el incumplimiento de cuotas alimentarias, el gobernador Axel Kicillof oficializó la ley 15.589 que veta el ingreso a casinos, salas de juegos de azar y bingos a personas morosas registradas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). La medida, aprobada por la Legislatura bonaerense y vigente desde fines de 2025, obliga a los operadores a verificar identidades y refuerza la responsabilidad estatal en la protección de derechos infantiles y adolescentes, sumando sanciones económicas y clausuras por incumplimiento.
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Diciembre registró una suba de precios del 2,8% y completó el séptimo mes consecutivo de aceleración. Mientras la inflación anual fue de 31,5%, una familia tipo necesita más de 1,3 millones de pesos para no ser pobre y los principales cortes de carne aumentaron más de 70% en un año.
La Asociación Trabajadores del Estado acusó a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica de desviar una partida de más de $3.863 millones que debían destinarse al pago de salarios y al mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén. El gremio exige explicaciones al nuevo presidente del organismo, Martín Porro, y anunció cortes sobre la Ruta Nacional 22 hasta que se garantiza el cobro íntegro de los haberes.