Provincia fue distinguida con los Premios BritCham al Liderazgo Sostenible

En su décima sesión ordinaria del 146° período legislativo, la Legislatura de Córdoba aprobó por mayoría este miércoles -y luego del voto nominal a viva voz de cada legislador- el texto compatibilizado de tres proyectos que expresan preocupación por la situación que atraviesan los trabajadores de los Servicios de Radio y Televisión (SRT). Todos los bloques votaron a favor de la iniciativa conjunta, a excepción de los tres representantes del bloque PRO (se abstuvieron) y del legislador del bloque unipersonal de La Libertad Avanza (votó en contra).

Con fecha 16 de julio la progenitora presentó su caso en el Comité Internacional de los derechos del Niño denunciando a la Argentina por vulnerar los derechos de sus hijos. Solicitó una medida cautelar que suspenda los efectos de la sentencia del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de 1ra Nominación de Villa Dolores, que ordena entregar dos menores de edad a un extranjero que no es el padre de uno de ellos.

La adhesión se da en el marco de la propuesta elaborada por el Observatorio de Violencia de Género del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, del que forma parte el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, con el objetivo de dar cumplimiento a los estándares internacionales de la debida diligencia reforzada.

Este miércoles se realizó la audiencia en la Secretaria de Trabajo de la Provincia, de la que participaron los sindicatos que representan a los trabajadores y las trabajadoras y delegados del multimedio. Las autoridades del Directorio de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la UNC ni sus representantes legales se presentaron a la audiencia y sus trabajadorxs siguen sin cobrar los sueldos y el aguinaldo en una situación crítica.

Los hechos sucedieron ayer tarde en ocasión, de que la abuela del niño asesinado el 1 de junio por una disputa de violencia urbana, intercedió para que la Policia no hostigara a jóvenes trabajadores del barrio por parte de efectivos policiales. Cabe recordar que el trágico hecho, donde se desató una balacera, ocurrió el 1 de junio. El niño- adolescente quedó en medio del fuego cruzado, recibió un disparo en el abdomen y tórax. La fiscal María Eugenia Pérez Moreno quedó a cargo de la investigación. la familia exige justicia desde el mismo momento de sucedido el asesinato.

Pretenden llevar a juicio a seis defensores ambientales por proteger los territorios, el bosque nativo y los bienes comunes contra los avances extractivistas en la provincia de Córdoba: por tal motivo desde la Asamblea de Punilla iniciaron una campaña de firmas en apoyo al desprocesamiento.