El ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, mantuvo el día sábado su primer contacto con la ministra de la Nación, Patricia Bullrich, en el marco de las acciones de coordinación ante las jornadas y marchas de protesta contra el ajustazo del Gobierno Nacional que desarrollarán en todo el país distintas organizaciones sociales y políticas.
Córdoba18 de diciembre de 2023
Sures Noticias
Desde su oficina señalaron que, en la comunicación, Quinteros le reiteró a la ministra Bullrich que la Policía de la Provincia de Córdoba actúa conforme a un protocolo que reglamenta la protesta social a los fines de garantizar que se ejerzan los derechos de todos los ciudadanos; y le anticipó que hay diversas acciones coordinadas con las fuerzas de seguridad provinciales y otras carteras del Gobierno Provincial a los fines de neutralizar eventuales episodios de conflictividad social.
En principio, ambos ministros acordaron reunirse en los próximos días, puesto que Quinteros le anticipó a Bullrich la necesidad de coordinar acciones con las fuerzas federales bajo su mando, para avanzar con los objetivos trazados por el gobernador Llaryora para hacer de Córdoba un "territorio hostil al narcotráfico".
El llamado entre los funcionarios se produjo el día sábado, mientras el ministro Quinteros desarrollaba una recorrida de rutina por las instalaciones del Centro de Comunicaciones y Videovigilancia Ciudadana 911.
El colectivo político-cultural recordó ayer con emoción a su compañero fallecido y agradeció la solidaridad de organizaciones sociales, políticas y gremiales que acompañaron a la comunidad Tinku.
El dirigente social y diputado nacional llegó caminando a la ciudad junto a militantes de Patria Grande, Argentina Humana y Córdoba Humana, y encabezó un encuentro tipo plaza en el Teatrino del Subnivel ante unas 300 personas, donde cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei, reivindicó la justicia social, la agenda de derechos humanos y pidió organización solidaria frente a “un momento de suma gravedad” para la democracia argentina.
Vecinos de Córdoba y activistas de todo el país se alistan para marchar el 31 de enero contra el extractivismo, la privatización del agua y el RIGI, denunciando la contaminación de ríos y la persecución a defensores ambientales.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocaría a realizar un paro nacional con movilización el 10 de febrero, en coincidencia con el debate en el Senado del proyecto de reforma laboral promovido por el oficialismo. La decisión se habría tomado luego de la masiva marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, donde sindicatos y organizaciones sociales reclamaron frenar la iniciativa del Ejecutivo y exigieron una medida de fuerza a nivel nacional.
Un informe especial de la Comisión Provincial por la Memoria, tras dos años de monitoreo de protestas bajo el gobierno de Javier Milei en la ciudad de CABA, advierte un incremento de la violencia estatal, con 2.585 personas heridas y 258 detenciones arbitrarias.
Ante el incumplimiento de cuotas alimentarias, el gobernador Axel Kicillof oficializó la ley 15.589 que veta el ingreso a casinos, salas de juegos de azar y bingos a personas morosas registradas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). La medida, aprobada por la Legislatura bonaerense y vigente desde fines de 2025, obliga a los operadores a verificar identidades y refuerza la responsabilidad estatal en la protección de derechos infantiles y adolescentes, sumando sanciones económicas y clausuras por incumplimiento.
Vecinos de Córdoba y activistas de todo el país se alistan para marchar el 31 de enero contra el extractivismo, la privatización del agua y el RIGI, denunciando la contaminación de ríos y la persecución a defensores ambientales.
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Diciembre registró una suba de precios del 2,8% y completó el séptimo mes consecutivo de aceleración. Mientras la inflación anual fue de 31,5%, una familia tipo necesita más de 1,3 millones de pesos para no ser pobre y los principales cortes de carne aumentaron más de 70% en un año.
La Asociación Trabajadores del Estado acusó a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica de desviar una partida de más de $3.863 millones que debían destinarse al pago de salarios y al mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén. El gremio exige explicaciones al nuevo presidente del organismo, Martín Porro, y anunció cortes sobre la Ruta Nacional 22 hasta que se garantiza el cobro íntegro de los haberes.