Coordinada por Daniel Godoy y Jimena Frankel, la herramienta servirá para medir la represión al campo popular por parte de fuerzas estatales o paraestatales.
Argentina08 de diciembre de 2023
Sures Noticias
El Monitor de Respuestas Represivas estatales o paraestatales a la protesta social es una iniciativa del Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma, Cordinado por Daniel Godoy y Tomás Raffo.
La presentación fue en la tarde de este martes en la sede de la CTA y contó con la presencia de Norita Cortiñas, Hugo “Cachorro” Godoy, Ricardo Peidro y María José Cano. Además participaron integrantes de otras organizaciones de derechos humanos y del campo popular.
Según explicó Daniel Godoy, el Monitor será una herramienta de relevamiento, seguimiento y análisis que produzca insumos desde y hacia la clase trabajadora para entender e intervenir frente a la realidad represiva que busque limitar nuestras luchas.
Además, permitirá analizar las dimensiones de las acciones represivas estatales o paraestatales, sus modalidades y formas de ejercicio, los sujetos contra quienes se ejerce, los sujetos que la ejecutan, el tipo de demandas o reivindicaciones cuando ocurre en el marco de un conflicto abierto y su alcance territorial.
“A partir de una base de datos, se realizará el registro estandarizado de los hechos de represión cuyos resultados serán un insumo para caracterizar las formas que asume la represión y el proceso represivo en curso”, explicó Jimena Frankel, Coordinadora del Monitor.
Las principales dimensiones de análisis de esta herramienta será la utilización de la fuerza física: acciones de las fuerzas de seguridad del Estado o grupos paraestatales para limitar o impedir acciones reivindicativas de organizaciones del campo popular o en contra de ellas.
Así como las detenciones de miembros de organizaciones populares, incluyendo militantes, activistas, manifestantes, líderes y simpatizantes o detenciones colaterales, en el contexto de protestas o simplemente por pertenecer a una organización.
Pero también la apertura de causas: medidas judiciales o administrativas contra miembros u organizaciones populares que ocurran por fuera de las detenciones que se den en el marco de acciones reivindicativas.
La fuente de información principal serán 6 medios de prensa: La Nación, Página 12, La Izquierda Diario, Canal Abierto, Infogremiales y el portal de noticias de la CTA, pero también se sumarán datos y denuncias de organizaciones y personas testigo. La recopilación y carga de la información se inicia el próximo 10 de diciembre de 2023. A partir de ese momento, los resultados serán presentados en informes que serán publicados por el IEF-CTA.
Diciembre registró una suba de precios del 2,8% y completó el séptimo mes consecutivo de aceleración. Mientras la inflación anual fue de 31,5%, una familia tipo necesita más de 1,3 millones de pesos para no ser pobre y los principales cortes de carne aumentaron más de 70% en un año.
La Asociación Trabajadores del Estado acusó a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica de desviar una partida de más de $3.863 millones que debían destinarse al pago de salarios y al mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén. El gremio exige explicaciones al nuevo presidente del organismo, Martín Porro, y anunció cortes sobre la Ruta Nacional 22 hasta que se garantiza el cobro íntegro de los haberes.
Ante el incumplimiento de cuotas alimentarias, el gobernador Axel Kicillof oficializó la ley 15.589 que veta el ingreso a casinos, salas de juegos de azar y bingos a personas morosas registradas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). La medida, aprobada por la Legislatura bonaerense y vigente desde fines de 2025, obliga a los operadores a verificar identidades y refuerza la responsabilidad estatal en la protección de derechos infantiles y adolescentes, sumando sanciones económicas y clausuras por incumplimiento.
Según el relevamiento anual de la Defensoría del Pueblo, en diciembre de 2025 una familia tipo necesitó casi $580 mil para no ser indigente y más de $1,28 millones para no caer bajo la línea de pobreza, en un año marcado por fuertes aumentos en carnes y alimentos industrializados, y una desaceleración general respecto de los años previos.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocaría a realizar un paro nacional con movilización el 10 de febrero, en coincidencia con el debate en el Senado del proyecto de reforma laboral promovido por el oficialismo. La decisión se habría tomado luego de la masiva marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, donde sindicatos y organizaciones sociales reclamaron frenar la iniciativa del Ejecutivo y exigieron una medida de fuerza a nivel nacional.
Un informe especial de la Comisión Provincial por la Memoria, tras dos años de monitoreo de protestas bajo el gobierno de Javier Milei en la ciudad de CABA, advierte un incremento de la violencia estatal, con 2.585 personas heridas y 258 detenciones arbitrarias.
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Vecinos de Córdoba y activistas de todo el país se alistan para marchar el 31 de enero contra el extractivismo, la privatización del agua y el RIGI, denunciando la contaminación de ríos y la persecución a defensores ambientales.
El dirigente social y diputado nacional llegó caminando a la ciudad junto a militantes de Patria Grande, Argentina Humana y Córdoba Humana, y encabezó un encuentro tipo plaza en el Teatrino del Subnivel ante unas 300 personas, donde cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei, reivindicó la justicia social, la agenda de derechos humanos y pidió organización solidaria frente a “un momento de suma gravedad” para la democracia argentina.
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