La Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba hizo público su repudio a la represión sufrida por el joven Mauricio Leonel Salas, de 14 años, integrante de la organización Jóvenes de Pie que se disponía a participar de la Marcha por un nuevo aniversario de la Noche de Los lápices.
Córdoba16 de septiembre de 2018
Sures Noticias
Rechazamos el accionar violento de la Policía de Córdoba, bajo la responsabilidad del Gobierno Provincial, exigimos al mismo que se castigue a los uniformados culpables, la inmediata liberación del pibe y las plena garantías para el joven y su salud señalaron desde la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba
Situación del joven
En tanto según las constancias fílmicas el niño no tenía lesiones al momento de su detención cuando fue trasladado a la Unidad Judicial N° 2, se sabe fue derivado esposado y con una consigna policial al Hospital de Niños. Allí fue internado por los profesionales de la salud.
El niño, aun hoy domingo, se encuentra mas tranquilo indicaron desde la organización Barrios de Pie luego de la situación represiva que vivió, esta internado en el Hospital de Niños a causa de las agresiones físicas recibidas. Mañana la tutora acompañada de integrantes de la organización Jóvenes de Pie se presentaran ante la justicia para solicitar que se les entregue al niño de 14 años. Evalúan desde APDH presentar denuncia penal por el accionar represivo policial hacia el menor indicaron fuentes ligadas a la organización.
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Fue un sector del establecimiento que aloja a mujeres detenidas en el complejo carcelario de Bouwer. En medio de una "supuesta" pelea entre dos internas del penal de mujeres de Bouwer, una presa murió en el lugar y otra falleció luego ser está internada. Organizaciones y referentes anticarcelarias contradicen la versión oficial y ubican el desenlace en el marco de reclamos.
La Justicia de Córdoba hizo lugar a una demanda colectiva por la violación del derecho a la libertad (no) reproductiva de mujeres de Córdoba. La resolución judicial que marca un antes y un después en la libertad (no) reproductiva en Córdoba
La identificación fue efectuada por el Equipo Argentino de Antropología Forense utilizando restos óseos hallados en una fosa de inhumación clandestina situada en las instalaciones del Arsenal Miguel de Azcuénaga. Argañaraz fue secuestrado en 1977 en la localidad de Monteros, en la provincia de Tucumán, junto a su hermano.
La Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, que encabeza el ministro Walter Correa, expresó su “más enérgico repudio” al gesto del presidente Javier Milei de regalar el libro “Defendiendo lo indefendible”, cuyo capítulo sobre “el que contrata niños” legitima la explotación laboral de niñas y niños y choca frontalmente con la normativa nacional e internacional vigente.
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.