"La causa por el intento de magnicidio sigue en trámite, hemos recusado en dos oportunidades a la jueza y estamos con una queja ante la Corte que no creo que tenga éxito, porque creo que hay una suerte de cultura de cancelación contra la Vicepresidenta", explicó el abogado de Fernández de Kirchner en declaraciones a AM750.

La querella pidió que la jueza Capuchetti se aparte de la causa por figurar como "investigadora" dentro del Ministerio de Justicia porteño, organismo en el cual habían pedido que se investigue el hecho.

"Son hechos por los cuales se habría apartado a cualquier juez", dijo el letrado que enseguida explicó que "la jueza cobra un estipendio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en una causa en la cual hay que investigar la actividad de la policía local".

El abogado se refería a que la jueza María Eugenia Capuchetti ejerce como investigadora senior en el Instituto de Seguridad Pública (ISPP), que no depende del Ministerio de Educación porteño, sino del Ministerio de Justicia y Seguridad.

"Esto marca una falta de imparcialidad, a lo que se le suma el dato de que en nueve años en el cargo, la jueza presentó un solo trabajo de investigación del que no hay registros de publicación", agregó.

"No somos patrulleros de los jueces. Si la jueza hubiera cobrado un estipendio del Rotary Club, sería un problema disciplinario de la jueza y no tendríamos nada que decir. Ahora, el problema es que lo cobra de un organismo que no es ni más ni menos que el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires", dijo el letrado.

Señaló también que "es el ministerio que prestó custodia en esa calle, con esas vallas y los Copitos dando vueltas, y donde hubo una serie de irregularidades que queremos que se investigue"

"Es una cuestión ética y de buen gusto que se aparte", completó el abogado.

"Hemos planteado de entrada que la causa es artificial, no tengo duda que Revolución Federal son la misma cosa con diferentes protagonistas", sostuvo.

Ubeira reiteró que fue "tardía" la decisión de la Justicia de ordenar analizar los mensajes de dos asesoras del diputado del PRO, Gerardo Milman, entre el 1 de julio al 1 de diciembre de 2022, en relación a la pista que investiga la presunta vinculación del legislador con el intento de magnicidio a la vicepresidenta.

"Cuando insistimos y se pidieron los teléfonos para peritar, las dos mujeres dijeron que cambiaron los teléfonos. Aún así se pudo determinar que el 28 de agosto, dos días antes del atentado, una de las mujeres pidió que 'borren todo' y luego de ocurrido el atentado se nota una enorme preocupación", informó el abogado.

Además, expresó que esto sucede también paralelamente en el teléfono del líder de Revolución Federal, Jonathan Morel.

"En el teléfono de Morel tenemos algo paralelo y los mensajes son de una brutalidad y salvajismo poco conocido, todo vinculado a que había que matarla", sostuvo.

Por otra parte, Ubeira consideró que es jurídicamente "imposible que llegue a sentencia" la causa vialidad contra la exmandataria este año.

"Según (el fiscal Diego) Luciani había toneladas de pruebas, esas toneladas de prueba hay que llevarlas a la sala de Casación para que intervenga. Esto en el curso del año es imposible que llegue a una sentencia", aseguró.