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La decisión fue de la Cámara Federal porteña que dispuso ampliar el lapso temporal del análisis de los teléfonos celulares de las asesoras de Milman, al hacer lugar a un planteo de la querella de la Vicepresidenta, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.
El Tribunal de Apelaciones revocó una decisión de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, en la cual se negó a ampliar el período de análisis pericial, limitado por ella a los días posteriores al 30 de agosto.
En esa fecha y dos días antes del intento de asesinato, un testigo declaró haber escuchado decir a Milman en el bar Casablanca, cercano al Congreso Nacional, "cuando la maten, yo estoy camino a la Costa".
Milman negó haber hecho ese comentario y dos asesoras que admitieron haber estado con él en ese momento en Casablanca, también rechazaron ante la Justicia haberlo escuchado pronunciar esos dichos.
El 1 de diciembre pasado, ambas se presentaron en los tribunales federales de Retiro para ampliar su declaración y entregaron sus teléfonos celulares pero una de ellas, Carolina Gómez Mónaco, dijo al fiscal Carlos Rivolo que cambió el aparato.
La otra, Ivana Bohdziewicz le adelantó que borró todos los mensajes, entre ellos sus conversaciones con Milman.
"Quiero aclarar que las borré. Tanto los mensajes como las fotos, porque sentí que se podía violar mi intimidad si me pedían mi teléfono. Yo borré todo porque no había posibilidad de seleccionar solo algunas cosas y tenía fotos intimas mías comprometedoras. Para eso me asesoré", dijo en esa declaración de diciembre.
Las declaraciones se dieron en el marco de la denominada "Pista Milman", en la que se investiga si efectivamente el diputado de JxC tenía conocimiento de que el 1 de septiembre se produciría un ataque a Fernández de Kirchner en inmediaciones de su departamento en el barrio porteño de Recoleta.
La querella recurrió a la Cámara Federal, que ahora dispuso la "ampliación del lapso temporal propuesto" para que la información extraída de ambos teléfonos sea analizada desde el 1 de julio al 1 de diciembre de 2022.
La decisión fue de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, con la disidencia del tercer integrante de la sala I del Tribunal, Mariano Llorens.
La pericia deberá ser realizada "tal como lo ha sugerido la propia querella, bajo preciso control jurisdiccional y del Ministerio Público Fiscal y con restricción de absoluta reserva de toda aquella información que no guarde estricta relación con el caso", advirtieron los jueces.
"Teniendo en cuenta los lineamientos trazados y la gravedad institucional del hecho aquí investigado, se torna necesaria la producción de las diligencias probatorias que puedan resultar pertinentes y útiles para la averiguación de la verdad, sin escatimar esfuerzos y con la premura del caso", destacaron Bruglia y Bertuzzi.
En base a ello, "luce razonable que se realice la búsqueda de la información contenida en los aparatos telefónicos secuestrados a Ivana Bohdziewicz y Carolina Elizabeth Gómez Mónaco, la cual habrá de circunscribirse a corroborar o descartar la existencia de cualquier mención a los dichos que, según el testigo" pronunció Milman.
La pericia deberá dirigirse también a "cualquier mención o texto que pueda vincularse al atentado", resolvieron.
De ambos aparatos se extrajo la totalidad de la información disponible pero se limitó el lapso de su análisis y eso fue lo que cuestionó la querella.
En desacuerdo, el juez Llorens votó en minoría por confirmar esa decisión de Capuchetti.
"La parte no logró fundar adecuadamente la extensión solicitada, máxime, cuando en la propia audiencia ambos letrados advirtieron la inutilidad de la prueba pedida debido a su sospecha de que el contenido de un aparato telefónico habría sido borrado mientras que el otro habría sido cambiado por su usuaria. En ese contexto, los argumentos de la Querella -de momento- parecen abstractos y carentes de sentido objetivo", argumentó en su voto.
Por el intento de asesinato de la expresidenta y actual Vicepresidenta están detenidos y procesados el autor material Fernando Sabag Montiel, su novia Brenda Uliarte y un tercer acusado, Gabriel Carrizo.
