El Comité de Solidaridad con la Lucha del Pueblo Peruano, integrado por organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, se movilizará hoy a Plaza de Mayo para denunciar la represión ejercida por el gobierno de Dina Boluarte, al que califican como "golpista".
Argentina 09 de febrero de 2023
Sures Noticias
La convocatoria se realizará a las 18 con una concentración en avenida de Mayo y 9 de Julio, para luego marchar a hacia Plaza de Mayo.
La protesta coincidirá con las movilizaciones y marchas como parte del paro general que se llevará a cabo hoy en varias ciudades del Perú, según indicaron los organizadores a través de un comunicado.
Además, el diputado nacional Alejandro Vilca y la legisladora porteña Alejandrina Barry, ambos del Frente de Izquierda Unidad (FITU) viajarán hoy a Lima para "llevar la solidaridad internacional, acompañar las movilizaciones contra el golpe y recabar denuncias sobre las graves violaciones a los derechos humanos que recrudecen".
"También reclamamos que el Gobierno argentino no reconozca al gobierno usurpador de Dina Boluarte. Vale recordar que hace pocos días, durante la cumbre de la Celac, el Gobierno no levantó la voz para denunciar las violaciones a los derechos humanos en Perú y permitió que una Ministra del gobierno golpista participara del evento", indicaron desde el Comité.
"La movilización levanta también las consignas de juicio y castigo a los responsables de la masacre, libertad a Pedro Castillo y asamblea constituyente libre y soberana y partirá a las 18 de Avenida de Mayo y 9 de Julio hacia Plaza de Mayo", consignaron.
El Astillero Río Santiago se encuentra trabajando junto a la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata en la construcción de un prototipo de impresora 3d para la fabricación de viviendas sociales.
A través de su cuenta en X HIJOS Informó que fue excarcelado Juan Carlos Rolón, genocida de la ESMA condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad La decisión fue tomada por la jueza Palliotti y el juez Castelli (Comodoro Py), en su breve comunicado la organización de DDHH afirmó: "El único lugar para un genocida es la cárcel común".
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de esa ciudad hizo públicos los elementos que llevaron a la condena a prisión perpetua dictada para el exministro de Gobierno bonaerense, Jaime Smart, y el expolicía de la Comisaría 1era de Berazategui, Juan Humberto Keller, por el homicidio de un hombre y los secuestros y torturas a los que fueron sometida su tía, sus primos menores de edad y su medio hermano. Impulsado por la fiscalía, analizó diferentes conceptos que influyen en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad.
El Cels presentó un amparo en el fuero contencioso administrativo federal para impedir la aplicación de esa normativa para fuerzas de seguridad federales y el servicio penitenciario federal, que se aparta de los principios que regulan el uso de la fuerza letal reconocidos universalmente.
El gobierno ya despidió a 231 trabajadores del Instituto del Cine. Más de 700 familias corren el riesgo de quedarse sin hogar. El gobierno de Javier Milei emitió una resolución para formalizar el cierre del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). De manera similar a lo sucedido con Télam, se definió su cierre virtual y se otorgó licencia a los empleados para su posterior reubicación y reasignación de tareas. Esta decisión se atribuye al "contexto de crisis económica general y al significativo déficit fiscal que el país ha enfrentado durante décadas".
El 2 de abril de 2024 se cumplen 3000 días de detención arbitraria de Milagro Sala, desde el 16 de enero de 2016; líder de la Tupac Amaru de la provincia de Jujuy. Desde el Foro por la Libertad, la Democracia y los DDHH de Córdoba expresaron que Milagro Sala, hoy 2 de abril 2024, cumple 3000 días como presa política de Macri, Morales, A. Fernández, Milei y aquellos que la invisibilizan, además, señalaron que, con presos políticos, no hay libertad ni democracia.
En el día de ayer en sede de Tribunales Provinciales II, se realizó una presentación de acción judicial de un Hábeas Corpus preventivo, llevada adelante por Eugenia Scarpinello, abogada y militante por los DDHH, quien fuera intimidada por fuerzas policiales provinciales en ocasión del ejercicio de su trabajo profesional.
La Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba expresó en un comunicado su profunda preocupación y rechazo al hostigamiento y persecución de las que fueron víctimas la Decana, Mariela Parisi y profesoras de la Cátedra de Producción Gráfica, cuando se publicó el Trabajo Práctico propuesto a estudiantes sobre la cobertura periodística de la próxima Marcha Federal Universitaria.
El evento se llevó a cabo en el museo de Antropología, de 15 hs a 20 hs, en Córdoba. El mismo estuvo organizado por la Red de DDHH en contexto de encierro Córdoba, red que se gestó en el año 2023, conformada por diversas organizaciones sociales, familiares de detenidos y espacios universitarios que trabajan con el tema pertenecientes a la universidad Nacional de Córdoba.
La comunidad educativa protagonizó una inédita jornada en rechazo al ajuste presupuestario dispuesto por el gobierno de Milei. Estiman que se movilizó un millón y medio de personas a lo largo y ancho de la Argentina.
En Córdoba se llevaron adelante manifestaciones en distintos lugares de la provincia: Córdoba Capital, Villa Maria, Río Cuarto, Alta Gracia, entre otras. En capital la multitud llego a Plaza Tosco y luego de la lectura del documento se extendió la jornada de lucha. Multitudes congregadas en las grandes y medianas ciudades del país, donde están afincadas la mayoría de las 57 universidades nacionales, salieron a las calles y a las plazas para aunar su voz en defensa de la educación y la ciencia públicas y en contra de la licuadora y la motosierra que la administración encabezada por Javier Milei aplica al sistema universitario argentina.
El fiscal Fabián Canda consideró que debía admitirse la acción de amparo interpuesta por Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) contra el Ministerio de Seguridad de la Nación, a fin de obtener datos sobre la normativa que regula las misiones, funciones, estructuras y actividades de inteligencia criminal de las cuatro fuerzas de Seguridad federales.