La Cámara Federal porteña rechazó hoy un nuevo planteo de la querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para apartar a la jueza federal María Eugenia Capuchetti de la investigación por el intento de asesinato en su contra, cometido el 1 de septiembre pasado.
Argentina 06 de febrero de 2023
Sures Noticias
La decisión fue del juez de ese Tribunal de Apelaciones, Leopoldo Bruglia, quien rechazó los planteos hechos por los apoderados de la Vicepresidenta en la causa, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.
Los letrados pidieron que se aparte a la magistrada de la causa que investiga el intento de magnicidio por supuestas "actividades incompatibles" con su función, vinculadas a una tarea rentada en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la ciudad de Buenos Aires desde 2014.
En una audiencia ante el juez realizada el jueves pasado de manera presencial, los abogados argumentaron que Capuchetti "estaría cobrando un sueldo por parte de un organismo que debería ser investigado en estas actuaciones, demostrando ello un interés en el proceso".
Además, la querella remarcó que además "no sólo se trata de tareas incompatibles con su función" sino que marcarían "un vínculo que solo se explica como una contraprestación para tener llegada al juzgado a su cargo” por parte de un área que debería ser investigada en la causa, vinculada a la policía de la Ciudad de Buenos Aires y al Ministerio de Seguridad porteño.
El camarista Bruglia rechazó los argumentos al sostener que son "ajenos" al proceso y responden a la " creación de hipotéticos escenarios alejados de cualquier circunstancia objetivamente comprobable que pueda revestir aptitud suficiente para justificar el apartamiento de un magistrado".
El juez evaluó que no se probó que "la actividad académica enunciada pueda determinar un interés en el resultado de este proceso por parte de la Dra. Capuchetti y/o provocar un temor de parcialidad que amerite su apartamiento".
"El ejercicio de la docencia o la participación en trabajos de investigación como los descriptos -en principio- no se encuentran vedados para los magistrados y, en caso de verificarse alguna falencia administrativa y/o irregularidades en el contexto de posibles incompatibilidades genéricas, su tratamiento resulta extraño al instituto invocado y debería ser canalizado por demás vías administrativas específicas", concluyó.
Bruglia sostuvo además que "resulta importante destacar que las particularidades (fines y objetivos) que le asigna la querella al instituto en el cual la magistrada desarrollaría las actividades académicas, como así también los actores que menciona en carácter de integrantes o referentes del mismo, no conforman parte de imputación alguna en estas actuaciones ni de las líneas investigativas
en trámite".
"Ello también torna manifiestamente improcedente la pretensión objeto de esta incidencia, en tanto no se comprende cómo puede existir algún interés en el resultado del proceso que involucre organismos o sujetos ajenos a este", concluyó.
En su resolución, Bruglia realizó "una nueva advertencia al letrado José Manuel Ubeira, abogado de la parte querellante, ésta vez por la abusiva utilización de términos objetivamente ofensivos y agraviantes hacia un magistrado".
El juez entendió que resultaron "opiniones carentes de efecto jurídico alguno, revelan un innecesario exceso en el rol de su ministerio".
"Corresponde, a todo evento, poner en conocimiento de los hechos al Colegio Público de Abogados, al igual que a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación. A tal fin ordenaré los oficios respectivos con copia de las piezas pertinentes", concluyó en la resolución.
El acto de descubrimiento de la señalización se realizó con la presencia del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y familiares y amigos del joven.
Se declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación al inmueble donde funcionó el boliche y en el que murieron 194 personas. Para los sobrevivientes es el cierre de “una etapa importantísima y necesaria".
En una nota enviada por FATPREN, FIP y FePALC el 7 de noviembre, que aún no tuvo respuestas, solicitaron a la plataforma saber qué acciones están tomando “para limitar, desalentar o prohibir la difusión de contenidos basados en discursos de odio o que niegan o relativizan la ocurrencia de eventos violentos”.
La Secretaría de Derechos Humanos presentó un mapa interactivo con información sobre 276 sitios y espacios de memoria relacionados con el terrorismo de Estado. El mapa ofrece detalles como ubicación, descripción, funcionamiento histórico y fotografías de cada lugar. Se prevé actualizaciones periódicas.
El 4 de diciembre asambleas territoriales, organizaciones, comunidades originarias y autoconvocades de todo el país se organizaron en forma conjunta en lo que será la primera Campaña Plurinacional Anti-extractivista, con el objetivo de instalar en la sociedad el concepto de extractivismo, vinculándolo con cada uno de las problematicas locales.
Los primeros critican esa posibilidad impulsada por Javier Milei en estos días, y las segundas la apoyan. “Lo único que ha hecho la ley de Alquileres es generar daño y terminó perjudicando a aquellos que quería proteger”, dijo el presidente electo.
La Marcha de la Gorra convocada para el 7 diciembre partirá desde las 18 hs. desde Colón y General Paz con la consigna "Presentes en las calles, ahora y siempre". En tanto organismos de DDHH convocan para el mismo jueves 7 de diciembre a las 17.30 hs, en Plaza San Martín a una ronda en el marco de los 40 años de la democracia.
Juan Grabois, ex candidato a presidente de la Nación, presentó un dispositivo jurídico para proteger a la militancia contra intentos de disciplinamiento político violento. Además, presentó una denuncia penal y civil contra Marcos Chediek, militante fascista de LLA que lo amenazó de muerte. Los detalles los expuso en una nota extensa en la red social X.
A 40 años de la recuperación de la democracia, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, tal como lo viene realizando ante cada cambio de gobierno, expresó la importancia de avanzar en una de las grandes cuentas pendientes de estás décadas: adecuar el funcionamiento del sistema de justicia federal a los mandatos constitucionales.
Llaryora llamó a la “austeridad” en la política y anunció la reducción de salarios entre los funcionarios. Vamos a crear definitivamente las guardias locales de prevención y convivencia, conocidas como las policías municipales, señalo.
"Habrá estanflación, pero no es algo muy distinto a lo que pasó en los últimos 12 años, cuando el PBI per cápita cayó 15% en un contexto donde acumulamos 5 mil por ciento de inflación", pero aclaró que se tratará del "último mal trago para comenzar la reconstrucción de Argentina". Y a modo de amenaza advirtió que, "quien corta las calles, no recibirá asistencia de la sociedad: el que corta no cobra". En su discurso no reivindico en ningún momento la democracia ni la vigencia de las políticas de estado en materia de DDHH. No critico a la casta, su muletilla de campaña.
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Tanto Ana Clara Pérez Ballester como Elisa Catán, quien también intervino en el expediente, deben ser removidas de sus funciones debido a que "omitieron obligaciones esenciales en todo procedimiento en el que esté en juego el interés superior del niño".
Varios altos representantes de diversos Estados expresaron su decepción con el veto impuesto por EEUU en el Consejo de Seguridad al proyecto de resolución que exigía un cese al fuego en la Franja de Gaza. El 8 de diciembre, EEUU utilizó su poder de veto para impedir la adopción de la resolución correspondiente.
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