El Gobierno nacional convocará a sesiones extraordinarias para la "segunda quincena de enero", para debatir el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia, impulsado por el presidente Alberto Fernández y varios gobernadores, y también para que se traten proyectos relacionados con la economía.
Argentina05 de enero de 2023
Sures Noticias
Así lo anticipó esta mañana la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, quien en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno precisó que la "semana que viene saldrá la convocatoria" para sesiones extraordinarias para la "segunda quincena de enero".
"Los temas son obviamente el juicio político y otros temas son económicos y se están terminando de definir", completó Cerruti.
Por otra parte, sostuvo que Fernández, quien ayer impulsó el juicio político contra la Corte Suprema de Justicia, tiene el propósito de que "los tiempos sean lo más breve posibles" en la tramitación del pedido elevado al Congreso, al tiempo que subrayó que "la mayoría de los mandatarios" provinciales acompañan el reclamo.
"El Presidente y los gobernadores tomaron una decisión histórica que es pedir el juicio político a la Corte Suprema de Justicia y tiene que ver con la gravedad de la situación que estamos atravesando donde la Corte interviene sobre el accionar de los otros poderes violando claramente la Constitución", indicó la portavoz.
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El PJ presentará un pedido de juicio político contra la jueza Sandra Arroyo Salgado, a raíz de la detención de militantes, funcionarios y concejala opositores implicados en la protesta en la vereda del hogar del legislador odiante José Luis Espert. La denuncia será impulsada por los legisladores Mariano Recalde y Vanesa Siley ante el Consejo de la Magistratura.
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Los abogados de los seis detenidxs por el escrache al diputado libertario José Luis Espert, junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y diversas agrupaciones políticas, exigieron su liberación, calificando la situación como una "persecución política, judicial y mediática".
El arresto de un jubilado chaqueño por publicaciones en redes sociales abre un nuevo capítulo en la escalada autoritaria del oficialismo. Bajo el pretexto de recibir amenazas, se refuerza un patrón preocupante: el uso del aparato judicial y policial para silenciar voces críticas y consolidar un clima de miedo y autocensura. No se trata de defender mensajes que promuevan la violencia —toda amenaza real debe investigarse con responsabilidad y no como método persecutorio—
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En un hecho sin precedentes, empresas de izaje y organizaciones ambientales de Córdoba se movilizan para impedir la extracción de un quebracho blanco de 284 años, símbolo de la biodiversidad y la memoria ambiental de Villa Allende. La Municipalidad confirmó la remoción, pero la resistencia ciudadana y empresarial gana fuerza.
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El exjefe comunal “Minino” Negro, quien ejerció mandato durante 40 años, y su candidato a sucederlo políticamente en las elecciones de 2023 están acusados como instigadores de la usurpación y posterior loteo de terrenos pertenecientes al ferrocarril, donde distintas familias procedentes de Río Cuarto se asentaron y construyeron viviendas en enero de 2023. Otras tres personas irán a juicio como coautoras.
El gobierno prometía que las desregulaciones iban a facilitar la creación de trabajo y el crecimiento de la economía. Sin embargo, ya se perdieron más de 400 mil puestos.
La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y las Vecinas Unidas en Defensa de un Ambiente Sano (VUDAS) habia presentado una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que evalúe la responsabilidad del Estado argentino respecto al funcionamiento ilegal de la empresa Porta Hnos. S.A. en el barrio San Antonio, Córdoba.