El Juzgado de Control de Villa María liberó a cuatro mujeres que habían sido detenidas luego de ser acusadas de practicar un "aborto clandestino" en esa ciudad cordobesa, aunque advirtieron que seguirán vinculadas a la causa, se informó hoy.
Córdoba26 de diciembre de 2022
Sures Noticias
"Las detenciones son violatorias de los derechos establecidos en la ley 27610 que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto", sostuvo ante medios locales la abogada Mayca Balaguer, de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Córdoba.
De acuerdo a la información suministrada por fuentes de la Red de Socorristas, cuatro mujeres fueron detenidas el miércoles pasado, dos de ellas integrantes de esa organización, cuando "acompañaban" un "aborto voluntario" domiciliario en la ciudad cordobesa de Villa María.
Dos de las "socorristas" fueron imputadas por el delito de "ejercicio ilegal de la medicina" y otras dos por "encubrimiento", informó una fuente judicial.
Desde la Red de Socorristas también afirmaron que "no son abortos clandestinos. Son abortos autogestionados", y lo que hacen los integrantes de esa organización es brindar "información, acompañamiento y contención" en ese proceso de "aborto voluntario".
La policía provincial, por directivas del Ministerio Público Fiscal (MPF), realizó varios allanamientos domiciliarios, secuestraron documentación y otros elementos que fueron puestos a disposición de la investigación de la Justicia.
Desde la Red de Socorristas también destacaron que a nivel internacional las recomendaciones y directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) "reconocen el papel fundamental que cumplen las redes de acompañantes en todo el mundo, y la importancia de la comunidad para la protección de la salud, tanto para la disminución de riesgos como para el alivio de la culpabilización que rodea la decisión de abortar".
La Arquidiócesis de Córdoba cuestiona el apuro en las modificaciones al Código de Convivencia provincial, impulsadas en fin de año, y pide diálogo inclusivo para abordar realidades como cuidacoches, limpiavidrios y merodeo sin criminalizar la subsistencia callejera.
La organización de DDHH exige la revisión inmediata de la medida y el traslado del genocida a una cárcel común, en defensa de los principios de memoria, verdad y justicia.
La joven de 26 años fue vista por última vez el 21 de noviembre en Malagueño, Córdoba, y desde entonces su madre, docentes, compañeras y organizaciones feministas marchan para exigir una búsqueda real y la aparición con vida. Denuncian demoras en la toma de la denuncia, falta de avances en la investigación y reclaman que la causa deje de estar caratulada como “búsqueda de paradero” para pasar a investigarse como trata de personas, mientras la querella apunta también a responsabilidades de las justicias de Córdoba y Jujuy y pide la intervención de la Justicia Federal y organismos especializados.
Fue un sector del establecimiento que aloja a mujeres detenidas en el complejo carcelario de Bouwer. En medio de una "supuesta" pelea entre dos internas del penal de mujeres de Bouwer, una presa murió en el lugar y otra falleció luego ser está internada. Organizaciones y referentes anticarcelarias contradicen la versión oficial y ubican el desenlace en el marco de reclamos.
La Justicia de Córdoba hizo lugar a una demanda colectiva por la violación del derecho a la libertad (no) reproductiva de mujeres de Córdoba. La resolución judicial que marca un antes y un después en la libertad (no) reproductiva en Córdoba
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Organizaciones, referentes y personas invitadas a firman un pronunciamiento en defensa de la diputada nacional, denunciando el uso del derecho penal para censurar el discurso político y señalando una violencia de género institucional.
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Exigen su expulsión de la Cámara de Diputados y el juicio del juez Ariel Lijo ante declaraciones que reivindican el terrorismo de Estado en un programa de streaming.