El Juzgado de Control de Villa María liberó a cuatro mujeres que habían sido detenidas luego de ser acusadas de practicar un "aborto clandestino" en esa ciudad cordobesa, aunque advirtieron que seguirán vinculadas a la causa, se informó hoy.
Córdoba26 de diciembre de 2022
Sures Noticias
"Las detenciones son violatorias de los derechos establecidos en la ley 27610 que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto", sostuvo ante medios locales la abogada Mayca Balaguer, de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Córdoba.
De acuerdo a la información suministrada por fuentes de la Red de Socorristas, cuatro mujeres fueron detenidas el miércoles pasado, dos de ellas integrantes de esa organización, cuando "acompañaban" un "aborto voluntario" domiciliario en la ciudad cordobesa de Villa María.
Dos de las "socorristas" fueron imputadas por el delito de "ejercicio ilegal de la medicina" y otras dos por "encubrimiento", informó una fuente judicial.
Desde la Red de Socorristas también afirmaron que "no son abortos clandestinos. Son abortos autogestionados", y lo que hacen los integrantes de esa organización es brindar "información, acompañamiento y contención" en ese proceso de "aborto voluntario".
La policía provincial, por directivas del Ministerio Público Fiscal (MPF), realizó varios allanamientos domiciliarios, secuestraron documentación y otros elementos que fueron puestos a disposición de la investigación de la Justicia.
Desde la Red de Socorristas también destacaron que a nivel internacional las recomendaciones y directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) "reconocen el papel fundamental que cumplen las redes de acompañantes en todo el mundo, y la importancia de la comunidad para la protección de la salud, tanto para la disminución de riesgos como para el alivio de la culpabilización que rodea la decisión de abortar".
El colectivo político-cultural recordó ayer con emoción a su compañero fallecido y agradeció la solidaridad de organizaciones sociales, políticas y gremiales que acompañaron a la comunidad Tinku.
El dirigente social y diputado nacional llegó caminando a la ciudad junto a militantes de Patria Grande, Argentina Humana y Córdoba Humana, y encabezó un encuentro tipo plaza en el Teatrino del Subnivel ante unas 300 personas, donde cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei, reivindicó la justicia social, la agenda de derechos humanos y pidió organización solidaria frente a “un momento de suma gravedad” para la democracia argentina.
Vecinos de Córdoba y activistas de todo el país se alistan para marchar el 31 de enero contra el extractivismo, la privatización del agua y el RIGI, denunciando la contaminación de ríos y la persecución a defensores ambientales.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocaría a realizar un paro nacional con movilización el 10 de febrero, en coincidencia con el debate en el Senado del proyecto de reforma laboral promovido por el oficialismo. La decisión se habría tomado luego de la masiva marcha del 18 de diciembre en Plaza de Mayo, donde sindicatos y organizaciones sociales reclamaron frenar la iniciativa del Ejecutivo y exigieron una medida de fuerza a nivel nacional.
Un informe especial de la Comisión Provincial por la Memoria, tras dos años de monitoreo de protestas bajo el gobierno de Javier Milei en la ciudad de CABA, advierte un incremento de la violencia estatal, con 2.585 personas heridas y 258 detenciones arbitrarias.
Ante el incumplimiento de cuotas alimentarias, el gobernador Axel Kicillof oficializó la ley 15.589 que veta el ingreso a casinos, salas de juegos de azar y bingos a personas morosas registradas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM). La medida, aprobada por la Legislatura bonaerense y vigente desde fines de 2025, obliga a los operadores a verificar identidades y refuerza la responsabilidad estatal en la protección de derechos infantiles y adolescentes, sumando sanciones económicas y clausuras por incumplimiento.
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Diciembre registró una suba de precios del 2,8% y completó el séptimo mes consecutivo de aceleración. Mientras la inflación anual fue de 31,5%, una familia tipo necesita más de 1,3 millones de pesos para no ser pobre y los principales cortes de carne aumentaron más de 70% en un año.
La Asociación Trabajadores del Estado acusó a las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica de desviar una partida de más de $3.863 millones que debían destinarse al pago de salarios y al mantenimiento de la Planta Industrial de Agua Pesada de Neuquén. El gremio exige explicaciones al nuevo presidente del organismo, Martín Porro, y anunció cortes sobre la Ruta Nacional 22 hasta que se garantiza el cobro íntegro de los haberes.